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Estoy conmovido, mejor dicho, conmocionado, perturbado por la noticia acerca de la denuncia del fiscal Nisman. No conozco con detalles el proceso judicial acerca del ataque a la mutual de las personas de religión judía llamado AMIA. Tampoco conozco bien la organización de esas personas denominada DAIA, aunque debo reconocer que varios de sus presidentes no me fueron –por así decirlo sin imputar– simpáticos y, con muy escaso conocimiento del funcionamiento de la institución, siempre fueron para mí representantes más bien de las personas con esa ascendencia de cierto nivel económico superior, por tanto muy conservadores, para expresar la misma idea, políticamente, entre nosotros. Menos conozco aún al Sr. Nisman ni a su fiscalía, pese a que el fuero Penal de la Justicia nacional o federal, por oficio, nunca me ha sido desconocido, sobre cuya actuación sólo puedo predicar en virtud de las noticias hasta hoy recibidas por la prensa. Pero, a pesar de todo ello, no quiero dejar de unirme a la opinión expuesta el jueves 15 de enero de 2015 por el periodista Mario Wainfeld.

Sigo como espectador, desde afuera –pues estoy jubilado–, el llamado cisma judicial, comprensivo ahora de una especie de pleito entre el Poder Ejecutivo y Legislativo nacional y al menos parte del Poder Judicial de la Nación, en el que este último viene mostrando sus armas y los otros dos, si la razón no se impone, mostrarán, días más, días menos, las suyas. Por otra parte, creo que, para seguir llamándome abogado y doctor en Derecho, deberían obligarme a volver a la facultad –de la que fui profesor de Derecho Procesal– al menos para aprender qué significan las “medidas precautelares” e, incluso, las “cautelares” –en mi época reducidas y contenidas en un capítulo relativamente pequeño en esta rama del Derecho–, medidas con las cuales trabajan hoy los jueces y tribunales a destajo, y que, a mi juicio, han desplazado el, para mí, sano criterio del ejercicio práctico del Derecho, que consistía en dictar sentencia. Más todavía: una vieja conversación y entrevista mía con alumnos secundarios y luego con estudiantes de Derecho, que versó acerca de la pregunta “¿Para qué sirve el Derecho?”, con el tiempo publicada en varios países americanos, con versión en alemán y no hace demasiado tiempo expuesta y criticada en un seminario de la UBA, debería ser repensada ya no por mí, sino por profesores y estudiantes actuales, pues no creo que ella sirva de explicación acerca de lo que hoy es el Derecho y su labor práctica o judicial, aun cuando yo siga creyendo en el concepto allí expuesto.

Desde mi punto de vista la denuncia del Sr. Nisman es un acto grave –me animaría a decir, gravísimo– que amerita su juzgamiento como funcionario judicial. Para mí, si el Consejo de la Magistratura cumple una de sus funciones establecidas por ley, debería iniciar el estudio de esa conducta, para cuya investigación sólo se requiere, sin más, la copia de la denuncia. Y debe evitar, para cumplir su función en estos casos extremos, politizar la decisión, esto es, juzgar cada uno de sus miembros sin representar a un partido político. Sobrepasar la competencia del Poder Judicial de modo tan burdo, ya que las relaciones exteriores están confiadas por la Constitución nacional al Ejecutivo, en ocasiones en conjunto con el Legislativo (la ratificación de los tratados), cualquiera que sea en esta materia la crítica sobre “buena” o “mala” decisión, según parámetros políticos, no es tarea que incumba al Poder Judicial de modo alguno. Pensar que una relación con otro país soberano, ratificada por ley, guste o disguste según cierta idea política, tenga una u otra explicación o motivo, incluso según cierto aspecto económico, es un acto criminal, me conduce al asombro perturbador del que hablaba en un comienzo.

El Poder Judicial fue siempre conservador y hasta “golpista”, según yo recuerdo. Una buena anécdota que viví en mis comienzos fue el derrocamiento de Illia por los militares (Onganía, en definitiva): al otro día de la noche en la cual cayó el presidente constitucional concurrí a los tribunales –era secretario judicial– y me asombré cuando observé que la gran mayoría de sus funcionarios –por no decir todos– apoyaba el golpe militar. También el sentido corporativo es muy fuerte: lo viví, esta vez positivamente, cuando me pusieron una bomba que destruyó gran parte de mi casa, para cuya reconstrucción fui ayudado por la hoy Asociación de funcionarios judiciales, que entonces no se fijó en mis ideas políticas o acerca del Derecho y de la función judicial. Debo, por último, decir la verdad. Lo que ha hecho el fiscal Nisman, según los medios de información, y su pertenencia al Poder Judicial de la Nación me ofende, como ex funcionario judicial, sin reparar en mi posición sobre aquello que debe ser ese poder del Estado. No recurriré al remedio actual, la denuncia ante tribunales penales buscando el nombre de algún crimen para aplicárselo, porque no es mi forma de concebir el Derecho Penal y no deseo imponer mi punto de vista, sino sólo como opinión con ciertos desconocimientos que la tornan criticable, pero espero que los órganos institucionales se comporten como corresponde.

* Profesor titular consulto Derecho Penal UBA.