La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por mayoría la apertura del procedimiento de remoción por mal desempeño de Néstor Montezanti, presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, y de Luis Armella, juez federal de Quilmes. Ex agente de inteligencia del Ejército durante la dictadura, imputado por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia por su presunta vinculación con la Triple A y por el secuestro y los tormentos a un militante de la Juventud Peronista en 1977, Montezanti faltó ayer por tercera vez a la cita del juez federal Alejo Ramos Padilla para prestar declaración indagatoria. Ante las evidencias de que mintió al invocar que debía guardar reposo durante 72 horas (siguió trabajando en su oficina) sumadas a los fueros que impiden detenerlo, los fiscales pidieron que se lo declare en rebeldía, se le prohíba salir del país y se corra vista el Consejo para que avance en la remoción. Armella es investigado por favorecer a empresas vinculadas con familiares. Ambos pedidos de enjuiciamiento pasaron al plenario del Consejo, que necesita dos tercios de los votos para aprobarlos.

El camarista y ex profesor Montezanti, suspendido hace dos semanas por “falta de ética” por el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur, está imputado por 22 homicidios cometidos entre 1974 y 1975 por la Triple A. Ramos Padilla, al fundamentar el llamado a indagatoria, señaló que las pruebas aportada por los fiscales “no sólo sustentan la sospecha respecto de su vinculación con la Triple A sino también sobre su participación en la privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos de Jorge Omar Riquelme Esparza”, un militante de la JP que trabajaba en el Hospital Municipal bahiense. Secuestrado en 1977, el sobreviviente contó que en el Cuerpo V de Ejército lo interrogaron y le hicieron firmar papeles a punta de pistola. Entre sus interrogadores reconoció a Montezanti, por entonces apoderado de la UOM. En 1981 el abogado ingresó como “asesor universitario” al Destacamento, donde lo presentó el coronel José Osvaldo Riveiro. Según el descargo del juez ante el Consejo es erróneo asociar esa función con la infiltración y la delación en la UNS. Como “especialista en conflictos limítrofes”, se limitó al asesoramiento sobre el conflicto con Chile y la guerra de Malvinas, aseguró el camarista.

La decisión de aconsejar al Consejo la apertura de un jury de enjuiciamiento a Montezanti fue aprobada con votos del secretario de Justicia, Julián Alvarez –autor del dictamen–, de los legisladores Héctor Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Angel Rozas, y del académico Jorge Candis. El juez Leónidas Moldes se esmeró en defender al ex agente de inteligencia y votó en contra, postura que apoyó la abogada Adriana Donato. El juez Luis Cabral se abstuvo. La Comisión fundó el mal desempeño en “conductas palmariamente incompatibles con la vigencia de los Derechos Humanos, y que evidencian falta de idoneidad moral y vocación democráticas, condiciones indispensables para el desempeño de su cargo de magistrado del Poder Judicial de la Nación”. También por “haber exteriorizado comportamientos indecorosos, arbitrarios y despóticos en relación con sus colegas, subordinados, auxiliares de justicia, alumnos, denunciantes e incluso respecto a los Sres. Consejeros”.

El de ayer fue el tercer faltazo del imputado Montezanti a la indagatoria. Ante la primera cita, el jueves pasado, dijo que debía tomar un juramento en la Cámara. El lunes presentó un certificado médico para informar que una gripe lo obligaría a guardar reposo por 72 horas. Ramos Padilla lo citó para ayer a las 15. La explicación ayer fue que no piensa presentarse hasta que no se cite a dos testigos que ofreció y no se le den garantías sobre su seguridad, que nadie puso en riesgo. Los fiscales advirtieron sobre la banalidad de las excusas y la mala fe del magistrado, presentaron una docena de resoluciones que firmó en la Cámara mientras en teoría guardaba reposo y agregaron que inclusive recibió al defensor de la tercera edad Eugenio Semino en una visita guiada al tribunal. Pidieron que se lo declare en rebeldía, se le impida salir del país y se informe a la Corte Suprema de la flagrante mentira del lunes. “Anteponer excusas tan burdas para entorpecer una causa, peor aún tratándose de un juez, viola toda norma ética y agrava aún más la crisis del poder judicial de Bahía Blanca”, destacó Palazzani. La referencia alude a la complicidad de la corporación judicial con los partícipes civiles del terrorismo de Estado pero también a la crisis en la Cámara, donde hay tres lugares vacantes (sobreviven Pablo Candisano y el imputado Montezanti) y el Consejo no designó jueces subrogantes.

La votación para impulsar el jury a Armella fue reñida, terminó cuatro a cuatro y desempató Candis. En 2012 la Corte lo separó del cargo a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación por favorecer a empresas vinculadas a familiares en la contratación de obras para el saneamiento del Riachuelo. “Si esto no es choreo, ¿qué es?”, planteó Alvarez al fundamentar el dictamen. La diputada Fernández Sagasti criticó la protección de la corporación judicial a sus miembros. “Parece que fueran distintos ante la ley”, advirtió, y agregó que “si cualquier otro funcionario público estuviera bajo esta sospecha lo estaríamos apedreando en la plaza”. “El informe de la AGN está firmado por Leandro Despouy”, recordó Recalde. Los votos para no investigar a Armella los aportaron los jueces Moldes y Cabral, la abogada Donato y el diputado Angel Rozas, radical como el denunciante Despouy.