El Gobierno decidió interponer ante la Corte Suprema de la Nación un recurso de amparo para que se dicte “una medida cautelar de no innovar” con respecto al proyecto de represa de Ayuí Grande, que pretende inundar unas ocho mil hectáreas en Corrientes para un emprendimiento arrocero. La presentación apunta a detener las obras hasta tanto no se hayan llevado a cabo los estudios de impacto ambiental del proyecto que afectará una superficie equivalente a la mitad de la ciudad de Buenos Aires. “Hemos tomado esta decisión para paralizar cualquier obra que se haya comenzado, hasta poder contar con la información que nos permita evaluar los alcances del emprendimiento”, explicó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, al anunciar la decisión. Consultado por la relación de uno de los directivos del Grupo Clarín con este emprendimiento, el funcionario negó tener esa información. “Aunque algunos lo afirman, no me guío por chusmeríos”, respondió.

“La decisión se fundamentó en dos puntos: el daño ambiental irreversible y el daño ecológico y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los deberes autoimpuestos por la Argentina al firmar el acuerdo del Río Uruguay”, explicó Fernández, que también destacó que “Corrientes nunca ha presentado los estudios respectivos”, a pesar de que el gobierno nacional lo solicitó en tres ocasiones. “Esa omisión por parte de la provincia debe cesar. Así lo impone la Constitución. Debemos hacer las evaluaciones del caso. Debemos tener las garantías de que no habrá complicaciones”, insistió, ya que “el impacto ambiental de la obra puede ser muy negativo para Corrientes”.

Ayuí Grande es el nombre que lleva el proyecto de construir una represa sobre el caudaloso arroyo homónimo (los locales lo llaman río), que nace en las faldas de las sierras Cuchilla Grande, en la provincia de Entre Ríos, y desemboca en el río Uruguay, tras recorrer los departamentos correntinos de Mercedes, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá y Monte Caseros, siempre cercano a los Esteros del Iberá. La iniciativa inundará unas ocho mil hectáreas de la provincia de Corrientes, equivalentes a la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de establecer un gigantesco campo de cultivo de arroz. La inversión correría por cuenta de, entre otras, las empresas Copra SA (vinculada con el directivo del Grupo Clarín José Aranda y dueña de uno de los arrozales más grandes del país, en el departamento de Mercedes) y Adeco Agro (propiedad del magnate húngaro George Soros).

“Pretendemos una medida de no innovar hasta que terminen todos los estudios. El Gobierno procura que se haga entrega de todos los antecedentes, que deben ser analizados por los técnicos gubernamentales en medio ambiente”, expuso Fernández. “Se procura inundar miles de hectáreas, lo que afectaría el medio ambiente, y correríamos riesgos internacionales –agregó el jefe de Gabinete, en referencia al Estatuto Bilateral del Río Uruguay–. No se trata de ningún problema interno. La obra, de 77 mil hectáreas y ocho mil inundadas, provocará un grave impacto ambiental. No tenemos información adecuada y es lo que requerimos para realizar el respectivo estudio”, justificó la decisión.

El funcionario recordó que a pesar de que “el gobierno correntino permitió el inicio de las obras de Ayuí Grande en ambas márgenes del arroyo”, las autoridades locales “nunca han aportado la información adecuada de la obra” para que sea sometida al escrutinio que establecen las leyes federales en la materia. “Nuestra responsabilidad es velar por los presupuestos mínimos de protección ambiental pero, al mismo tiempo, debemos cumplimentar la ley de conservación y aprovechamiento de los bosques nativos”, completó.

“De ser como creemos, porque carecemos de los datos mínimos, el impacto que va a producir es muy grande, lo que estamos pretendiendo es conocer toda la información de lo que pretenden hacer, lo pedimos por todos los medios y hasta ahora no lo obtuvimos”, precisó, antes de recordar que “la información fue solicitada tres veces”, sin una respuesta satisfactoria. Aunque no es la primera represa de la zona, sí sería la primera de esta magnitud que se realizaría para beneficio de un emprendimiento privado y no por iniciativa y para provecho estatal.

El proyecto fue aprobado por el ex gobernador Arturo Colombi mediante un decreto que firmó poco antes de dejar su cargo y refrendado por su primo y sucesor, Ricardo Colombi, a través de una ley aprobada por el Parlamento correntino aunque denunciada por inconstitucional por organizaciones ecologistas y vecinos.