Los cinco represores juzgados por crímenes de lesa humanidad en San Luis tendrán mañana oportunidad de ampliar su declaración indagatoria. A primera hora el Tribunal Oral Federal informará si concede o no al obispo emérito Juan Rodolfo Laise (foto) y al camarista mendocino Carlos Pereyra González el privilegio de declarar por escrito y no como el resto de los testigos. Laise ordenó hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse, según denunció el general Miguel Angel Fernández Gez. El abogado de la APDH local, Enrique Ponce, solicitó que, en caso de no poder viajar desde su residencia en Italia, declare por videoconferencia. Pereyra González fue sindicado por presenciar interrogatorios bajo torturas por un ex chofer de otro imputado, el capitán Carlos Plá. El tribunal debe decidir si revoca la prisión domiciliaria de Fernández Gez y del ex comisario Víctor Becerra, pedida por los querellantes para evitar que se reúnan con viejos compañeros de tareas, como lo hizo Plá mientras estuvo prófugo, y con testigos del juicio que actuaron bajo su mando y mal asesorados podrían convertirse en imputados. Los jueces también deben resolver si aceptan que declaren como testigos el ex juez militar Jorge Amado, que simuló instruir la causa en 1984, y el ex camarista mendocino Juan Antonio González Macías, que esclareció el homicidio de Graciela Fiochetti en 1986.