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El viernes, bajo un temporal, centenares de miles de personas no encontraron cómo regresar a sus hogares después del trabajo. Supieron entonces que los conductores de colectivos habían declarado un paro de 12 horas en toda el Area Metropolitana de Buenos Aires por el asesinato de un colega de la línea 56 en La Matanza, en reclamo de mayor seguridad.

El caso es conmovedor. La víctima era un chico de 22 años que había comenzado a trabajar el lunes y estaba acompañado por un instructor. Dos personas subieron al colectivo en Villa Celina y amenazaron con sus armas al pasaje para robar. Según la información suministrada por la agencia oficial Télam, en el último asiento viajaba un miembro de la Policía Federal, franco de servicio y sin uniforme, quien sacó su pistola y se dio a conocer. Los ladrones se escaparon, disparando para cubrir la fuga. Uno de esos disparos mató al pibe Leonardo Paz, que estaba aprendiendo el oficio. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que la cuestión concernía al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad Bonaerense, Alejandro Granados, anunció una serie de medidas. Algunas de largo plazo, como la instalación de cámaras en 8000 colectivos y la incorporación de otros 1000 patrulleros, reeditarían el “viejo sistema de comando de patrullas, para interceptar los colectivos, y cuando vemos algo sospechoso, hacer bajar a los pasajeros”. Otras inmediatas: según Granados los policías que viajen en colectivo deberán hacerlo “en el primer asiento o parados en el estribo, del lado del conductor”.

Esto revela un llamativo desconocimiento de lo que está en juego. Randazzo no puede desentenderse de la cuestión, porque el policía que exhibió el arma dentro del colectivo no era bonaerense sino federal. Y la disposición de Granados sólo logrará incrementar el problema, amén de fastidiar a los pasajeros de miles de colectivos con requisas inspiradas en el famoso olfato policial. Si bien la información dice que los disparos provinieron de los asaltantes, el caso debe considerarse en conjunto con aquellos en los que las bajas se deben al fuego policial, cuando no se trata de un funcionario en acto de servicio, sino de franco o en situación de retiro. Un informe del CELS difundido en octubre pasado muestra que en los últimos años han muerto más personas en episodios en los que intervinieron policías de franco o retirados que en actos de servicio, lo cual pone en el foco la cultura institucional respecto de la portación de armas y el principio de actuar siempre, en cualquier circunstancia, aún a costa de crear un riesgo mayor al que se procura controlar. Cuando están solos o en desventaja, los agentes toman decisiones extremas, que tienen resultados letales para otras personas y para ellos mismos.

Esto se relaciona con el debate sobre la reforma del Código Penal y la escala de valores que se intenta proteger. No parece casual que quienes piensan que el comercio de estupefacientes o ciertos delitos contra la propiedad deben tener una pena igual o superior a la del homicidio consideren natural que un ciudadano transite armado las 24 horas de cada día, hábil o feriado, y ponga en riesgo su vida y la de terceros para impedir un robo. De hecho, no hubo ninguna reacción social, sindical ni política ante la actitud policial, sin la cual se hubieran lamentado objetos y dinero pero no una vida joven.

En la última década 1150 particulares perdieron la vida en hechos con participación de integrantes de fuerzas de seguridad, pero sólo la mitad de ellos estaban en servicio.

Los propios policías son víctimas de este hábito tan prepotente como ineficaz: más de la mitad de los policías muertos en hechos violentos entre 2003 y 2012 en el Area Metropolitana estaban de franco al momento de su muerte (el 47 por ciento) o eran retirados (16 por ciento). El 9 por ciento trabajaba como custodia privada y apenas el 23 cumplía sus funciones policiales. Este cuadro es más grave en la Policía Federal: el 63 por ciento de los particulares muertos fueron abatidos por policías fuera de servicio. Esto coincide con otra estadística significativa: entre 2003 y 2012, los federales mataron a 181 personas en la Ciudad de Buenos Aires y a 266 en el conurbano bonaerense, donde vive la mayor parte del personal. En la bonaerense, casi un tercio de los particulares caídos en la última década (30 por ciento) fueron muertos por personal de franco, porcentaje que casi se duplica (58 por ciento) cuando se trata de los policías que perdieron la vida. La novedosa Policía Metropolitana no escapa a la regla. En 2011 protagonizó cuatro casos de uso abusivo de la fuerza letal y en agosto de 2013 uno; en todos intervinieron funcionarios fuera de servicio, lo que causó la muerte de cuatro personas. Esas armas policiales que sólo deberían utilizarse en el servicio, también han provocado numerosas muertes en conflictos intrafamiliares, parejas mal avenidas, peleas entre vecinos o incidentes de tránsito, el rubro que menos prensa tiene en la denominada inseguridad. Durante la gestión de los ministros de Seguridad Carlos Arslanian y Nilda Garré, la normativa fue modificada en las policías bonaerense y federal, de modo que la portación fuera del servicio pasara a ser optativa y no obligatoria. Pero en caso de estar armado, sigue rigiendo el denominado estado policial, que es la obligación de intervenir, en cualquier circunstancia y relación de fuerzas. El cuadro es algo mejor en las otras fuerzas federales, como Gendarmería y Prefectura, donde recién a partir de cierto grado los suboficiales pueden llevarse las armas al terminar su horario de trabajo. Un intento de generalizar esta resolución fue resistido en forma exitosa por la policía, con el argumento de que los efectivos viven en villas donde su profesión es conocida y de no contar con su arma serían objeto de venganzas. Esto es posible, pero no seguro. En cambio, sobran las evidencias acerca del nefasto resultado de la práctica tradicional.