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Se designa “trabajadores en negro” a aquellos cuyos empleadores evaden impuestos. Si los patrones fueran blancos o rubios aumentarían las implicancias ideológico- culturales de la expresión. Lo dejamos para sociólogos, antropólogos, lingüistas o para el Inadi y seguimos adelante.

El trabajo informal es una violación de la ley cuando no un delito.

Como en cualquier otro, el primer responsable es quien lo comete.

El Estado, en segundo término, tiene el deber de detectar, disuadir o perseguir a quienes quebrantan la ley, a sabiendas de que jamás podrá hacerlo en un cien por ciento.

Las centrales obreras y los sindicatos deberían tener en su agenda el problema. No es lo habitual, como ya diremos.

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil formó varias comisiones tripartitas para discurrir sobre temáticas varias, de modo continuo. Es una buena iniciativa, en principio. Lástima que el empleo informal no esté en el repertorio elegido. La carencia viene de lejos: el gobierno anterior promovió una comisión ad-hoc que funcionó poco y produjo menos.

El kirchnerismo tiene en su haber la reducción drástica del empleo informal en sus primeros años, en paralelo con la creación masiva de trabajo decente.

Dictó leyes para tutelar y ampliar derechos de trabajadoras y trabajadoras especialmente explotados y ninguneados. Informalizados por designio patronal y desidia estatal. El nuevo estatuto del Peón Rural, movida reparadora solo comparable al pionero dictado por Juan Domingo en la primera presidencia. Y el de Empleadas de Casas Particulares, privadas antes de jubilación, vacaciones pagas amén de “vivir en negro”. Son dos saltos de calidad para colectivos especialmente desamparados.

Dictó una ley general para combatir el empleo informal y promover contrataciones, multiplicó las tareas de inspección. Y creó el Registro Nacional de Trabajadores Agropecuarios (Renatea), para aplicar a una de las ramas de actividad que más burla la ley: las explotaciones agropecuarias.

La herencia contiene esos legados, que el presidente Mauricio Macri toma con beneficio de inventario o rechaza.

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Desprotegidos: El informal gana menos, en principio no accede a protección social y depende de la arbitrariedad patronal para tener vacaciones o cobrar aguinaldo.

El Frente Renovador y Cambiemos adujeron en el debate sobre la ley de Emergencia ocupacional que el texto aprobado deja más vulnerables a los conchabados “en negro”. Así dicho, es falso. Despedirlos, con la ley vetada, es barato y accesible. Además, fundamentalmente, quienes hace changa o no están incluidos en convenciones de trabajo padecen más las fluctuaciones de la economía. La cantidad de laburo baja, los sueldos en consonancia.

Un abogado laboralista podría explicarles al diputado Sergio Massa (su colega recién graduado en una universidad paga) o al presidente Mauricio Macri (ingeniero diplomado en otra) que duplicar la indemnización resguarda un cachito a los informales. Estos conservan su derecho, el problema cuando pleitean es que deben probar la relación de dependencia. Si lo consiguen, la demandada debe pagar mucho más, para compensar privaciones de derechos (vacaciones o licencias impagas, sueldos inferiores a los convencionados etc.) y evasiones. Puesto de otra manera: la posibilidad de sentencia favorable es menor que la de un trabajador en regla pero si la logra, la condena es más alta para la contraparte. Así las cosas, la indemnización agravada abre un incentivo mayor para quien es echado a la calle.

Grandes avances se registraron desde el 2003, con tendencia al amesetamiento desde hace al menos cuatro años. El porcentaje de laburantes informales se mantiene estable en alrededor de un tercio de la clase en actividad. Es estructural, que no equivale a perpetuo o inmodificable.

Imperioso, entonces, es retomar la cuesta y avanzar. La idea fuerza del gobierno va en sentido contrario. La polémica se repite en otras políticas públicas, imperfectas y superables para las que el macrismo piensa en el ajuste económico, la asfixia presupuestaria o la flexibilización de derechos.

La reducción del poder adquisitivo del sueldo y la redistribución negativa del ingreso ya están desplegándose merced a la política económica.

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Los muchachos distraídos: Los principales dirigentes de los grandes gremios de las dos CGT, con excepciones dignas y escasas, carecen de interés manifiesto en el problema. Escapa a su radar o a su libido. La CTA, desde su origen, expresó una visión más solidaria y atenta a todos sus compañeros, sean o no afiliados.

La etapa kirchnerista posibilitó que aumentara la afiliación gremial, el poder relativo y los salarios reales de sus compañeros.

Por molicie, falta de capacidad o achanchamiento las cúpulas cegetistas no consideraron a los compañeros no están formalizados.

La gimnasia más exigente, de algún modo subvencionada por el empuje de la política laboral, eran las paritarias. Anunciar que “sacamos” el 28 o el 30 o lo que fuera de aumento, la mejor nueva para difundir.

La jerarquía sindical está anquilosada: “atrasa” como la mayoría de las representaciones en la Argentina. Consuelo de tontos: el mal cunde en los empresarios o en la Asociación del Fútbol Argentino por mentar referencias conocidas.

La fragmentación en cuatro Centrales sindicales agrava el problema. No se corresponde con el arcaico sistema de relaciones laborales, perforado por realidades que lo contradicen. La proliferación de gremios alternativos, la emergencia de delegados combativos y visibles, el aumento de las corrientes de izquierda no peronista.

La duplicación de las CGT y las CTA respondió a alineamientos respecto del kirchnerismo. Habilita valoraciones diversas. De cualquier forma lo cierto es que había dirigentes y laburantes dispuestos a ser oficialistas, algo que suena inimaginable en el presente del macrismo, sin traza de cambios en el horizonte.

Las CGT exploran la unidad o reunificación, con este cuadro. Fatigado, envejecido y enfilando a la AFA Hugo Moyano no hay un líder de su talla en el sabó. Para ser francos: ni Moyano lo es hoy, en su etapa de león más vegano que herbívoro. El más lúcido de sus aliados, el secretario general de Dragado y Balizamiento Juan Carlos Schmid, puntea en las apuestas para ser el primer jefe de la CGT unificada. Schmid, como en su momento Saúl Ubaldini, proviene de un gremio chico, sin gravitación propia. No tiene el carisma fundacional de Saúl aunque sí mejor formación. Y una ventaja comparativa respecto de sus pares: el gremio de Schmid no tiene Obra Social propia. Menos “caja”, menos poder o influencia, menos tentaciones también.

Schmid razona que es quimérica una unificación de todas las Centrales obreras. Que hace mucho tiempo que hay dos diferentes en su trayectoria y objetivos: la CGT y la CTA. Con caridad inclusiva, suma a al maxi kiosko del gastronómico Luis Barrionuevo como si fuera una Central en serio. Salvo en este aspecto, el razonamiento es sensato.

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La clase partida: Una muestra del aburguesamiento y chatura de las cúpulas sindicales fue su obsesión focalizada contra el “impuesto al salario” mala tipificación del impuesto a las ganancias para trabajadores. La elevación del mínimo no imponible estuvo a un tris de ser su única bandera durante años. Las asistía y asiste una buena dosis de razón pero concentrarse en el segmento menos explotado de la clase es reduccionista y filo elitista.

La multiplicación de despidos en el sector público y privado los indujo u obligó a cambiar el orden de prioridades, en buena hora. La movilización del 29 de abril compuso un repertorio de reclamos más consistente y vasto. De cualquier forma, volviendo al comienzo de esta columna, su universo de referencia siguen siendo dos tercios de los trabajadores con empleo. Y sus pliegos de reclamos, pobres de solemnidad.

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El sueldo no es todo: En la malaria entran en crisis los mecanismos funcionales hace un año, o cinco o diez. La incitación a la creatividad debería ser un incentivo.

Las instituciones de Seguridad Social argentinas nacieron de cuna sindical. Fueron sindicatos los primeros que formaron Cajas de jubilación o que distribuyeron asignaciones familiares. El Estado las expandió luego, recogiendo lo sembrado en la lucha o en la negociación colectiva. Cuesta dar con un ejemplo similar en los últimos años, son como un mini oasis en el Sahara.

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Tribunales parciales: Repita usted como loro un lugar común pavote y atractivo mediáticamente: el éxito lo espera. Llamar “escribanía” al Congreso es considerado una genialidad.

“La industria del juicio” es un espantajo inventado por los abogados de empresas para desacreditar las demandas en tribunales del Trabajo. Hoy día, se producen despidos en cantidades industriales, que es otra cosa.

La litigiosidad crecerá, es de manual. Las condiciones objetivas de los Tribunales del Trabajo son vergonzosas, aún antes del aluvión que les caerá.

En la Ciudad Autónoma están colapsados por la cantidad de expedientes, karma agravado por las generosas ferias judiciales y por los asuetos forzosos impuestos por falta de luz o de agua en edificios. Atajémonos: las dificultades de pago fueron anteriores a la era de Juan José Aranguren. Pedro Kesselman, ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, describe un cuadro desolador: “falta suficiente personal; los juzgados funcionan en edificios obsoletos, sin lugar suficiente para el desenvolvimiento de su actividad; se carece de insumos suficientes, como por ejemplo impresoras y toners. Por si esto fuera poco, la Corte Suprema se ha obstinado en aplicar a rajatabla en el fuero un sistema informático llamado Lex 100, importado de España, pretendiendo que la Justicia del Trabajo, que tiene un procedimiento específico, distinto al Civil, Comercial o Federal, se adapte a ese sistema, y no que éste se ajuste conforme a esas especificidades”. El viejo truco del lecho de Procusto o de achicar la cabeza para que entre el sombrero, como ironizaba Arturo Jauretche.

Hay responsabilidades concurrentes con los ministerios de Justicia (anteriores y actuales) pero la parte del león recae sobre la cabeza del Poder Judicial: el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Los conflictos de los laburantes jamás atrajeron su atención. La frondosa producción discursiva de Su Señoría casi no registra una línea al respecto. Su reunionismo excitado fatiga muchos más ámbitos empresarios que sindicales.

Los mejores fallos de la Corte que fue y ya no es son ajenos a la materia.

“La justicia lenta no es justicia”, póngale. Pero la justicia laboral lenta equivale a parcialidad: acentúa la disparidad entre las partes. Favorece al presunto deudor, propietario y con capital que especula con la necesidad del laburante. El que conserva su plata puede esperar, el que precisa cobrar prestaciones alimentarias está presionado. Resignarse al mal arreglo contra el juicio interminable no es una opción equitativa: es abuso de poder, convalidado por el sistema judicial.

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Un ejército de generales: El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, anunció la semana pasada que se habían terminado los despidos en el Estado. En ésta puso de patitas en la calle a 1200 trabajadores de Renatea, víctimas también de un juego de pinzas entre el Gobierno y la Corte. La “mediación” del secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, fue vergonzosa. Pactó derogar el Estatuto de los trabajadores a trueque de una migaja de aumento en las indemnizaciones.

Ibarra, ya que estamos, conduce las cesantías desde una cartera nueva. Designa funcionarios de alta gama, con retribuciones altísimas. Una suerte de pequeño ejército compuesto por más generales que suboficiales o soldados rasos.

Se comprueba que la batida contra los “ñoquis” es una falsía: no tiene correspondencia con el número de despidos. La manifestación contra medidas de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aunó empleados públicos, policías y docentes. No iban detrás del pendón de La Cámpora. Semana tras semana se repiten movilizaciones con actores diferentes.

Una dinámica que, según la tendencia argentina, propende a acelerarse antes que a cesar.

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