Después de la convocatoria de urgencia para elaborar un proyecto de ley que impugne el decreto presidencial que reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el núcleo duro opositor desaceleró su impulso inicial. Las diferentes interpretaciones jurídicas de diputados y asesores parlamentarios del Grupo A (UCR, PJ disidente, CC, PRO y GEN) le pusieron freno a la iniciativa que ahora “está en estudio”. “La ley igual está suspendida hasta que la Corte Suprema no se pronuncie sobre los distintos recursos presentados”, argumentaron varios legisladores de la oposición. Pero la evaluación también fue política: si no logran sumar los votos de las bancadas de centroizquierda (socialistas y Proyecto Sur), tampoco alcanzarán el número necesario para imponer su proyecto en la Cámara baja.

“Estamos trabajando sin prisa pero sin pausa. Igual, la ley está suspendida hasta que la Corte se pronuncie sobre los recursos judiciales en trámite.” Con esa interpretación, algunos diputados intentaron restarle importancia a las diferencias que no les permitieron a los bloques de la oposición elaborar un proyecto de ley para “impugnar” la reglamentación de la ley de medios, publicada anteayer en el Boletín Oficial.

Las diferencias que atravesaron a legisladores y asesores postergaron la iniciativa. Ayer se barajaban diferentes variantes que iban desde la “invalidez” a la “suspensión” del decreto presidencial que reglamentó la norma. Una tarea que pasó a coordinar la peronista disidente Zulema Daher, que se contactó con asesores y juristas en busca del camino jurídico a seguir. La legisladora salteña es una de las denunciantes ante la Justicia contra la implementación de la ley que ahora analiza la Corte.

Ayer, el jefe del bloque macrista de Diputados, Federico Pinedo, se diferenció del apuro que muchos de sus colegas le quisieron imprimir a la impugnación del decreto. “Lo único que se puede dejar sin efecto de un decreto es algo que está en contra de la ley o en contra de la Constitución. Cuando estudiemos el decreto en detalle, vamos a opinar”, sostuvo Pinedo.

“El decreto reglamentario 1225/

2010 avanza en temas que la ley de medios ni siquiera se atrevía a plantear. A través de la regulación se podría disponer de equipos, bienes y marcas de radios o señales televisivas cuyas licencias el Gobierno disponga caducar”, planteó la radical Silvana Giúdici. La diputada también abonó la postura de que la ley no está en vigencia y repasó los cuestionamientos legales sobre los que aún debe pronunciarse la Corte: “Algunos artículos de la reglamentación son confiscatorios y otros restringen la libertad de programación y la libertad de expresión mucho más que la 26.522. Está claro que el decreto reglamentario no tiene validez hasta que se resuelva jurídicamente la vigencia de los artículos suspendidos. Por lo tanto, el decreto de Cristina (Kirchner) no entrará en vigencia hasta que la Corte se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley”.

El principal cuestionamiento a la norma es el que presentó el Grupo Clarín contra el artículo 161, que establece el plazo de un año para que las compañías de medios se desprendan de las licencias que superan el tope permitido por la ley. También hay un recurso interpuesto por el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco) ante un juez federal de Salta, que cuestiona media docena de artículos de la ley, como los que establecen la obligación de porcentajes de información local para aquellas transmisiones en red –originadas desde la Capital Federal– que abarcan varias provincias.

El núcleo de la oposición había decidido salirle rápidamente al cruce a la resistida reglamentación de la ley de medios y convocó a varios de sus referentes para elaborar un proyecto para “impugnar” el decreto presidencial. Pero en la reunión que se realizó durante la tarde-noche del mismo miércoles, y de la que participaron la lilita Patricia Bullrich, la líder del GEN Margarita Stolbizer, Daher y Giúdici, no hubo coincidencias en cómo avanzar con el proyecto.

Claro que no sólo estuvieron en discusión las diferentes interpretaciones legales. En el análisis de la estrategia parlamentaria, el Grupo A se topó con un escollo importante: la necesidad de sumar a los bloques de centroizquierda para no poner en riesgo la aprobación del proyecto que surja del Grupo A. Sin el respaldo de esas bancadas no tienen garantizado el número para avanzar en la Cámara baja. Por eso, comenzarán un operativo de seducción hacia los diputados del socialismo y de Proyecto Sur que, con algunas disidencias puntuales, igual votaron a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre del año pasado.