Un ex uniformado de la Federal que había sido acusado por el crimen de dos jóvenes (Kiki Lescano y Ezequiel Blanco) en Villa Lugano en julio de 2009, y que había alegado legítima defensa, deberá someterse al proceso penal luego de que la Sala IV de Casación revocara por segunda vez su sobreseimiento y ordenara al juez de instrucción revisar el caso y ordenar otra sentencia. El fallo tiene fecha del miércoles pasado y es, en rasgos generales, igual al que ordenara el mismo tribunal en diciembre de 2011. ¿Acaso no se cumplió aquella orden? Sí, pero cambió el juez de primera instancia. El primero fue Fernando Cubas y el segundo, Juan Ramos Padilla. El primero había sido apartado por la Sala IV de Casación, luego de sobreseer al ex policía por tomar su declaración de legítima defensa como si se tratara de una versión encuadernada de la Biblia. El fallo de Ramos Padilla, en octubre de 2013, pese a tratarse también de un sobreseimiento, se ubicó en los antípodas. Con decir que lo tituló “Del fracaso de la Justicia”. En él analizó punto por punto todas las irregularidades de Cubas y los investigadores policiales, que llevaron a la pérdida de pruebas y la imposibilidad de acusar correctamente. Pero esa falta de pruebas lo llevó a sobreseer nuevamente. Ahora, Casación ordenó a Ramos Padilla revisar el fallo. No podrá sobreseer ni fundamentar en la falta de pruebas, que ya fue rechazado en su momento.

El caso de Kiki y Ezequiel es la demostración más clara de cómo actúa buena parte de la Justicia torciendo el fiel de la balanza cuando los procesados son integrantes de fuerzas de seguridad y sus víctimas, jóvenes de sectores vulnerables.

Lo que se analiza en el caso es la muerte de los dos jóvenes, que aparecieron baleados dentro del auto del entonces federal Daniel Veyga. El uniformado dijo que lo asaltaron entre los dos y que tras forcejear mató a uno, ubicado en el asiento trasero, y luego al otro, sentado al volante. El análisis de Ramos Padilla revela la tendencia a la uniformidad del fallo de Cubas. En diez puntos que encabeza con el título “Del fracaso de la Justicia”, señala las “anomalías que impidieron en tiempo y forma cumplir” con la ley. Sostiene que desde el primer momento se sabía que Veyga era policía y sin embargo la investigación y todos los peritajes fueron realizados por sus colegas federales “con la anuencia del magistrado que intervino en un primer momento”. Dice que Veyga fue detenido en forma preventiva, pero luego se retiró de la comisaría sin que se hubiera dado o ninguna orden. Tampoco lo analizaron médicos (para determinar marcas en el cuerpo) ni psicólogos. La no identificación de los cuerpos de ambos jóvenes, que fueron inhumados como NN, dos meses después de su muerte, pese a que sus datos ya se conocían en la Federal desde el primer momento, y mientras sus familias los buscaban con participación de otro juzgado. Ramos Padilla también cuestionó la “llamativa rapidez con la cual se adoptó una solución liberatoria de carácter definitivo”. Ramos Padilla sostiene que el sobreseimiento se dictó el mismo día en que los familiares de los jóvenes pudieron acceder al expediente, aunque no se les permitió ser querellantes. Con lo que sólo pudieron apelar el sobreseimiento, apelación que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones, y recién admitida en Casación.

El miércoles pasado, los jueces de Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, ordenaron a Ramos Padilla dictar una nueva resolución que explique por qué Veyga no pudo disparar en su defensa sin provocar daños vitales, tratándose de un policía. El tribunal además entiende que, tal como lo plantean los familiares de las víctimas, “es el debate oral el marco propicio para dilucidar” las dudas.