Ni el Tigre Acosta ni Adolfo Donda Tigel, ni los demás procesados por crímenes de lesa humanidad cobran una pensión honorífica como ex combatientes en las islas Malvinas. Esas pensiones, equivalen a tres haberes jubilatorios mínimos, que en marzo ascendían a 1965 pesos. Fueron instituidas por el decreto 886/05, cuyo texto excluyó del beneficio a los condenados por violación de los derechos humanos, por traición a la Patria, por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática, o sedición. Pero permitía el cobro a los indultados y a los procesados aun sin condena. Ante el reclamo de distintos organismos de derechos humanos, el Director Ejecutivo de la ANSES, Claudio Moroni, ordenó la suspensión del beneficio a los procesados y convino con el ministro de Justicia Aníbal Fernández un control mensual sobre la situación de cada pensionado: quienes sean procesados dejarán de cobrar y sólo volverán a hacerlo si son absueltos. Entre los que vieron suspendido el pago están los ex marinos Ricardo Guillermo Corbetta, Juan Carlos Rolón, Juan José Lombardo, Hugo Enrique Damario, Antonio Pernías y Jorge Eduardo Acosta, el general Osvaldo Jorge García y el suboficial del Ejército Juan Carlos Camicha. Esta semana el juez Sergio Torres solicitó la captura de los marinos de la ESMA Carlos Eduardo Daviou y Julio César Binotti. Junto con el procesamiento dejarán de recibir el premio por Malvinas. No lo necesitarán, porque el Estado les dará cama y comida.