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El ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, detenido en Marcos Paz en la causa del espionaje, pidió que le concedan la excarcelación, algo que por el momento parece poco probable. El juez Norberto Oyarbide resolvería hoy el planteo del comisario retirado. Lo cierto es que el magistrado, desde que ordenó su detención, sostuvo que podía entorpecer la investigación debido a los medios y los contactos con los que cuenta. En unos días deberá decidir si lo procesa. El ex policía Ciro James, con quien los investigadores creen que Palacios actuó en combinación, está preso desde comienzos de octubre.

Por lo pronto, Oyarbide considera a Palacios sospechoso de haber mandado a pinchar el teléfono de Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, quien fue un ferviente impulsor de su desplazamiento de la jefatura de la Metropolitana. La intervención telefónica fue gestionada cuando estaba en tela de juicio su permanencia en ese puesto y se produjo cuando era inmimente su procesamiento por encubrimiento del atentado a la AMIA. Palacios mantenía una relación estrecha, con llamados telefónicos permanentes, con el ex policía y espía Ciro James, quien –se comprobó– retiraba las escuchas de oficina de la SIDE. Hablaban incluso en momentos claves de las escuchas.

El abogado de Palacios, Diego Richards, negó que pueda entorpecer la investigación. Intentó hacer notar que su cliente se presentó voluntariamente cuando supo que Oyarbide le rechazaría el pedido de eximición de prisión. El fiscal Jorge Di Lello dictaminó que Palacios debería seguir detenido, aunque dijo que acepta el criterio que decida seguir el juez.

Por ahora a Palacios se le imputan delitos excarcelables como los de intervenciones telefónicas indebidas y falsedad ideológica de documento. El segundo es porque los nombres de Burstein y otros ocho espiados fueron insertados en causas penales en trámite en Misiones (robos y homicidios) haciéndolos pasar como vinculados con algún prófugo para justificar las escuchas que eran ordenadas por dos jueces de Posadas, Horacio Gallardo y José Luis Rey. A Burstein, que no pisa Misiones hace veinte años, se lo señaló como un comerciante dedicado al contrabando.

Ayer se presentó a declarar como testigo la legisladora porteña Gabriela Cerruti, quien advirtió que durante la campaña electoral de 2007 para jefe de Gobierno porteño ya se hablaba de escuchas ilegales. “En una reunión del equipo de campaña me pidieron tanto a mí como al resto de los funcionarios y candidatos que no usaran los celulares o mails para cosas personales, porque había una información que decía que el candidato opositor, que era Mauricio Macri, tenía al Fino Palacios interviniendo los teléfonos de todo el mundo, incluyendo a su propia gente”.

También relató que presentó un pedido de informes en la Legislatura tras la asunción de Humberto Schiavone en la Corporación del Sur –quien había sido miembro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones durante el gobierno de Ramón Puerta– puesto que su titular recibía habitualmente a Palacios en sus oficinas, lo que hacía suponer que contrataría los servicios de su empresa de seguridad. Su preocupación, explicó, era que no se hiciera una contratación directa. Cerruti agregó que la fiscal que pidió las escuchas en la causa de Misiones (en alusión a Amalia Spinnato) “es prima hermana del ex gobernador Puerta”. Contó que la mujer frecuentaba una plantación del ex mandatario llamda El Cruce y dijo que el domicilio que años atrás fijó Macri en Misiones era, precisamente, el de ese lugar.