Los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz obtuvieron dictamen de comisión hace dos meses.

El Senado podría someter a votación el 15 de junio los controvertidos pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los candidatos de Mauricio Macri para ocupar dos vacantes en la Corte Suprema, tribunal que hoy tiene sólo tres miembros y está prácticamente paralizado. Esa es la fecha que ponen los senadores Rodolfo Urtubey, presidente de la Comisión de Acuerdos, y Miguel Pichetto, jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria, y que tratarán de consensuar esta semana con el peronismo federal y Cambiemos. Los juristas postulados tienen dictamen favorable desde hace dos meses, pero los vaivenes del escenario político los desplazaron de la agenda. Varios senadores peronistas se negaban a tratar el tema si el oficialismo no les garantizaba la devolución del 15 por ciento de la coparticipación que se les retenía a las provincias desde 1992 para financiar el sistema previsional. La firma de un acuerdo el miércoles último, para una devolución escalonada del dinero, empezó a destrabar asuntos pendientes. La paradoja es que la posibilidad de reclamar ese reintegro millonario se debe a un fallo de la Corte a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luís, que descolocó al Gobierno en sus primeros días de gestión.

Rosatti y Rosenkrantz no tuvieron el camino fácil ya que inicialmente fueron designados por decreto, y en comisión, una metodología de dudosa legalidad cuestionada por gran parte de la comunidad jurídica, incluso por el propio Rosatti en su Tratado de Derecho Constitucional. Pese a los reparos, ambos juristas aceptaron el cargo, pero los jueces de la Corte se negaron a tomarles juramento. Les parecía arriesgado, y en algún momento podría tocarles fallar sobre la constitucionalidad de los nombramientos.

Rosenkrantz es el rector de la Universidad de San Andrés, su estudio representó al Grupo Clarín en el expediente por la Ley de Medios y fundó la Asociación de Defensa de la Competencia para presentar un amparo que frenara la caducidad de la licencia de Fibertel. Detrás de su postulación está el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, muy cercano a Macri, autor de un libro en defensa de Clarín, y quien en rigor habría sido el ideólogo de la medida de shock para completar la Corte por decreto. Rosatti fue Procurador del Tesoro y Ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner. Su nombre tuvo el respaldo de Elisa Carrió.

El problema con la coparticipación lo generó la propia Corte Suprema, que el mismo día que despedía a Carlos Fayt, el año pasado, aprovechó su última firma -imprescindible en este caso porque Elena Highton de Nolasco discrepaba- para sacar un fallo que declara inconstitucional la deducción del 15 por ciento de los impuestos coparticipables que realiza el Estado y ordenaba devolver lo recortado. Los expedientes de Córdoba y Santa Fe llevaban cerca de una década en el tribunal, pero jamás los jueces se animaron a resolver durante el kirchnerismo. Lo hicieron en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual los efectos caerían sobre la nueva administración. Para cumplir con la sentencia, la ex presidenta firmó un decreto que obligaba a devolver el 15 por ciento en todo el país. Luego Macri lo derogó. Pero las provincias quieren que les paguen, y por eso sus senadores comenzaron a negociar.

El miércoles último un grupo de gobernadores firmó un acuerdo en Córdoba para que les den el dinero de manera progresiva. El mismo día, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, recibió a algunos mandatarios provinciales, como informó en la página del Centro de Información Judicial (CIJ) con una foto grupal con aire escolar. Todos prolijamente alineados: estaban Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Domingo Peppo (Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Claudia Ledesma de Zamora (Santiago del Estero), Carlos Verna (La Pampa), Sergio Casas (La Rioja), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y actual titular del PJ, y Néstor Bosetti, vicegobernador de La Rioja.

Algunos de ellos sondearon a Lorenzetti con una pregunta: ¿qué pasaría si presentaran una medida cautelar para que se aplique el fallo de la Corte? El presidente supremo les dijo que no tenían los votos necesarios para eso, porque son sólo tres jueces y Elena Highton no estuvo de acuerdo con la resolución. Después dijo que si tenían expectativa sobre un fallo de ese tipo, había que lograr mantener la jurisprudencia de carácter federalista. Y puso en duda que Rosatti pudiera acompañar ese parecer. La reunión que transitó estos temas, había sido armada con ayuda del ex senador por Santa Cruz, Nicolás Fernández, un hombre que se distanció del Frente para la Victoria en 2011, pero que fue muy amigo de los Kirchner y les sugirió el nombramiento de Lorenzetti en la Corte. En el Senado, atribuyen a Fernández algunos mensajes para jaquear a Rosatti. Es evidente que el presidente de la Corte previó un panorama difícil para conservar su poder, y ya el año pasado adelantó ocho meses las elecciones de autoridades supremas, con lo cual su mandato durará hasta 2019.

Algunos senadores creen que cuando Carrió dijo esta semana que Lorenzetti “operaba” para boicotear el nombramiento de Rosatti, es porque había hecho una mala interpretación de lo que se habló en esa reunión con los gobernadores. Pero otros creen que sabe perfectamente lo que dice y se refería a otras operaciones. La líder de la Coalición Cívica ya había acusado a Lorenzetti de enriquecimiento ilícito (causa penal en la que fue sobreseído en tres meses por el juez Sebastián Ramos) y le cuestionó el manejo de los fondos judiciales. Hasta dijo que pedirá su juicio político.

El juez supremo respondió el jueves con un comunicado en el que criticaba genéricamente a quienes “pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones para beneficios que no son los del ciudadano”. Anunció, además, que la Corte se disponía entregarle las declaraciones juradas de sus integrantes. La página web del tribunal tiene, es cierto, un “link” para solicitar las declaraciones de bienes de los supremos. Sin embargo, se presentan dos problemas: sólo aparecen como disponibles las declaraciones juradas desde 2013, con lo cual es imposible hacer una comparación de la evolución patrimonial en –por ejemplo– los doce o trece años que los jue ces llevan en la Corte; la otra cuestión es que las solicitudes de acceso a la información enviadas por esta cronista nunca fueron respondidas.

En el Senado, circulan algunas ideas y proyectos para ampliar la Corte a nueve miembros, como propone Adolfo Rodríguez Saá; o en el ala más kirchnerista del Frente para la Victoria, siguiendo una sugerencia que CFK, también se analiza una estructura de Corte Suprema de doce miembros, que se divida en salas según especialidades. Como sea, todo indica que ninguna de estos proyectos se discutirá hasta que queden cubiertas las vacantes que dejaron Raúl Zaffaroni y Fayt.

Si Urtubey y Pichetto logran acordar la fecha, que sería el 15 de junio, los nombres para la Corte pasarían a ser discutidos en el recinto. Sigue viva la especulación de que tal vez sólo sea aprobado uno de los candidatos. Para nombrar jueces supremos hacen falta dos tercios de los votos. El panorama es difícil de prever debido a la fragmentación del kirchnerismo, aunque sigue existiendo el bloque que es el FpV-PJ, que tiene 39 integrantes y tres aliados. Pero dentro de ese bloque hay distintos sectores, la mayoría de los senadores muy cercanos a los gobernadores, y el resto a Cristina. Cambiemos tiene 16 senadores, entre los radicales, PRO y un legislador de Córdoba. Cuando se decidió el pago a los fondos buitres, hubo 54 votos a favor, entre ellos 26 del FpV. Hubo 16 votos en contra, todos del FpV. El kirchnerismo más puro es el que no acompañaría los nombres de Rosenkrantz y Rosatti.

Lo que es seguro es que la aprobación de ambos o uno de los nombres será el inicio de una nueva era en la Corte, que sacudirá el tablero dentro y fuera de ella, con consecuencias aún inciertas.