El Pro evitó el repudio de la Legislatura porteña al decreto 721 que le devuelve autonomìa a las Fuerzas Armadas gracias a la abstención de Graciela Ocaña y su compañero de bloque Marcelo Depierro. El proyecto presentado por José Cruz Campagnoli, diputado por Nuevo Encuentro-FpV y presidente de la comisión de Derechos Humanos obtuvo 27 votos a favor y 27 en contra. Apoyaron la iniciativa diferentes sectores: el FpV, el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, el FIT, el Frente Renovador, la UCR y la Coalición Cívica. El Pro se limitó a rechazar la iniciativa, dos de sus legisladores más activos, Francisco Quintana y Alejandro García, sólo hablaron del Día del Bombero. Además, ayer hubo más pronunciamientos en contra de la iniciativa oficial.

El legislador Campagnoli expresó que “el decreto de Macri es de una inmensa gravedad, en un país como el nuestro en el que hubo un terrorismo de Estado que dejó a 30 mil desaparecidos y donde las Fuerzas Armadas en el siglo XX ejercieron su poder en clave de partido militar que intervino sistemáticamente en los procesos políticos para derrocar gobiernos populares y generar una tragedia que casi no tiene comparación histórica, este es un paso atrás”.

En este sentido, el diputado kirchnerista explicó que “la medida de Macri le otorga a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autogobernarse y puede pavimentar el camino hacia la modificación de la Ley de Seguridad Interior”. Campagnoli sostuvo que “como creemos que el plan de ajuste del gobierno de Cambiemos no cierra sin represión, sentimos muchísima preocupación frente a las implicancias que puede tener esta medida”. Y pidió la unión en contra de este decreto: “Todos los sectores democráticos tenemos que alzar nuestra voz para que se derogue este decreto e impedir cualquier avance sobre el control civil de las Fuerzas Armadas”, concluyó.

Por su parte, el presidente del bloque FpV Carlos Tomada dijo que “33 años de democracia como hecho inédito de la vida política de la República Argentina se explican, entre otras razones, por la decisión del presidente Raúl Alfonsín de establecer la supremacía de la máxima conducción política por sobre las Fuerzas Armadas”, con el decreto 436/84. “Es de imaginar el rechazo que generará esta decisión del presidente Macri en el radicalismo, ya que desvirtúan el patrimonio histórico de la UCR en estos 33 años”, agregó. Sin embargo, el diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR) pidió “no magnificar las cosas” al referirse al decreto del presidente Macri que dispuso delegar facultades del ministerio de Defensa en las Fuerzas Armadas, y que modifica el firmado por su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín en 1984, al entender que el Poder Ejecutivo “no cede ninguna de las atribuciones de la Constitución Nacional” porque consideró que “no se trata de recuperar autonomía para las Fuerzas Armadas dado que no deja de tener el control sobre cuestiones sustanciales”. Pero, al tiempo que hizo estas declaraciones reconoció no haber realizado “una lectura detenida” del decreto.

En tanto, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital repudiaron enfáticamente la iniciativa del gobierno de Cambiemos, que devuelve a las Fuerzas Armadas “grados de autonomía de los que gozaba antes del regreso a la democracia”. En un comunicado conjunto estos organismos de derechos humanos señalaron que “desde entonces, con la experiencia del horror atravesado durante años y años de dictaduras, la sociedad supo construir mecanismos de gobierno y control civil para impedir que las Fuerzas Armadas atentaran contra la institucionalidad democrática del país.”

El decreto 721/16 delega en los jefes de las Fuerzas la mayoría de las designaciones y cambios de destinos de oficiales, y el pase a retiro y bajas de sus miembros. “Más preocupante aún es que se autoriza a las Fuerzas la designación de los responsables de la formación de los nuevos oficiales y suboficiales, lo que representa un grave retroceso en el paradigma de formación en valores democráticos a los nuevos militares”, indicaron. Y destacaron que “esta disposición se da en el marco de un retroceso en las políticas de derechos humanos que se fueron construyendo durante los últimos años”.

En el mismo sentido se pronunciaron los organismos de derechos humanos de Córdoba, y manifestaron que “la gravedad de esta decisión no puede ni debe ser analizada como parte de una disputa entre oficialismo u oposiciones de ayer u hoy, sino que pasa por reconocer que es un puntal de la construcción democrática el que pretende demoler este decreto”. Los militantes cordobeses destacaron: “Nosotros que luchamos toda nuestra vida para que nunca más se violen los derechos humanos, no queremos que las Fuerzas Armadas de nuestro país vuelvan a tener el poder de autogobernarse sin control civil”.

Además, la Comisión Provincial por la Memoria consideró que “esta decisión atenta contra el control civil de las Fuerzas Armadas, avanza contra un principio político conquistado con la recuperación democrática, y se inscribe en una política de ampliación de las competencias y autonomía de todas las fuerzas policiales y de seguridad”. Para la CPM “estas definiciones se dan en un escenario de creciente conflictividad social y de preocupante alineamiento hacia las doctrinas de las ‘nuevas amenazas’ que propician regímenes de excepción y la militarización de la seguridad interior”.