Sin que se diera cuenta, Julio López tuvo una misteriosa compañía diez días antes de desaparecer. “¿Y éste quién es?”, se empezaron a preguntar sus compañeros al ver una serie de fotos de actos y reuniones políticas de los que había participado López. Nadie conocía a ese hombre mayor, de pelo ralo. Hace nueve meses esas fotos llegaron al juzgado por la sospecha de que el desconocido hubiera espiado a su entorno para realizar la inteligencia previa al secuestro. Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense lo identificó como Oscar Raúl Chicano, ex secretario privado del represor Miguel Etchecolatz. La fuente del funcionario fue un testigo de identidad reservada que además relató un encuentro de ex militares y ex policías, del que participó Chicano, en el que planeaban un golpe de Estado y hablaban del avance de los juicios de lesa humanidad. Hace tres semanas, el juez allanó las casas de cuatro miembros de esa banda y encontró panfletos carapintada y de partidos marginales, armas, símbolos nazis, y volantes sobre López. Esta es la hipótesis más activa en la investigación sobre el destino del testigo que contribuyó a la condena de Etchecolatz, pero no es la única. Se complementa con la que aportó un periodista alemán –que afirmó que a López lo mataron el mismo 18 de septiembre por haberse negado a desdecirse de su declaración– y con el descubrimiento de que una ex asistente de Etchecolatz vive a pocos metros del último lugar donde fue visto López ese día.

Al igual que Chicano, esta mujer también integró la secretaría privada cuando Etchecolatz era el director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y en la actualidad pertenece a la misma fuerza. Por este motivo, el juez federal Arnaldo Corazza determinó que sea investigada sólo por la Federal y la Secretaría de Inteligencia. Uno de los testigos que afirmaron haber visto a López caminando por su barrio, Los Hornos, entre las 9 y las 10 y media del 18, es vecino de la mujer. Sobre la misma calle que viven hay un local de Edelap, luego viene la vivienda de la mujer y muy cerca la del testigo, el último que vio a López.

Pista DPA

A mediados de mayo el periodista alemán Jan Uwe Ronneburger, corresponsal de la agencia DPA (Deutsche Presse Agentur), “tuvo conocimiento por medio de dos mujeres y dos varones de que Julio López habría sido inducido a cambiar, el día de los alegatos contra el detenido Miguel Etchecolatz, el testimonio que había prestado con anterioridad ante el Tribunal Oral 1, y que ese extremo conllevaría un cambio político del juicio, toda vez que habría puesto en tela de juicio todos los demás testimonios de la causa”, según consta en su declaración a la que Página/12 tuvo acceso. El periodista, que había plasmado esto en un cable de su agencia del 21 de diciembre de 2006, aclaró que sus fuentes eran civiles y que se acercaron a un representante del Poder Ejecutivo nacional, a quien “entregaron toda la documentación bajo reserva de confidencialidad pero como ayuda a las autoridades para ver qué pasaba con López”.

Según Ronneburger, sus fuentes le refirieron que la respuesta fue que “pudieron ser ex represores”, y respecto de la veracidad de la versión el funcionario les dijo que “el camino era el correcto y les aconsejó que tuvieran cuidado”. Página/12 pudo saber que la persona contactada por las fuentes del periodista sería una funcionaria del Ministerio de Justicia, de rango medio. Cuando el juez Corazza le preguntó si podía aportar algún elemento que permita individualizar a quienes asesinaron a López, el periodista respondió que “la respuesta del Poder Ejecutivo fue que López fue asesinado el 18 de septiembre de 2006”, aunque aclaró que esto “no le consta sino que se lo relataron sus fuentes.

El juez Corazza considera factible que los hechos se hayan desarrollado de esta manera, según comentó a este diario una alta fuente del caso. Cuatro testigos vieron a López caminando por el barrio, en dirección contraria a los tribunales donde lo esperaban. El magistrado destaca el dato de que la defensa de Etchecolatz había pedido ese día la postergación de los alegatos, como para tener tiempo de forzar a López a desdecirse de su declaración incriminatoria no sólo de ese represor, ex mano derecha de Ramón Camps, sino de otros siete ex policías. En esa línea, el testigo habría ido a una reunión en el lugar donde fue visto por última vez, en la que habrían intentado inducirlo a cambiar sus dichos, y de la que pudo no haber salido con vida. Si López salió de su casa por propia voluntad se disipan varios de los interrogantes sobre cómo abandonó la vivienda (se puso los borceguíes que usaba para ocasiones especiales, apagó las luces y cerró una ventana) y por qué ésta no presentaba ningún signo de violencia.

Pista Chicano

El superintendente Oscar Alberto Farinelli, ex miembro de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense (Dipba), fue encargado de identificar al hombre que aparece en las fotos al lado de López. Lo hizo con un testigo de identidad reservada que suministró el nombre de Chicano y también dijo haber participado de una reunión política, en febrero de 2007, junto a doce personas “lideradas por el teniente coronel (retirado Anselmo) Palavezatti”, que dijo tener “grupos de combate en todo el país para dar un golpe de Estado”. En otra foja del expediente figura que el testigo afirmó que en ese encuentro se habló del avance de los “juicios de lesa humanidad”. Luego de su declaración, personal de la Policía Bonaerense le exhibió las fotos que habían llamado la atención a los compañeros y compañeras de López, y el testigo reconoció a Chicano.

Cuando los enviados del juez Corazza allanaron su casa y las de los demás participantes de esa reunión (Palavezzatti, Sanz Salaregui y Aldo Conter), encontraron folletos del Partido Popular de la Reconstrucción (PPR) con la leyenda “boletín informativo Mohamed Alí Seineldín en Libertad, lista 51”, cargadores vacíos para pistola 9 milímetros, variedad de cartuchos, una pistola Browning 9 milímetros, una cartilla de adiestramiento de conducción de grupos y hojas de afiliación al PPR, elementos de computación, celulares, volantes sobre la recompensa por López, un informe titulado “Serían delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos por la subversión en los ’70”, una cartilla del Partido Revolucionario Etico, otra pistola calibre 22, materiales químicos, un cuadro con un águila y una esvástica y una pistola del Ejército.

La situación de los dueños de esas viviendas allanadas depende del peritaje que los investigadores están terminando respecto del material informático. Página/12 pudo saber que entre los planes delirantes que aparecen figura la idea de “utilizar a los beneficiarios de los Planes Trabajar para cultivar el campo”, tras el golpe que les permitiría acceder al poder. Más allá del vínculo con el secuestro de López, la fuente consultada afirmó que “esto dará inicio a otra causa”.

Hay elementos en la causa para vincular a esa banda mixta con los represores detenidos en Marcos Paz. En el juzgado están convencidos de que son grupos con “códigos, lealtades y dinero”, lo cual les da el grado de autonomía de una “sociedad anónima”, tal como la denominó la fuente, parafraseando a un importante funcionario del gobierno nacional. ¿Puede haber sido planeado allí el secuestro?, quiso saber Página/12. “Es perfectamente posible”, respondió la fuente.

El capellán y el pariente

El fiscal del caso, Sergio Franco, sospecha respecto de la posible participación del ex capellán policial en el secuestro, porque su juicio era el que seguía al de Etchecolatz. El teléfono de Von Wernich aparece en la agenda de Etchecolatz, y la investigación determinó que ese número está a nombre de una agencia de seguridad (Tipper Car Security) vinculada a otro ex miembro de la patota de Etchecolatz, el comisario Rousse. Del cruce de llamadas los días previos y posteriores a la desaparición de López surgen comunicaciones con la cárcel de Marcos Paz.

A fojas 3202 del expediente surge que un testigo de identidad reservada acusó a un familiar directo de López de haberlo amenazado con matarlo porque había descubierto un secreto íntimo de este hombre. Fue intervenido el teléfono del familiar pero como fue avisado de esta situación toda la pesquisa quedó viciada. El juez terminó investigando al denunciante y encontró que se trata de una persona que estuvo vinculada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, abogadas de López en el juicio contra Etchecolatz y querellantes en esta investigación, se quejaron ante Página/12 de que las medidas se toman “tarde y mal, y por eso frustran las pistas fundamentales”. Godoy destacó que los policías nombrados por López en sus declaraciones judiciales “no fueron investigados”, y esto lo reconocen en el expediente las propias fuerzas de seguridad actuantes. Se trata de Julio César Garachico, que tiene un casino en Esquel, Urcola, Manopla Gómez, Peralta, el cabo Gigena y Jorge Ponce.

A modo de ejemplo enumeraron que la agenda de Etchecolatz aún no fue incorporada al sistema de cruce de llamadas, que la computadora del juzgado de Corazza no tiene capacidad para abrirlo, y que el Ministerio de Seguridad habría permitido que el hijo de Chicano saque fotocopias del expediente, siendo que estaba bajo la mira y su casa fue allanada meses después. Las letradas se alarmaron de que el encargado del la “pista infiltrado” haya trabajado en “nada menos que en la Dipba (Etchecolatz) en la dictadura”. Y agregaron que los recientes allanamientos a las casas y al penal de Marcos Paz se hicieron sin presencia de funcionarios judiciales. En este sentido, la falta de control llegó al punto de que el fiscal Franco hizo una denuncia penal contra el Servicio Penitenciario Federal por haber ocultado pruebas que “habrían sido esenciales para esclarecer el caso”. Por todas estas razones, Bregman y Godoy enfatizaron que “tiene que quedar clara la responsabilidad de los que investigan, y si no podemos encontrar a los secuestradores y hay tanto encubrimiento avancemos en busca de los encubridores”. Según ellas, “como no se pondera cada pista lo importante queda diluido”. Bregman concluyó que “a un año estamos 1 a 0: 1 año, cero imputados”. Y Godoy completó que “no hay voluntad política para saber qué grupo se llevó a Julio, si fue la derecha, los carapintadas, los milicos o todos juntos, y esto sólo instala una enorme incertidumbre social como ocurre con los casos impunes, como la AMIA”. Ante este escenario desde la agrupación Justicia Ya! La Plata se preguntaron “de dónde viene el reiterado optimismo de Aníbal Fernández o de León Arslanian, y el porqué de la pasividad del juez Corazza frente a estas anormalidades”.