Los ex combatientes aseguran que el fallo de la Corte Suprema habilita una avalancha de reclamos.
Imagen: Redintdf.

La Corte Suprema de Justicia reconoció como veterano de guerra, con el derecho a cobrar una pensión vitalicia, a un ex suboficial de la Marina que no estuvo en las islas Malvinas. Se trata de un controlador de vuelos que durante el conflicto operó desde Bahía Blanca y Tierra del Fuego. El fallo podría sentar jurisprudencia para cerca de nueve mil reclamos de militares y ex soldados que no fueron a la guerra pero reclaman una pensión porque fueron movilizados.

La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, junto a los ministros Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, en un expediente iniciado por el suboficial retirado Carmelo Antonio Gerez.

Para reconocerlo como ex combatiente, la Corte declaró inconstitucional los requisitos de “situación geográfica” y entrada “efectivamente en combate” definidos en el artículo 1º de la ley 24.892, que regula el cobro de las pensiones. Los ministros consideraron que aplicar estas exigencias a Gerez sería un acto de “inadmisible discriminación”.

Durante el conflicto, Gerez estuvo en la base aeronaval de Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. Después del hundimiento del crucero General Belgrano fue trasladado a la base de Río Grande, en Tierra del Fuego. Su función fue la de contralor “de los aviones que iban a atacar a través de radares y equipos de comunicaciones, siendo ése el único lugar desde donde se atacó a la flota inglesa con aeronaves misilísticas y bombardear”, planteó en la demanda. También realizó tareas “de vigilancia” en una estancia de propiedad inglesa en la frontera con Chile hasta el 20 de junio del ’82, seis días después de la rendición.

En su fallo, los jueces consideraron que las actividades que desplegó Gerez desde el continente no se distinguían “de las desarrolladas por quienes combatieron de manera efectiva, en los términos de la ley aplicable”.“En el caso”, agregaron “el condicionamiento geográfico” podía “resultar caprichoso e irrazonable”. En cuanto al requisito de haber entrado en acciones de combate, indicaron que las funciones que cumplió el suboficial no difirieron “en demasía de aquella desplegada por quien actuó en el espacio delimitado por el Teatro de Operaciones de Malvinas”.

“La colaboración directa, activa y determinante de aquel con los combatientes asignados al operativo bélico debe ser efectivamente ponderada, por lo que el desentendimiento de tales circunstancias importaría una inadmisible discriminación”, concluyeron.

La posición de Lorenzetti, Maqueda y Fayt se contrapuso a los planteos que públicamente vienen realizando los funcionarios del gobierno nacional en la controversia sobre si quienes fueron movilizados por el conflicto, pero no pisaron las islas ni entraron en combate, pueden ser considerados veteranos con derecho a cobrar las pensiones. “Nos parece inapropiado su reclamo. No estamos hablando de ex combatientes, ellos estaban realizando el servicio militar pero nunca estuvieron en las islas”, sostuvo sobre el tema el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ante un acampe de movilizados en la 9 de Julio.

En un caso emparentado con el de Gerez, pero impulsado por 30 ex conscriptos, la Justicia federal de Córdoba dispuso, en diciembre de 2010, reconocerlos como veteranos para que recibieran los mismos beneficios de salud, vivienda y educación que los combatientes, pero no su pensión vitalicia.

El fallo de la Corte fue cuestionado por las agrupaciones de ex combatientes que reúnen a los conscriptos que fueron enviados a Malvinas. Para el sector se trata del segundo baldazo de agua fría de la Corte Suprema en el año, ya que vienen de recibir del máximo tribunal un fallo que declaró prescriptos los vejámenes sufridos durante la guerra a manos de oficiales y suboficiales.

El argumento principal por el rechazaron el fallo es que las pensiones a los veteranos son una reparación a situaciones traumáticas vividas en la guerra. “Para la Corte, si embargo, no existen diferencias entre quienes combatieron en las islas, con las secuelas de haber sido heridos. de haber vivido el terror de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y de haber visto morir a sus compañeros, con los que cumplieron algún rol de apoyo en el territorio, es decir a miles de kilómetros del sitio donde la muerte era un lugar común”, indicó Gustavo Pirich, de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. “Para sintetizarlo de alguna manera, para la Corte es lo mismo haber estado en Río Grande que en Monte Longdon”, agregó.

“Las leyes de reparación están destinadas a atender las situaciones de excepcionalidad vividas por los que estuvieron en situación de combate. Si se sigue su criterio, ¿qué diferencia hay entre alguien que tuvo que pasar por situaciones de combate y un tipo que estuvo haciendo guardia en un regimiento?”, se preguntó Ernesto Alonso, del Cecim La Plata. Para Alonso, “con el tema de las violaciones a los derechos humanos se hicieron los distraídos, y con esto invisibilizan a los ex combatientes. Para nosotros es otra bomba contra el Gobierno: son expedientes que estaban a tratamiento desde hacía mucho tiempo, y no parece casual que hayan salido ahora, uno después del otro. La Corte habilitó además una cuestión que va a ser de nunca acabar, por la cantidad de juicios que se van a plantear”.