Domingo, 19 de agosto de 2007 | Hoy
EL PAíS › DANIEL VARIZAT TENIA “MIEDO DE QUE ME MATEN”
El ex ministro de Santa Cruz que atropelló a manifestantes sigue preso, mientras los sindicalistas hicieron una dura protesta.
“Tenía miedo de que me maten”, se justificó el ex ministro de Gobierno de Santa Cruz, Daniel Varizat, que permanece detenido, imputado de seis lesiones graves y al menos diez leves. Así salió a tratar de explicar los incidentes que protagonizó la noche del viernes, en los que atropelló a 17 trabajadores de los gremios docentes y estatales, que se concentraban para repudiar la presencia del matrimonio Kirchner en Río Gallegos. Hasta el momento cinco personas continúan internadas, una de ellas en cuidados intensivos y con pronóstico reservado. El gobernador, Daniel Peralta, calificó como “una barbaridad y un acto irracional” la actitud de Varizat y aseguró que el Presidente y Cristina Fernández “están muy preocupados por lo que pasó”. En una conferencia de prensa se despegó del imputado al aclarar que “no es funcionario de este gobierno” sino que “tiene una planta permanente” en la empresa minera estatal Fomicruz. El ex ministro había dejado su puesto tras el conflicto docente que llevó a la renuncia del entonces gobernador Carlos Sancho.
Al mediodía de ayer, la Mesa de Unidad Sindical realizó una marcha en reclamo de la destitución del jefe policial, Wilfredo Roque, el retiro de los efectivos de gendarmería y la actuación de la Justicia contra Varizat. Tras forcejeos con la policía y derribar el vallado que les impedía ingresar en la gobernación, Daniel Peralta fue hasta la sede del Ejecutivo y se reunió con los manifestantes. Durante la madrugada, dos jóvenes que no fueron identificados habían quemado con bombas molotov la carpa de la dignidad instalada por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) frente a la Casa de Gobierno. El incendio fue apagado por dos oficiales de la policía.
Sobre el pedido de renuncia del jefe de esa fuerza, Peralta aseguró que “está en evaluación, pero por el momento no hay una resolución al respecto”. Fuentes que participaron de la reunión en la Casa de Gobierno provincial contaron a Página/12 que sería una orden del Presidente, que no está dispuesto a “entregar” a Roque.
El fiscal de la causa, Andrés Vivanco, contó a este diario que Varizat está detenido, imputado de lesiones dolosas. Se supone que el ex funcionario intentó avanzar con su camioneta 4x4 en tres oportunidades. Por esa sumatoria de hechos se calcula que podría otorgársele la pena máxima del código penal. Pese a estar detenido, Varizat hizo declaraciones a Radio 10 en las que justificó su actitud: “Yo estaba con otras personas, y me empezaron a insultar, y a golpear la camioneta. Primero pensé que iban a hacer algunos destrozos pero después los ánimos se pusieron más caldeados”. Por el momento todavía no prestó declaración indagatoria y no se conoce quiénes van a integrar su defensa. El caso está en manos de la jueza Valeria López Leston, que según el abogado de Adosac Dino Zafrani es prima del presidente Kirchner. El matrimonio viajó a las tres de la tarde a su casa en El Calafate y quedaron suspendidos los anuncios de inversiones que estaban previstos para ayer. La Mesa de Unidad Sindical convocó para el martes a un paro total de actividades a la espera de consecuencias políticas del hecho y de las recomposiciones salariales que venían reclamando.
Distintos referentes de la oposición tanto provincial como nacional manifestaron su rechazo con lo sucedido. El obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Juan Carlos Romanín, expresó que la violencia “empañó la movilización pacífica de los trabajadores y vecinos de Río Gallegos”. Además hizo referencia a la situación judicial: “Ya es tiempo de que la Justicia en Santa Cruz pueda independizarse del poder político”. La candidata presidencial por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que se trató de “un atropello criminal” contra el pueblo que “reclama dejar de cobrar el 90 por ciento de sus salarios en negro”. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) señaló que “nuevamente este funcionario demuestra su autoritarismo y su agresión hacia los sectores sociales”. Desde la Izquierda, Vilma Ripoll afirmó que lo sucedido es un “preanuncio de lo que será el gobierno de Cristina Fernández”.
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