Alicia Ruiz, Francisco Oliveira, Raúl Zaffaroni y Ana Jaramillo en la Biblioteca Nacional.
Imagen: Arnaldo Pampillon.

Raúl Zaffaroni advirtió que “el modelo de exclusión 30-70 que proponen las corporaciones transnacionales va a causas muchas más muertes” en América Latina. Convocado por Justicia Legítima al seminario “Seguridad y Derechos Humanos”, el juez de la Corte Interamericana señaló que el aumento de la conflictividad y la criminalidad está “cubierto mediáticamente” con el discurso de “la guerra a las drogas” y llamó a “privilegiar al vida humana”. La necesidad de transformar la administración de justicia pero también el poder mediático atravesó también las intervenciones de la jueza María Laura Garrigós de Rébori, de la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, y del padre Francisco Oliveira, de Curas en Opción por los Pobres.

Garrigós dijo que el colectivo que preside está a favor de que los jueces exhiban sus declaraciones juradas y comentó con asombro la posibilidad de que los magistrados puedan blanquear sus ingresos no declarados en el exterior. “Necesitamos romper el cerco mediático”, advirtió, y llamó la atención sobre la noticia del pedido del Ejecutivo a la Corte Suprema para que frene los amparos contra el tarifazo. “Alguien no está entendiendo bien qué es independencia judicial”, reflexionó. Alicia Ruiz, miembro del Tribunal Superior de Justicia porteño y coordinadora del panel, calificó como “imprescindible” que se fortalezca “el reclamo desde afuera, no sólo sobre el acceso a la justicia” sino también por “una justicia comprometida con el ideario democrático”.

Paco Oliveira recordó la bula de 1537 que condenó la esclavitud para informar que “ayer echaron a 800 trabajadores que controlaban el trabajo esclavo en el campo argentino”, en referencia al Renatea. “Inseguridad es no saber si hay pan para comer”, afirmó el párroco de Isla Maciel y recordó que el padre Carlos Mugica definía como “violencia” que treinta hombres hicieran cola para cubrir un puesto laboral. Calificó de “cínico e irreal” el spot sobre la cadena de producción necesaria para hacer una empanada. “Al tipo que tenía que traer el horno le cerraron la fábrica”, graficó. “Frente a la protesta y el conflicto” la respuesta del gobierno fue “reprimir y encarcelar a Milagro Sala, para que nos quede claro que podemos terminar tras las rejas”, advirtió. Contrastó el Acuerdo por la Seguridad Democrática de 2009 con el presente en su barrio. “La policía siente que tiene piedra libre” y “por principio se maltrata”, destacó. “El Estado se retiró de los barrios”, dijo antes de enumerar programas que dejaron de ejecutarse. “Sólo quedó Atajo, porque es de la Procuración”, señaló. Agregó que la policía bonaerense “es dueña de la vida y la muerte” y llamó la atención de que “los delitos ya no aparecen en TV”.

Jaramillo consideró, ante “el pedido de ayuda para reformar la justicia desde afuera”, que “es imprescindible una epistemología jurídica nueva” que comience por “dejar atrás el lastre del positivismo”. Al frente de la UNLA desde 1996, reivindicó la creación de carreras “orientadas hacia los problemas más que a disciplinas”. “Falta más justicia, no más abogados”. Citó como ejemplo carreras como Seguridad ciudadana o Justicia y Derechos Humanos y advirtió sobre la necesidad de “exigir al Parlamento y a la justicia la defensa de la universidad pública”. “Es necesario transformar la justicia pero también el poder mediático que se arroga la interpretación del mundo”, agregó.

“Un proyecto social excluyente” con “un 70 por ciento de descartables” necesita de “un control de tipo represivo”, arrancó Zaffaroni. Ya no los tanques en las favelas sino “técnicas de control más perversas”. “Nuestros Estados no se ocupan de matar directamente sino dejando andar la profundización de contradicciones entre excluidos para que no dialoguen, no tengan un protagonismo coherente y se terminen matando entre ellos”, explicó y lo reflejó en números: el índice de homicidios en la medianera sur porteña “quintuplica o sextuplica” al del resto de la ciudad, y la mayoría no se esclarece. El “modelo 30-70” va a aumentar la criminalidad violenta, los problemas sociales e inclusive la violencia interfamiliar, advirtió, “todo cubierto mediáticamente” con “el discurso de la ‘guerra a las drogas’”, acompañado de “un papeleo absolutamente inútil para hacer estadísticas que de nada sirve en la lucha contra el narcotráfico”. Llamó a “tomar conciencia del grado de violencia en la región”, recordó que 19 de los 25 países con más altas tasas de homicidios están en América Latina y el Caribe, dato que complementó con la inequitativa distribución de la riqueza que refleja el índice Gini. “El modelo de exclusión que proponen estas corporaciones transnacionales va a causar muchas más muertes”, advirtió y citó como ejemplo las falencias en las campañas sanitarias, la inseguridad laboral o la inadecuación de rutas y calles para la cantidad y calidad de vehículos. Si se suman “todas las cifras de muertes prematuras” es posible hablar de “un genocidio por goteo”, afirmó, y pidió a los jueces “tener mucho cuidado” y “privilegiar la vida humana”.