Mauricio Macri viene reclamando al Gobierno el traspaso de fondos para tener una policía de la ciudad. Pero contradiciendo esa cruzada por la autonomía porteña, Luis Miyar, el representante que el PRO designó en el Instituto de Juegos de Apuestas de la Capital, cedió a la Lotería Nacional el negocio de los bingos, resignando importantes fondos que podrían financiar numerosas actividades de la ciudad.

Miyar es director ejecutivo de Asuntos Jurídicos y, de acuerdo con la ley 916, que creó el Instituto en 2002, se ocupa de emitir opinión en todas las cuestiones legales y efectuar denuncias por posibles infracciones.

El artículo 50 de la Constitución porteña delega en la ciudad la explotación de los juegos de azar y prohíbe expresamente su concesión o privatización. Pese a ello, esta semana fue Lotería la que abrió el proceso licitatorio para los cinco bingos que operan en la ciudad. Se convirtió así en el único distrito del país donde no se respeta la autonomía.

Los bingos son un negocio redondo. La recaudación anual estimada de las cinco salas que operan es de 120 millones de dólares. El pliego de bases y condiciones conocido esta semana establece un nuevo contrato de siete años con opción a una prórroga por tres años más. De acuerdo con el pliego, el 64 por ciento de la recaudación se paga en premios, el 1,8 va a entidades de bien público y el 16,2 es para la empresa. La ciudad y Lotería deben repartirse en partes iguales el 12 por ciento restante.

El macrista Federico Pinedo lanzó quejas al viento al entender que la licitación no respeta el sistema federal vigente y prometió dar batalla cuando Macri asuma la Jefatura de Gobierno, el próximo 10 de diciembre. ¿El titular de la bancada de Diputados de PRO no sabía que fue un hombre de sus filas el responsable del andamiaje legal para la participación de Lotería?

Pese a que muchos oferentes ya han erogado los 60 mil pesos necesarios para acceder a las bases y condiciones, el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, podría bajarle el pulgar a la licitación, que ni siquiera fue consentida por la Legislatura. “Estoy en pleno estudio del tema, y estaríamos ante la presencia de una transgresión a la Constitución de la ciudad. Seguramente en las próximas horas habrá una respuesta jurídica”, señaló a Página/12 el funcionario de cuya órbita depende el Instituto de Juegos de Apuestas. Hace una semana, Rodríguez estuvo a punto de pedir la renuncia del titular de ese Instituto, Carlos Alberto Gallo. El ministro de Jorge Telerman se sintió puenteado en la resolución de un negocio tan sensible como millonario. El clima en la Jefatura de gobierno es denso.

Entre Gallo y medianoche

Los bingos porteños comenzaron a abrir sus puertas en 1993. Hoy operan cinco salas: Lavalle (Lavalle 842), Belgrano (Cabildo 3200), Congreso (Rivadavia 2250), Caballito (Rosario 744) y Flores (San Pedrito 49). Sus contratos vencieron en 2005 pero Lotería los extendió por dos años más. Cuatro de las salas se reparten entre dos dueños, Samuel Liberman y Nazareno Laquanitti.

Desde la reforma constitucional que fijó la autonomía porteña, en 1994, la ciudad y la Nación vienen disputándose el control de las salas. Llegaron al ridículo de convocar simultáneamente a una licitación y a un concurso para adjudicar el negocio, que derivó en una contienda judicial. Finalmente firmaron una tregua y las tratativas quedaron en manos de una Comisión de Enlace, integrada por representantes del Instituto porteño y Lotería. Como primer paso convinieron en que la Nación mantenga durante una etapa de transición las facultades que la autonomía porteña le asignó a la ciudad. Fue en ese contexto que el macrista Miyar dictaminó a favor de “mantener la exclusividad de Lotería en la explotación, comercialización, y fiscalización de los juegos de azar”, convalidando así la no vigencia de la propia Constitución de la ciudad.

De esta forma, el 6 por ciento que la ciudad recibirá de la recaudación total de los bingos manejados por Lotería será destinado a la salud y a los hospitales, pero no habrá fondos extras para la policía que sueña Macri. El Instituto actuó mientras se desarrollaba la campaña proselitista. Es improbable que tanto el líder de PRO como su mano derecha, el empresario Nicolás Caputo, hayan estado ajenos a la resolución de un tema que afecta el presupuesto de la ciudad.

Tras vencer en las elecciones de junio, Macri levantó ante Néstor Kirchner la bandera de la autonomía. El eje del encuentro con el Presidente fue el traspaso de la policía y los fondos para financiarla. El paquete de reclamos se completó con un pedido de Justicia propia, la administración del puerto y la injerencia en el manejo del servicio de transporte.

¿Por qué Miyar hizo caso omiso a la prédica independentista de su jefe político? Aunque evitó una respuesta política, admitió a este diario que su dictamen podría derivar en una sanción partidaria con formato de renuncia (ver aparte).

Miyar no fue el único que puso freno a la autonomía porteña. Este abogado de 44 años y carrera en la administración pública es apenas uno de los cuatro directores ejecutivos del instituto que presidente Gallo, a quien ahora el gobierno de la ciudad tiene en la mira. Los otros son el también macrista José Luis Ibarzábal (Finanzas), Noemí Sosa (Juegos y Mercadotecnia) y Miguel Angel Eviner (Administración).

Gallo es un caracterizado hombre del negocio del juego. Se inició en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Asumió en Lotería Nacional durante la gestión de Eduardo Duhalde. Y terminó en el Instituto de Juegos de Apuestas porteño.

En su currículum figura un procesamiento por la irregular concesión del lujoso salón de fiestas Tattersall y las cinco hectáreas que lo rodean, en el Hipódromo de Palermo. “Defraudación por administración infiel” fue el cargo por aquella concesión a un precio que la Justicia consideró irrisorio. No se descarta por estas horas que Telerman, a instancias de Enrique Rodríguez, lo separe del cargo.