La Ley 22.924, de “Pacificación Nacional”, fue promulgada el 22 de septiembre de 1983 y se hizo conocida como ley de autoamnistía.

El artículo 1 declaraba “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”. El artículo 5 decía que “nadie” podría “ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores”. El 12 ordenaba a los “Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º” rechazarlas “sin sustanciación alguna”. Luego de asumir, Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley para derogar dicha ley. Dicha derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso Argentino tras la restitución de la democracia.