La causa por espionaje ilegal en la Base Almirante Zar resurgió con un testimonio explosivo: el ex cabo Luis Alberto Sánchez, quien trabajaba en la oficina de “contrainteligencia” de Puerto Belgrano, ratificó la denuncia inicial y confirmó la existencia de una red de espionaje político que trasciende la base de Trelew. “Todos los oficiales sabían del manejo de la información”, destacó Sánchez, quien incluso declaró que, en los cursos que hizo en 2001 y en 2005 en la Escuela de Inteligencia Nacional, se impartían clases sobre inteligencia política. La Escuela de Inteligencia depende del Estado Mayor Conjunto y enseña a las tres armas.

El caso del espionaje ilegal comenzó con la denuncia al CELS del cabo Carlos Alegre, que trabajaba con el equipo de inteligencia de Trelew, pero se negó a hacer actividades ilegales. Su rechazo le costó sanciones y un permanente maltrato. “Esto se hizo desde siempre”, le dijeron sus superiores. Gracias a los datos que aportó, se allanaron tanto la base de Trelew como la de Puerto Belgrano. En ambas encontraron fichas de inteligencia a políticos locales, nacionales, incluida la ministra de Defensa, Nilda Garré.

El proceso involucra a quince marinos, incluido el ex número tres de la Armada: el ex comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés y el director de Inteligencia Naval, Pablo Rossi, que fueron relevados de sus cargos cuando se descubrió el espionaje ilegal. El gobierno nacional también eliminó las oficinas de inteligencia de todas las bases.

El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, fue recusado reiteradas veces por la defensa, lo que paralizó la causa desde octubre pasado hasta ayer, cuando declaró Sánchez. Se trata de un cabo que trabajaba en contrainteligencia en Puerto Belgrano entre 2003 y 2004. Pidió la baja de la Armada el 1° de enero de 2007 y en febrero se presentó en el edificio Libertad para relatar que tenía información sobre el espionaje ilegal. En ese momento, las abogadas del Ministerio de Defensa le tomaron un acta, que luego fue enviada a Sastre.

En esa acta confirmó las denuncias de Alegre. Y remarcó la hipótesis de que no fue un hecho aislado, sino una red de espionaje político: aseguró que se reportaba periódicamente al Comando de Operaciones Navales, que dirigía Avilés. Sánchez dijo que tuvo que pasar por el mismo maltrato que Alegre al negarse a hacer actividades de inteligencia ilegal. “Eso me costó humillaciones, sanciones desmedidas, comentarios despectivos y discriminatorios”, dijo.

Y relató que le decían: “Vos sos rebelde y zurdito. Así que andá buscando otro trabajo porque a fin de año te vas de baja”. Ante el juez, insistió con que también lo discriminaban “porque era morocho”. Según su primer testimonio, en la base de Puerto Belgrano se hacía inteligencia de esa ciudad, Azul y otras localidades cercanas.

El cabo también había remarcado que parte de la información de inteligencia “se ocultó o se quemó” cuando se conocieron los primeros allanamientos en Trelew. Y señaló que quien las retiró fue “el capitán de Navío Fernando Pendido, que era el jefe”, un marino que hasta ahora no está involucrado en la investigación. Sin embargo, en la declaración judicial de ayer no volvió a hacer mención a este hecho. Al igual que Alegre, declaró como imputado, hasta que el juez establezca su rol en el espionaje.

Hoy le tocará el turno al suboficial principal Alfredo Luis Andrade, uno de los marinos directamente implicados en el espionaje de Trelew. Es probable que se niegue a declarar.