A pesar de la reciente derrota en el Congreso del proyecto de retenciones móviles impulsado por el oficialismo, el gobierno nacional ratificó que enviará otra iniciativa que pondrá en discusión los intereses de importantes grupos económicos. El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, confirmó que se enviará al Parlamento, en agosto, un proyecto de ley de comunicación audiovisual, en reemplazo de la Ley de Radiodifusión, sancionada por la última dictadura militar. Mariotto destacó la “racionalidad” de la iniciativa y aseguró que “no está hecha en contra de nadie y ninguna coyuntura la ha alterado”.

Ayer se llevó a cabo un seminario organizado por la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), en el marco de distintas actividades realizadas para debatir la nueva ley. Allí, el titular del Comfer adelantó que la iniciativa prevé dividir el espectro radioeléctrico en tres partes: “33 por ciento para el sector público, 33 por ciento para el privado sin fines de lucro y 33 por ciento para el sector privado”. El funcionario aclaró que en el proyecto “nunca estuvo en consideración” que las empresas de telefonía –Telecom y Telefónica– sean habilitadas para dar servicios de radiodifusión, como tampoco las demás prestadoras de servicios públicos (gas, agua, energía y telefonía). “Las cooperativas sí, las empresas que dan servicio público no”, señaló.

Respecto de la situación de las cooperativas, el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos, Gustavo López, otro de los participantes del seminario señaló que la intención de la norma “siempre fue que las cooperativas puedan dar todos los servicios”. “Será el Congreso el que buscará los mecanismos necesarios para evitar la competencia desleal que pudiera haber entre las cooperativas que dan servicios públicos y las cableras chicas o para diferenciar entre grandes y chicos”, agregó López. Pedro Korolkov, vicepresidente de Fecotel, fue moderador de una mesa de la que tomaron parte, el coordinador del Comfer, Luis Lazaro; el titular de la agencia nacional de noticias, Télam, Martín Granovsky; los periodistas Eduardo Anguita y Orlando Barone, y el ex diputado Osvaldo Nemirovsci. Granovsky precisó que “la ley regulará los servicios, pero no tocará las opiniones ni los contenidos”, aunque advirtió que según como sea tratada en el Congreso la ley “puede ir a una modernización con mayor concentración o ir a una ley con un fuerte sesgo antimonopólico, que tendrá que ver con lo que existe y con el futuro”.