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- Rodolfo Yanzón, abogado. “Reorganizar no significa finalizar los juicios. En muchos se continuará individualizando perpetradores y, mientras exista el pacto de silencio, se deberá investigar destino de las víctimas. Pasados mas de 70 años de los crímenes del nazismo, Europa continúa juzgando a quienes tuvieron distintos roles en los campos de exterminio. Es parte de asumir la experiencia concentracionaria que imperó en la Argentina. Lo segundo, es la necesidad de avanzar sobre el aparato de inteligencia que atravesó toda la metodología represiva cuestión con gran deuda dado que algunos de sus máximos responsables fueron llamados como testigos en los juicios orales, como si la tortura y los campos no hubieran respondido a ese aparato. Lo tercero, es avanzar sobre la responsabilidad civil. Pero si pensamos cómo se han desactivado oficinas estatales abocadas a esta tarea, las posibilidades se han reducido. La cuarta, cómo resolver los vaivenes que padecen los juicios una vez que llegan a los tribunales orales. Falta de jueces, reiteración de prueba, juicios que se alargan una eternidad. En este marco, los jueces deben impedir que se continúe utilizando la catarata de presentaciones sobre aspectos ya resueltos, pero también comprometerse con estos juicios. No puede ser que haya audiencias de 2 o 4 horas por semana, lo que implica años de trámite de un solo juicio oral. Se debe hallar un sistema que permita unificar y no reproducir prueba ya conocida. Pero de esto hemos hablado bastante, con magros resultados, lamentablemente”.

- Pablo Llonto, abogado. “Toda propuesta que apunte a unificar los juicios orales acumulados en los Tribunales Orales será bienvenida. Pero nada de ello tendrá sentido si no se resuelve el más grave problema que tienen los tribunales orales: la imposibilidad de tener dedicación exclusiva y la falta de personal. Aquí hay que hacer juicios orales todos los días, de lunes a viernes, y muchas horas, como se hizo el Juicio a las Juntas en 1985. Para eso los jueces necesitan dedicarse exclusivamente. La responsabilidad de encontrar una solución al grave problema de acumulación de juicios la tiene la Corte Suprema y en especial su presidente Lorenzetti. De allí debe venir la instrucción clara y precisa de cómo reordenar todo para que se acelere, no para que se tapone. Respecto de los juicios que están en Instrucción que son la inmensa mayoría, hay que hacer lo mismo. Jueces con dedicación exclusiva a lesa, sacándole el trabajo de causas comunes y pasándoselas a otro juzgado. Y tanto para orales como juicios de Instrucción la Corte debe proveer 5 o 6 contratos para tomar personal por cada tribunal Oral y por cada Juzgado de Instrucción. El gasto es mínimo, pero la solución llegará enseguida”.

- Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo. “La concentración de casos en un solo juicio, en principio, es lo más lógico y razonable para optimizar un recurso escaso: el tiempo de los jueces. El riesgo es tener juicios orales demasiado largos que se dilaten por años. Respecto de la etapa de juicio oral, considero que los tribunales orales no han sacado suficiente provecho de la “audiencia preliminar”, una herramienta que introdujo la Acordada 1/12 de la Cámara de Casación y que debería ser utilizada con el objetivo expreso de buscar acuerdos probatorios y así reducir el tiempo del debate, limitando la prueba exclusivamente a las cuestiones sobre las que hay controversia entre las partes. Muchos tribunales conciben esta audiencia como una mera formalidad. Allí los jueces deben tener un rol mucho más activo y deben incentivar los acuerdos probatorios y buscar acotar la prueba, incluso exigiendo a las partes una mayor justificación acerca de la pertinencia y necesidad de la prueba que ofrecen para el juicio. Bien usada, esta audiencia debe contribuir a tener juicios más breves”.

- Adriana Taboada, familiar Comisión memoria, verdad y justicia Zona Norte. “10 años de juicios: centenares de denuncias en instrucción, decenas de juicios esperando su realización. El juicio y castigo a todos los culpables en una fuerte disputa contra la impunidad de civiles y responsables económicos del genocidio. La construcción de memoria continuará con las próximas generaciones, pero los juicios deben ser HOY porque así lo impone el ciclo de la vida. No es tiempo de cerrar procesos sino de profundizarlos y esto exige decisiones judiciales y políticas para que los genocidas no mueran impunes o el deterioro de su salud impida que respondan por sus crímenes. La justicia efectiva es el legado más fuerte que podemos ofrecer a las prácticas democráticas, por ello como familiar saludo iniciativas que tiendan a acelerar el ritmo de los juicios. La forma en que se juzgó a las Juntas militares (todo el día, todos los días aún en feria judicial) prueba que es posible. Propuestas como las de la PGN, que buscan acumular casos y realizar juicios con mayor número de víctimas y genocidas o establecer ejes como la Inteligencia, que posibilitaría investigar y juzgar la columna vertebral de todo el proceso represivo que hemos vivido, deberían ser escuchadas y llevadas a la acción”.

- José Schulman, Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “El poder despliega estrategias de impunidad que requieren replicas específicas. Contra la impunidad biológica se requiere una batería de decisiones: unificación de causas por Área Militar o similar, designación de Tribunales Orales con mandato de celeridad y celeridad para las audiencias, las apelaciones y todo tramite judicial. Hoy es el Poder Legislativo quien debe interpelar al Poder Judicial y al Gobierno que sabotean el proceso judicial y fomentan el ‘negacionismo’. Hay una Comisión Parlamentaria sobre los delitos del Poder Económico pero no se puso en marcha. Creemos que puede actuar como caja de resonancia en las causas de Acindar, Ford, Papel Prensa o Ledesma. Hace falta presión social e institucional para juzgar a los tíos, abuelos y padres de los que hoy gobiernan. Y contra la impunidad de los condenados asumimos como valido el dictamen de Rosanski cuando pregunta: ‘¿qué otro lugar puede ser justo para alojar a quién ha cometido graves crímenes, que no sea la prisión cuando la pena impuesta es de prisión, en el caso perpetua?’. Creemos útil una modificación a la ley que regula las ‘domiciliarias’ aclarando que por la índole de los delitos, la responsabilidad del estado en la mora en juzgarlos (40 años de impunidad estatal) y el carácter continuo de los delitos cometidos (desapariciones, robo de bebes, etc.) tal figura no corresponde para los condenados por delitos de lesa humanidad. Se debe aclarar una y otra vez que el carácter excepcional de los juicios se debe a la intervención estatal que construyó impunidad para el genocidio y que eso agravia nuestros derechos como victimas del genocidio”.