Avanzan a buen ritmo las operaciones para deslegitimar y/o detener los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado que desde hace muchos años impulsan los organismos defensores de los derechos humanos y que en 2008 se extendieron a todo el país con condenas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, La Plata y Corrientes. En los últimos días hubo manifestaciones teóricas y prácticas de este intento regresivo. Un editorial del diario La Nación sostuvo que era insostenible la doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad. Llegó a insinuar que los jueces terminarían siendo cómplices de crímenes de lesa humanidad si no revisaran esa jurisprudencia, por la cual la persecución penal se limita al Estado y no se extiende a quienes militaron en organizaciones político-militares. En forma casi simultánea, el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure sostuvo que las guerrillas eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que los delitos cometidos por sus miembros tampoco habrían prescripto. El periodista Ceferino Reato publicó el libro Operación Traviata, en el que confirma lo que hace muchos años se sabe, sobre la autoría montonera del asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci en 1973. Sostiene que dos de las personas que participaron no fueron desaparecidas ni asesinadas después por la dictadura. Los hijos de Rucci, con el patrocinio del ex ministro duhaldista Jorge Casanovas, pidieron conocer quiénes son esas personas, que Reato no nombra. El secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo dispuso reabrir la causa, incorporar el libro como prueba y citar como testigo al autor. Todo esto ocurrió en el lapso de diez días. Si identifica a los presuntos responsables, Lijo deberá decidir si puede procesarlos o los 35 años transcurridos han hecho cesar esa posibilidad. Al mismo tiempo que estas cosas ocurrían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata la esposa y los hijos de Jorge Julio López, patrocinados por los abogados Alfredo Gascón y Hugo Wortman Jofré, en nombre de una Fundación Soporte, querellaron a los jueces del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz, a los fiscales y a los organismos defensores de los derechos humanos que intervinieron en representación de López, porque sabían que corría riesgos y omitieron protegerlo. Esta extraña presentación afirma que López “jamás militó ni adhirió a ninguna agrupación subversiva” y que sólo acudía a una Unidad Básica para realizar “actividades sociales y comunitarias”. En el juicio el albañil dijo que había pertenecido a Montoneros y acusó a Mario Firmenich de haberse llevado el dinero de la organización, dejando inermes a los militantes. Gascón fue abogado defensor del banquero Pablo Trusso, del juez Amílcar Vara cuando fue destituido por encubrir las desapariciones del estudiante Miguel Bru y el obrero Andrés Núñez, a manos de policías bonaerenses. Ahora defiende a la mujer policía que noviaba con uno de los tres policías asesinados en la planta transmisora de La Plata y con uno de los sospechosos del crimen. Wortman Joffré es el socio de Luis Moreno Ocampo que quedó a cargo del estudio cuando el ex fiscal asumió en el Tribunal Penal Internacional, desde el que también intenta equiparar los atentados de la guerrilla con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los estados, prescindiendo de la fecha en que ocurrieron. Desde los juicios de Nuremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial hasta el tratado de Roma, de 1998, la distinción era nítida. Con pocos días de diferencia a esta denuncia la Policía Federal elevó al turbio juez Arnaldo Corazza una propuesta de utilizar “técnicas de perfilación criminal” para realizar una “autopsia psicológica de López” y así conocer “su personalidad y su entorno socio-familiar, focalizando en los últimos días de su vida y sus factores de riesgo”. La propuesta, con participación de la Gendarmería, de la policía judicial de Córdoba, de un profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Policía Federal de Investigación Criminal de Alemania consiste en reunir elementos “para hacer inferencias sobre el estado mental de la persona bajo estudio” y “sospechar los motivos de su ausentismo”. Para ello estudiarían todas las declaraciones de López y entrevistarían a “familiares y a personas allegadas”. En un reportaje acerca de la reapertura de la causa Rucci el ex jefe montonero Roberto Cirilo Perdía dijo que se intentaba reimplantar “en los niveles más altos la teoría de los dos demonios” y señaló como responsable al poder económico, sector “que los Kirchner no afectaron en lo más mínimo” y cuya “reaparición se produce frente a un gobierno que se está yendo, que está perdiendo su fuerza”.