Desde Córdoba

Luciano Benjamín Menéndez durmió anoche como un preso más en la cárcel de Bower, en las afueras de su querida Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 condenó a uno de los dos mayores genocidas de la historia del norte argentino, junto con el tucumano Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. Siete de sus subordinados en el Cuerpo III de Ejército que, como miembros del Destacamento de Inteligencia 141 operaron en el centro clandestino La Perla, también fueron condenados a pasar el resto de sus días en una prisión común y corriente, como cualquier hijo de vecino.

Cuando el juez Jaime Díaz Gavier terminó de leer la sentencia, alguien gritó “¡Por fin justicia!”. Hubo un aplauso cerrado y luego silencio. En la calle la emoción se transformó en llantos, gritos, cantos y abrazos.

El clima que se vivió ayer en los tribunales cordobeses es difícil de sobredimensionar. En la calle, pleno parque Sarmiento, miles de personas, amplia mayoría sub-25, hicieron el aguante desde la mañana, cuando los jueces citaron a los imputados para escuchar sus últimas palabras (ver aparte). En el salón de usos múltiples, que tiene 160 butacas, ingresaron no menos de trescientas personas. Sin embargo, la organización nunca se vio desbordada. Los imputados ingresaron a paso lento y no recibieron un solo insulto. Nadie molestó a sus familiares que presenciaron la audiencia. Los reporteros gráficos pudieron cumplir con su trabajo. Los represores agradecieron por el esfuerzo a sus defensores oficiales y al tribunal por haber conservado el orden durante los dos meses de audiencias. El sargento primero retirado Carlos Alberto Díaz, incluso, se dio el lujo de levantar los brazos con sus dedos en V frente a la multitud que celebraba el fallo.

Menéndez & Cía. fueron condenados por secuestrar, torturar y asesinar, a fines de 1977, a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Laja y Raúl Cardozo, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Según declararon los sobrevivientes de La Perla, los miembros del grupo de “operativos especiales” (OP3) del Destacamento los torturaron sin piedad durante un mes. En la madrugada del 15 de diciembre los sacaron para matarlos en un “operativo ventilador”, como llamaban a las ejecuciones en la vía pública en las que simulaban enfrentamientos. No dejaron detalles librado al azar: eligieron la esquina que mejor los representaba: Sagrada Familia y Ejército Argentino. Los militantes del PRT fueron enterrados como NN en el cementerio de San Vicente. Hasta el momento sólo Hilda Palacios fue identificada por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para que nadie quedara fuera de la sala, la lectura de la sentencia comenzó media hora después de lo previsto. En las primeras filas se ubicaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos. En las últimas, los H.I.J.O.S. con los suyos. Luego llegaron el gobernador Juan Schiaretti, la diputada y nieta recuperada Victoria Donda y funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezados por su titular Luis Duhalde. Los representantes de organismos que debieron elegir sólo una cara visible para ingresar a la sala (Estela Carlotto, por Abuelas; Marta Vázquez, por Madres Línea Fundadora; Laura Conte, por el Centro de Estudios Legales y Sociales).

La mayor fiesta se vivió en la calle. Con sol radiante y abundantes choripanes, hasta los perros bailaban al ritmo que imponía el Movimiento Nacional de Murgas. “Olé olé/olé olá/ los subversivos cada día somos más”, celebraban. Detrás de decenas de banderas de organizaciones sociales, gremios y partidos sobresalían cientos de fotos con rostros de víctimas del terrorismo de Estado. Por los altoparlantes la voz de María Angélica Olcese de Moller, Queca para la historia, que murió la noche previa a la sentencia, recordaba el pánico de las primeras vueltas a la Plaza de Mayo y la fundación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, que la tuvo en primera fila.

A las cinco en punto ingresaron los imputados. No volaba una mosca. Igual que el primer día, una cinta negra cubría la escarapela de la solapa del saco de Menéndez, de luto por el fin de su impunidad. Los abogados de H.I.J.O.S. adornaron sus pupitres con las fotos de sus seres queridos. Martín Fresneda con la de sus padres caídos, Tomás y Mercedes Argañaraz, con la abuela Otilia, que los crió con infinito amor. Claudio Orosz con la de sus ex compañeros del colegio Manuel Belgrano: Pablo Schmucler, Claudio Román y Gustavo Torres, todos desaparecidos.

Fotógrafos y camarógrafos inmortalizaron a los militares y se fueron. Jaime Díaz Gavier, presidente del tribunal que también integran José Vicente Muscará y Carlos Otero Alvarez, anunció que los fundamentos se conocerán el 31 de julio y comenzó a leer. En los ocho primeros puntos de la resolución, que fue unánime, rechazó planteos de los defensores. Cuando llegó el noveno, consciente de que iba a leer la sentencia más importante de su vida, hizo una pausa y respiró hondo. Una mano sabia apagó el aire acondicionado para que todos escucharan. “Noveno. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez coautor mediato penalmente responsable (ayastrando la eye cordobesa) de los delitos”, y enumeró: “privación ilegítima de la libertad agravada por ser funcionario público, por uso de violencia, por la duración (más de un mes) y por compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio doblemente calificado, por alevosía y por pluralidad de partícipes”.

Y siguió: “imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua”. Y la sala explotó en un aplauso que se mezcló con abrazos y llantos. Pero faltaba la frutilla: “En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”.

El tribunal leyó por orden de jerarquías. Dictó cinco prisiones perpetuas, por los mismos delitos que a Menéndez, para los suboficiales retirados Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y para el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, todos ex miembros del OP3. Al coronel Hermes Oscar Rodríguez y al capitán Jorge Ezequiel Acosta los condenó a 22 años de prisión y al suboficial Carlos Alberto Vega a 18 años, porque para las fechas de los homicidios habían cambiado de destino. Los cuatro años a favor de Vega son por su jerarquía, menor a la de los oficiales. El tribunal resolvió que todos cumplan su condena en la cárcel de Bower, la más moderna de la provincia. Hasta el comienzo del juicio, cuando por seguridad el tribunal concentró a los imputados en el Cuerpo III, Menéndez, Rodríguez y Vega gozaban de arresto domiciliario, en tanto Padován y Lardone habían sido excarcelados por la Cámara de Casación. “Señores, el juicio ha terminado”, cerró Díaz Gavier, quien miró a los ojos a cada imputado mientras leía las condenas. La sala se puso de pie, los H.I.J.O.S. levantaron sus pañuelos, los familiares las fotos de sus víctimas, y a coro entonaron “como a los nazis/ les va a pasar/ a donde vayan los iremos a buscar”. Fue entonces cuando Díaz, el torturador de cogote macizo, se dio vuelta, sonrió y levantó los brazos con los dedos en V. Nadie le respondió. La música siguió con “Siga el baile siga el baile, al compás del tamborín, que tenemos la cabeza, de Luciano Benjamín”. Mientras las cámaras de concentraban en el gobernador Schiaretti, con lágrimas en los ojos, Orosz arengó para salir a la calle “donde está la gente que hizo posible este juicio”. Toda Córdoba lo siguió.