El gobierno nacional reclamó a Chile, por primera vez, por los argentinos asesinados en el país vecino por la dictadura de Augusto Pinochet. El reclamo consiste en una presentación, hecha por familiares de cuatro ejecutados o desaparecidos y el embajador argentino en Santiago, Carlos Abi-haggle, solicitando a la Corte Suprema chilena que designe a un juez especial para investigar estos casos. Según el escrito, son once los argentinos asesinados durante los primeros años del régimen de Pinochet. El embajador Abihaggle dijo que fueron muchos los familiares que viajaron desde distintas provincias argentinas a Santiago de Chile en busca de información y acompañamiento para llegar con sus reclamos a la Justicia. El listado de desaparecidos y ejecutados está integrado por diez hombres, casi todos menores de treinta años, y una mujer de 26. Muchos de los datos sobre los cuales se redactó la presentación judicial fueron extraídos del informe Rettig, un organismo similar a lo que fue la Conadep en la Argentina.