El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos será quien tendrá ahora que decidir si MFC, la joven de 19 años que sufre una discapacidad mental severa y quedó embarazada en una violación, puede acceder al derecho previsto en la ley de interrumpir esa gestación forzosa. El padre biológico, con el patrocinio de un activo militante católico, esperó a último momento para recurrir la sentencia de la Cámara en lo Civil de Paraná, que una semana atrás levantó la prohibición de realizarle la intervención médica. Ayer, al borde del plazo legal previsto para apelar, presentó el recurso y consiguió así estirar y dilatar aún más los tiempos jurídicos. Con esta jugada el abogado Mario Martínez busca que cada vez sea más compleja la práctica del aborto no punible, por lo avanzado de la gestación.

Ayer se cumplió un mes desde que Marta Gauna, la madre de MFC, planteó como representante legal de la adolescente su intención de poner fin a ese embarazo producto de un abuso sexual. Gauna sigue firme en su reclamo: en diálogo con Página/12 señaló que no ha cambiado de posición. “Quiero Justicia, quiero que se cumpla con la ley, quiero que le hagan a mi hija lo que pedí”, insistió desde su casa en el humilde barrio Humito, de las afueras de la ciudad de Paraná, en referencia al aborto no punible que el 15 de agosto pidió en el Hospital Materno-Infantil de San Roque, cuando se comprobó a través de una ecografía que la muchachita, que no sabe escribir ni leer, que tiene un coeficiente intelectual de una nena y dificultades para controlar esfínteres, estaba embarazada. Por entonces, la gestación era de 13 semanas y media. El grado de discapacidad fue corroborado por un médico forense y también por profesionales del mismo hospital.

La interrupción del embarazo, en este caso, no sería delito porque encuadra en los supuestos del artículo 86 del Código Penal, que establece como no punible el aborto cuando la gestación es producto “de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. Según trascendió ayer en fuentes judiciales, el recurso presentado por Sergio Colman, padre biológico de MFC, cuestiona la aplicabilidad de la ley en este caso.

Hace un mes que el caso está dando vueltas en la Justicia de Paraná. En el Hospital San Roque le exigieron a Gauna la denuncia judicial del abuso sexual. Cuando la presentó –señaló como posible autor a un familiar– y planteó en los tribunales su deseo de que se interrumpa la gestación, el juez de instrucción Ricardo Bonazola, en quien recayó la causa dio intervención a una defensora oficial en representación del feto. Esa funcionaria judicial, Marcela Piterson, empezó a bloquear el cumplimiento de la ley al pedir a la jueza de Menores y Familia Claudia Salomón una medida de no innovar para impedir que se practicara el aborto no punible. La magistrada hizo lugar al planteo de Piterson y además asignó la guarda de la jovencita y del no nacido al Consejo Provincial del Menor, que la tuvo una semana encerrada en un hogar, lejos de su familia, con un estricto régimen de visita.

El andamiaje legal para obstaculizar el acceso al aborto no punible fue desarmado el viernes 7 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, en un fallo que no sólo levantó la prohibición de practicarle el aborto, sino que además respaldó la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal y aclaró que no se requiere autorización judicial para realizar la intervención médica. También le devolvió la guarda de la chica a su madre. Fue un gran triunfo del defensor oficial que la patrocina, Pablo Barbirotto.

El plazo para recurrir la sentencia del tribunal de Alzada vencía ayer. El padre biológico de MFC es empleado de limpieza del Túnel Subfluvial y hace 16 años, cuando se separó de Gauna, que no ve a su hija. Nunca se ocupó de su manutención. Sin embargo, expresó en la Justicia y comunicó al Hospital San Roque que está en contra de la interrupción del embarazo. Y ayer recurrió el fallo de segunda instancia. Tal como informó este diario, a Colman lo patrocina un abogado laboralista, activo militante católico de Paraná. Y según confiaron fuentes judiciales que tuvieron contacto con el padre biológico de MFC, al hombre le estarían diciendo que podría ser denunciado penalmente si no frena el aborto.

El embarazo de MFC ronda las 17 semanas y media. A LMR, la adolescente de Guernica, que el año pasado tuvo que enfrentar en la Justicia bonaerense una batalla legal similar a la que hoy le toca a la chica entrerriana, le practicaron en la semana 22 de gestación el aborto no punible que reclamaba. También tenía una discapacidad mental severa y había sido abusada sexualmente. Pero tuvo que recurrir a una clínica privada –con el apoyo del movimiento de mujeres– porque en el sector público, a pesar de tener la venia de la Suprema Corte de la provincia, no consiguió un médico que aceptara realizar la operación. En el Hospital Evita de Lanús, en 2005, hicieron un aborto no punible, en este caso fundado en motivos terapéuticos, a una mujer con una cardiopatía, obesa e hipertensa, que cursaba la semana 23 de embarazo. Ahora el caso quedó en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.