Mario Rotundo e Isabel Perón están enfrentados en una causa millonaria en España. El ex asesor de Perón le reclama a la viuda de Perón algo más de siete millones de dólares por una supuesta donación de bienes. El caso data de 1990, pero se activó en los últimos meses por las causas que se abrieron en Argentina contra la ex primera dama. En ese marco, Rotundo pidió a la Justicia un “embargo” preventivo de los bienes y ayer la Justicia española se lo concedió.

Rotundo acompañó a Perón en su exilio, como asesor y colaborador, entre 1955 y 1973. En España, donde todavía sigue viviendo, preside la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (Funpaz), cuyo directorio estuvo integrado también por la ex primera dama.

En 1990, la Fundación recibió de parte de Isabel Perón una donación de bienes del ex presidente, como objetos y piezas personales. De acuerdo con las versiones de la viuda, las donaciones eran piezas que podían ser destinados a museos, como sables o trajes. De acuerdo con las versiones de Rotundo, en cambio, ese compromiso incluía dinero de alguna o algunas cuentas. Por ese tema se inició una demanda penal que los memoriosos sitúan en 1992.

El pedido de embargo partió de esa vieja causa. Rotundo lo impulsó en los últimos meses, atemorizado por los juicios penales que acosan a la ex primera dama en Argentina y pueden llevarse sus dineros. En este momento, Isabel está detenida y con prisión domiciliaria en España por dos causas por crímenes de lesa humanidad. Uno de ellas está en manos del juez federal Norberto Oyarbide y se investiga su responsabilidad en los crímenes de la Triple A y la otra, en manos de un juez mendocino, Héctor Raúl Acosta, avanza sobre los llamados decretos de “aniquilamiento”.

Según los abogados de Rotundo, Funpaz solicitó el embargo para asegurarse de que Isabel pueda pagar la cantidad reclamada. Rotundo pide el producto de una escritura pública del 20 de abril de 1990 en Madrid. Abogados de Funpaz citados por la prensa española aseguraron en su momento que el objetivo de dicha escritura era cumplir la “voluntad de Perón”.

En este momento, la causa española está radicada en la ciudad de Móstoles, en el sur de Madrid, cerca de la residencia de Isabel. La jueza española Pilar Saldaña es quien conduce el proceso por presunta defraudación y fue quien ordenó trabar el embargo por 7.758.747 dólares sobre los bienes de la ex mandataria. Por la naturaleza “de los delitos por los cuales se ha solicitado la extradición de María Estela Martínez –escribió la magistrada en el embargo–, podrían resultar responsabilidades económicas de la misma, que disminuirían o incluso harían desaparecer su patrimonio”.