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Al influjo de una contienda electoral que se muestra más competitiva que otras anteriores, ha llegado el momento de jugar fuerte y así surgen afirmaciones temerarias e infundadas que se refieren al tema de las drogas y en particular al accionar criminal del narcotráfico. Sin diagnóstico alguno que lo avale, un candidato presidencial ha resuelto abordar esta cuestión propiciando una así llamada guerra contra la droga que requeriría incluso la participación de las Fuerzas Armadas, con su actuación directa en el control de las fronteras y hasta en el espacio urbano, especialmente en las villas y los asentamientos que estarían copados por el narcotráfico. En otras palabras se propone militarizar las villas y, de paso, criminalizar a los sectores más postergados de la sociedad y dentro de ellos especialmente a los jóvenes.

El proyecto de “seguridad ampliada” que propone Sergio Massa, pues de él se trata, toma como referencia el modelo de los comandos militares y las unidades de policía que se desplegaron en las favelas de Río de Janeiro y al propiciar el control fronterizo en el norte del país, tendríamos una estrategia similar a la que se está utilizando en México, con los resultados ya conocidos. La propuesta atrasa por lo menos treinta años, pero sigue estando en línea con lo que se propicia desde los Estados Unidos. Poco importa la experiencia recogida, que es ampliamente negativa, ni tampoco la implosión del marco legal vigente, que impide la actuación de las FF.AA. en la seguridad interior. Qué lejos queda el compromiso de seguridad democrática, que incluyó a políticos de todos los partidos y a personalidades identificadas con la vigencia de los derechos humanos y la búsqueda de seguridad en términos coherentes con el respeto al derecho de los ciudadanos. Hoy más de uno de sus firmantes ha traspasado la línea y se ha colocado fuera de ese campo.

Contradiciendo estos posicionamientos preelectorales, Unasur acaba de consensuar y aprobar un documento en el que asume el fracaso de la llamada guerra contra las drogas y propone un nuevo abordaje sobre la problemática centrando la respuesta en el ser humano, su bienestar y su salud.

Otro indicio del intento restaurador, orientado a volver atrás el reloj de la historia, es aquel que pretende deslegitimar los juicios por las violaciones a los derechos humanos e introducir la sospecha sobre su legalidad, volviendo a plantear la teoría de los dos demonios, a partir de la cual se distorsiona la existencia del terrorismo de estado, una categoría que no puede igualarse con expresiones de la violencia política. Es inquietante que autoridades académicas, jerarquías eclesiásticas y conocidas personalidades públicas, pretendan echar sombra sobre la acción de la justicia en este campo, en el cual la Argentina está en la vanguardia mundial. No obstante, la justicia como poder del Estado ha colocado las cosas en su lugar y sus más altas autoridades han ratificado la vigencia de una política que tiene adhesión mayoritaria y amplio respaldo en las instituciones de la República.

* Especialistas en Relaciones Internacionales y Defensa.