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Los macristas fijaron una sesión especial para discutir el informe final de la comisión investigadora de las escuchas ilegales (CIE) antes de que termine el año. El documento, que debe incluir la posición de sus 17 miembros, se presentará el miércoles 15 y lo llevarán al recinto al día siguiente. Ese será el campo de batalla para –al menos– dos posiciones antagónicas: el núcleo duro de la oposición busca plantear la responsabilidad política de Mauricio Macri por el caso, mientras que el PRO y otro sector de los opositores intentarán exculpar al procesado jefe de Gobierno porque “no hay evidencias”. También se discute si pedir o no el juicio político al ministro de Justicia, Guillermo Montenegro.

En la sesión del 16 –sobre la que todavía se discute la forma en la que tendrá lugar– el cuerpo de legisladores deberá tratar las recomendaciones que emita la CIE. Si hay algún pedido de juicio político, los macristas son partidarios de remitirlo “de inmediato” a la Sala Acusadora.

Si bien la mayoría de los opositores plantean que existen evidencias suficientes para pedir el juicio político de Macri, la situación no es distinta a la del momento en que el jefe de Gobierno impulsó su propio juicio: el bloque PRO cuenta con cuatro legisladores de más para bloquear cualquier acusación. Así las cosas, los adversarios de Macri analizan que pedir el juicio político sería regalarle la posibilidad de victimizarse y de resultar “absuelto” por la Legislatura (el PRO hizo un arte de confundir la investigación judicial con la de los diputados).

“La responsabilidad política es de Macri”, destacan en la oposición. “Prometió que iba a haber sumarios por Ciro James y, sacando el que inició Esteban Bullrich, no hubo ninguno. ¿De quién es la responsabilidad?”, ejemplificaban con una de las cuestiones que se dilucidó en la investigación. La estrategia que propone un núcleo duro de opositores –que incluye al presidente de la CIE, Martín Hourest– es plantear que existen pruebas para que Macri esté incluido en la causal de “mal desempeño” que establece la Constitución porteña para iniciar un juicio político. Pero que, estando a ocho meses de que concluya su mandato, la iniciativa de abrir un enjuiciamiento deviene abstracta.

De esta forma, también esquivarían el discurso actual de la gestión PRO que los acusa de ir por la cabeza de Macri, al tiempo que no le aprueban el Presupuesto. “La oposición no pudo con Macri en las urnas. Lo intentó con la Justicia adicta. Ahora vinieron por el Presupuesto”, lo resumió en un tweet el titular de la bancada macrista, Cristian Ritondo.

De los 17 integrantes, el único que seguiría pensando en exigir el juicio político a Macri es el legislador del MST Marcelo Parrilli, quien fue el primero en proponerlo en el recinto, aun antes del autojuicio que impulsó el líder de PRO. Otro que podría considerar esa opción, aunque estaba más en duda, es el jefe del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro. En su bancada seguían debatiendo cómo posicionarse.

El PRO repetirá todos sus argumentos: que la causa fue armada, que la comisión “lijadora” no tuvo ninguna garantía procesal, que no fueron los testigos de la SIDE y la Policía Federal que ellos pidieron. En tanto, los macristas estarían negociando con un sector de la oposición porteña para exculpar a Macri y cargar las tintas sobre Montenegro. En esa postura se cruzan una vieja interna macrista con la convicción de los bloques peronista y de la Coalición Cívica de que el ministro es responsable políticamente de lo ocurrido con la Policía Metropolitana. Mientras que estos espacios opositores plantean ir por el juicio político a Montenegro, otros proponen reclamar su renuncia. El grupo de Hourest y los ibarristas estaría a favor de recomendarle al jefe de Gobierno que se aparte a Montenegro de su cargo y se modifique la cúpula actual de la Metropolitana. La discusión sigue abierta.

“Hay que analizar la prueba que, sin duda, marca responsabilidad política del gobierno porteño. No puede resolverse buscando un chivo expiatorio”, se diferenció el ibarrista Eduardo Epszteyn. “El dictamen no puede ser producto de una negociación, donde se saque al jefe de Gobierno para poner a algún ministro”, remarcó.

En el informe final, seguramente habrá otras recomendaciones de crear nuevas leyes y reformar la de seguridad para evitar compras irregulares y nombramientos extraños en la Metropolitana, como los que aparecieron a lo largo de las tormentosas sesiones de la CIE.