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El viernes 27 Juan Carlos Schmid será reelegido secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que reúne a su gremio, el de Dragado y Balizamiento, con sindicatos poderosos como los que congregan a los camioneros, los peones de taxi y los conductores de tren. Su nombre circula como un posible número uno de la eventual Confederación General del Trabajo reunificada y en el acto masivo del 29 de abril fue quien leyó el documento sobre el empleo elaborado por las CGT y las CTA.

–¿Qué consecuencias tiene el veto presidencial a la ley de emergencia laboral?

–Indudablemente acentúa el malestar. Agrega una cuota de malestar a la situación que dio origen a la sanción de la ley en el Congreso. Sobre todo agrega malestar porque hay un problema grave: una tendencia a la caída del empleo combinada con la inflación.

–¿El malestar es el de los dirigentes sindicales?

–El malestar es el de la sociedad. A nadie se le escapa que aumentaron mucho los precios en la canasta de alimentos. Tampoco se le escapa a nadie el disgusto por los aumentos en los servicios. O el recorte en distintos ámbitos de la educación que ya generó movilizaciones importantes. Diversos sectores están en un estado de reclamo social.

–¿El veto es un desafío político?

–Siempre hay desafíos políticos. Puedo coincidir en que, como dijo el viernes el Presidente, hay un estancamiento del empleo que viene de hace varios años. También puedo estar de acuerdo con que en parte la situación compleja de hoy responde a errores del pasado. Pero está gobernando el PRO. Y el PRO es el que tiene que hacerse cargo de los problemas y ofrecer soluciones tanto para quienes votaron a Mauricio Macri como para quienes no lo votaron. Las decisiones para encausar estos problemas son decisiones políticas y corresponden en primer lugar al Poder Ejecutivo.

–El Gobierno suele decir que todavía no pudieron tomar las riendas del Estado.

–Están por cumplir seis meses. Ya deben conocer qué botones apretar para poner en marcha determinadas acciones.

–¿Es un tema de dominio burocrático del Estado o de rumbo?

–Además de saber qué botones apretar, cada gobierno tiene un sesgo. En el rumbo este gobierno hasta ahora tuvo el sesgo de favorecer a los sectores de mayor poder económico. Eso no impide registrar que convocó al Consejo del Salario o que dio pasos vinculados con paliativos para la cuestión social. Es cierto que se mantuvieron los amortiguadores que venían de la otra gestión y que tomaron algunas medidas correctivas. Pero son mucho más lentas y muy menores que, por ejemplo, la intensidad y la velocidad de reducción de las retenciones.

–¿Las centrales están de acuerdo con la versión oficial de que no cayó el empleo?

–Aquí existe lo que muchos llaman “apagón informativo”. El manoseo de las estadísticas, como sabemos, empezó hace mucho tiempo. También sabemos que este mismo gobierno declaró la emergencia estadística. Ahora, si en seis meses el Estado no logra poner en pie un solo término de referencia, estamos en dificultades. En eso no cambió nada respecto del gobierno anterior. Cualquiera dice cualquier cosa. No es algo bueno para las expectativas económicas, porque a veces toman en cuenta datos cuya seriedad no conocemos. No es bueno para el Estado, que no tiene horizonte. No es bueno para el sector empresario. Y no es bueno para los trabajadores. Brasil tiene el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es un instrumento ineludible e indiscutido para medir la pobreza y la canasta básica. Nosotros no tenemos nada.

–El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, habló de “sensación térmica de despido”. Si hay sensación térmica de frío es porque antes objetivamente la temperatura es baja.

–Es el mismo ministro que nos dijo a los gremios: “Ustedes saben cómo tienen que negociar, porque hay un límite a los reclamos salariales que está dado por el riesgo de perder el trabajo”. Si dijo eso hace meses es porque ya reconocía la tendencia a la reducción del empleo. Muchas consultoras de opinión pública indican que hoy una de las principales preocupaciones es la pérdida del empleo. Todo el mundo observa que hay parálisis y no movimiento. No hay ritmo. Sin llegar a ser científico, cualquiera sabe a qué resultado final conduce el proceso que empieza con el recorte de horas extras, sigue con las suspensiones y continúa con las vacaciones adelantadas. Así se camina hacia el despido.

–¿Los del Estado actuaron como estímulo de despidos privados?

–Antes tengamos en cuenta un fenómeno objetivo. Cuando hay una retracción en el Estado a través de la combinación de despidos y baja del gasto público, los efectos se trasladan inevitablemente al sector privado y a la economía. Alguien del sector privado se vería afectado.

–Macri dijo que la ley que vetó impedía la creación de empleos.

–No estoy de acuerdo con esa apreciación. En la Argentina siempre hubo miradas distintas sobre la economía y el tipo de sociedad que cada uno quiere. El presidente tiene la facultad de tener su propia mirada, naturalmente, pero creo que en este caso se equivoca. Los dirigentes sindicales impulsamos la ley. La conocemos bien. Y conocemos bien su génesis.

–¿Qué hay en la génesis?

–Yo mismo leí un documento conjunto de las centrales sindicales en el acto del 29 de abril. El texto iba mucho más allá de la doble indemnización. Planteaba la existencia de una emergencia ocupacional. En la Argentina hay un problema de empleo desde hace muchos años con dificultades en el sector estatal y falta de oferta de trabajo en el sector privado. Hace mucho que la Argentina carece de un proyecto industrial en serio. Esa carencia se ve agravada por los aumentos tarifarios. Impacta sobre las pymes. En buena medida el trabajo creado es de baja calidad y en su mayoría precario. Subrayo este punto porque nuestros reclamos no apuntan solo a los trabajadores que están en blanco. Sabemos que primero cayeron los que viven de una changa, los que te pintan tu casa o el servicio doméstico. Son millones de empleos precarios y no fueron creados por este gobierno. El 82 por ciento para los jubilados solucionaría integralmente el tema provisional. Si hay un sector vulnerable son ellos y eso no se resuelve ni siquiera con una emergencia. Muchas veces pedimos que los jubilados cobren por lo menos el salario mínimo, vital y móvil. Y como nuestro enfoque es integral y así lo planteamos en el acto de Paseo Colón el 29 de abril, no debe haber ninguna regulación del derecho de huelga ni protocolos especiales de seguridad. No queremos discutir descuentos de medidas de fuerza en el Consejo del Salario. Sé que algunos lo pensaron. Por suerte después no lo propusieron en la reunión. Tampoco queremos intromisión en los asuntos sindicales. Los marítimos están intervenidos doblemente. Por la Justicia y por el Ministerio de Trabajo. Queremos una inmediata normalización. Que saneen el padrón y que llamen a elecciones. Nuestros planteos tienen en cuenta estos puntos y el trasfondo de un proceso inflacionario que en el mejor de los casos terminaría en el 35 o 37 por ciento para el 2016. Ese es un malestar que seguirá estando presente y seguirá cruzando las demandas y los conflictos. Tanto el documento como el contenido de las intervenciones de los compañeros que hablaron el 29 de abril fueron en ese sentido, cosa que permitió una dinámica con temas como la convocatoria al Consejo del Salario o el análisis de la situación de las pequeñas y medianas empresas. Ahora hay nuevas cartas sobre la mesa.

–¿Las cartas impulsan un paro general o lo impiden?

–El paro nunca se descarta. Hay que reunirse y discutir. Si para llegar al documento y al acto estuvimos un mes reuniéndonos, también ahora tenemos que debatir. Sobre todo cuando además hay perspectivas como la reunificación de la CGT. Hay que coordinar acciones. Hay que hablar con un mosaico de identidades. Trabajamos mucho. Nada es sencillo. Hay confluencia de intereses: trabajadores privados, trabajadores estatales, gremios de servicios, gremios industriales, sindicatos más conciliadores, sindicatos más confrontativos, la propia situación interna del peronismo... Claro, el sector que más ha sido golpeado, el de los estatales, tendrá sus razones para proponer una medida. Pero las diagonales se recorren una por una. Son varias las diagonales que atraviesan al movimiento sindical. Y hay que recorrerlas todas. Juntarnos, evaluar la situación, analizar las tendencias y estudiar las alternativas. Muy pronto hay un tema que volverá a generar tensión: Ganancias. Reaparecerá por el pago del aguinaldo. El gobierno hizo con Ganancias lo mismo que el anterior: fue corriendo el arco.

–¿Quién ganó y quién perdió con la sanción y con el veto? ¿La posición de los sindicatos está mejor, igual o peor que antes?

–Las cosas no están iguales. Si acá hay un costo político, lo pagó el Gobierno a instancias de nuestra movida. Lo pagó al desconocer la representación democrática que hay en las dos cámaras. Y produjimos avances. El Gobierno convocó al Consejo del Salario que, según tengo entendido no iba a ser convocado presumiblemente antes de septiembre. Ahora habrá también una búsqueda alternativa y adelantada del impuesto a las ganancias. Hay una mayor velocidad en la reunificación de la CGT. Se discute más sobre el sector informal. El Gobierno tiene que tomar medidas para que los compatriotas tengan derechos. El derecho no es solo acceder a la Asignación Universal por Hijo y a otros amortiguadores. El derecho es a un trabajo formal con convenio y seguridad social. Son millones en situación precaria, no se generaron ayer y obviamente la reducción drástica no sucederá de un día para otro. Pero hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué tratamiento hay para una empresa con un dueño y tres empleados? No puede ser que la alternativa sea despedir a dos de los tres para pagar la luz. ¿Qué tratamiento hay para las importaciones? En los 90 ponían los contenedores en el muelle para hacer arreglos y adentro venían desde los guantes y la estopa hasta las herramientas, los tornillos y los clavos. Una apertura importadora sin límites puede ser un problema gravísimo que se sumará a los problemas ya existentes. La unificación de la CGT también va a servir para enfrentar esos desafíos y articular un trabajo de mayor intensidad con las pequeñas y medianas empresas.

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