Echegaray encabezó el miércoles la reunión de la AGN, luego de dos meses de parálisis.

El juez federal Claudio Bonadio procesó al titular de la Auditoria General de la Nación, Ricardo Echegaray, y le dio un empujón más al Gobierno en su intento de desplazarlo de su cargo. “Era la herramienta legal que necesitábamos para poder sacarlo de la Auditoria”, se sinceró una efusiva Gabriela Michetti luego de festejar el fallo y anunciar ayer que el oficialismo no iba a esperar “ni un minuto para redactar el decreto” de la remoción de Echegaray. El ex titular de la AFIP salió a responderle con el reglamento del Congreso en la mano y sostuvo que para ser removido hace falta un dictamen de la comisión bicameral mixta revisora de cuentas del Congreso, la cual regula el funcionamiento de la AGN y en la que el peronismo -que salió a respaldarlo- tiene mayoría. Además, el funcionario argumentó que la sentencia de Bonadio, juez de primera instancia, será apelada y por lo tanto no está firme, lo que podría poner un freno institucional a las intenciones del Gobierno.

Echegaray quedó procesado –sin prisión preventiva–, acusado por haber incurrido en los supuestos delitos de “falso testimonio” y “violación de secreto” al involucrar al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, como apoderado ante el banco HSBC en Suiza de una cuenta no declarada de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. El funcionario había denunciado al ministro por evasión impositiva, tras destapar durante su gestión al frente de la AFIP la existencia de 4.040 cuentas bancarias no declaradas de argentinos en el banco HSBC de Suiza, con depósitos por un total de 3500 millones de dólares. Antes de ocupar la cartera económica, Prat-Gay contraatacó y le inició a Echegaray una causa en la que lo acusa de encabezar una asociación ilícita para ensuciarlo, que recayó en manos de Bonadio. El juez le dictó el procesamiento y con el fallo de ayer abrió el grifo para que el Gobierno retomara su arremetida para desplazar al auditor.

Anoche, Michetti anunció que había firmado junto a al presidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, la resolución para removerlo, aunque al cierre de esta edición no había sido publicada y tampoco el funcionario había sido notificado. Cerca de Echegaray afirmaron que se presentará mañana a trabajar como cualquier otro día, y que de ser publicada la resolución, denunciará penalmente tanto a Michetti como a Monzó.

Mas allá de las versiones cruzadas que corrieron como pólvora tras el fallo del juez, técnicamente el funcionamiento de la AGN está regulado por la ley 24.156, que establece condiciones para el nombramiento de sus miembros y su titular, pero no especifica el mecanismo para su remoción, que depende de lo que resuelva la comisión mixta revisora de cuentas. Echegaray se apega a un inciso del reglamento de esa comisión, aprobado en junio de 2004, que establece que sólo un dictamen positivo de sus miembros –seis diputados y seis senadores, más un presidente– puede removerlo del cargo. La composición de la comisión se terminó de delinear ayer a la mañana, antes del fallo, y la presidencia quedó en manos del senador formoseño José Mayans, del PJ, la vicepresidencia en manos del diputado radical Luis Borsani y la secretaría general del senador del peronismo federal, Juan Carlos Romero.

El bloque de senadores del PJ sostuvo ayer en un comunicado que el procesamiento “no configura un hecho por el cual haya que innovar” en la situación de Echegaray y, en sintonía con el funcionario, señalaron que el Gobierno deberá contenerse hasta que, eventualmente, haya sentencia firme tras la apelación.

La pelea se ata a la interpretación que tanto el Gobierno como Echegaray hacen de la ley de creación de la AGN. El artículo 126 determina que “no podrán ser designados” auditores que “se encuentren con procesos judiciales pendientes o que hayan sido condenados en sede penal”. Para Michetti, el procesamiento de ayer fue “la herramienta legal” que el Gobierno esperaba para reemplazarlo “por otro funcionario con mayor ética”. Echegaray, sin embargo, sostuvo que el procesamiento no está firme, que no hay condena y que, en todo caso, debe decidir previamente la comisión, tras un dictamen favorable y una audiencia en la que pueda defenderse. “Si me desplazan sin un sumario previo, sin derecho a defensa y sin dictamen de la Comisión, la resolución sería nula, ilegal e ilegítima, y atentaría a contra las instituciones de la república”, respondió Echegaray.

Desde el entorno del funcionario remarcaron que el fallo de Bonadio “esta teñido de política” y que actuó en favor de Prat Gay y del HSBC. Y señalaron que el fallo responde a las presiones de la diputada Elisa Carrió, quien desde la pantalla de TN acusó a Michetti de “vender su conciencia para llegar a la vicepresidencia” tras firmar en enero la designación de Echegaray, cuando no si situación judicial era distinta.