Existen 18 plantas verificadoras, una en cada Delegación Departamental de Investigaciones que, a un promedio de 100 a 150 vehículos diarios, hacen un promedio de al menos 2000 vehículos diarios en toda la provincia. Las plantas, según se lee entrelíneas en la denuncia de Stornelli, es un eslabón clave para el mercado negro del robo de vehículos porque allí se entregan los certificados que habilitan al vehículo a su compraventa. En pocas palabras, para que el auto robado ingrese blanqueado al mercado automotor requiere del certificado verificador que lo ingresará luego al Registro de la Propiedad Automotor. En todas las ciudades bonaerenses donde funciona una delegación del RPA, existen delegaciones policiales que otorgan los correspondientes avales. Y hecha la ley, hecha la trampa. Lo que ahora se está denunciando es que esa trampa la produce personal policial en funciones y que existen serias sospechas de que hay capacidad de reclutar jóvenes como sicarios tanto para desestabilizar como para cometer los robos que proveerán al negocio.

De las irregularidades detectadas y que se intentó subsanar (lo que supuestamente provocó la reacción) una de las claves es la venta de formularios firmados, sellados, pero en blanco. Esos formularios son los que dan fe que en la verificación no se detectaron anormalidades como podría ser un número de motor adulterado. Según conocedores del ramo, reingresar un auto robado al circuito legal cuesta entre 500 y 1000 pesos. La clave, los formularios, se pueden obtener en los comercios que operan en la zona de las plantas verificadoras.

En la denuncia, Stornelli hizo mención al grabado de cristales. La operación consiste en obligar al grabado de los cristales, que no es obligatorio por ley, a un valor de 70 pesos. Los grabadores no son policías, trabajan para una empresa externa, dentro de la misma planta y se visten con uniformes azules, igual que los peritos, con lo que no se los puede distinguir. El grabado “obligatorio” se cobra y se realiza después de que el interesado haya pagado el formulario y arancel correspondiente, con lo que no le quedan alternativas de volver otro día o desistir de la operación. Según los expertos, las empresas combinadas con los “dueños de todo y sus jefes con voluntad” (ver nota principal) acuerdan con entregar el 50 por ciento de lo recaudado. A dos mil autos por día, y setenta pesos por grabado, basta hacer números para tener idea de la capacidad recaudadora de apenas un sector de la verificación. Pero además, muchos de los talleres que funcionan alrededor de las verificadoras “están vinculados con el negocio en negro –describió un perito– y asientan en sus libros de registro vehículos robados como legales”. También existen talleres no habilitados, que funcionan en garajes particulares donde la vista gorda es más obesa. “Muchas veces, cuando hay fricción con el tallerista –explicó un ex comisario– y éste no tiene los libros en regla, le llevan un auto robado con pedido de secuestro, y al rato cae un operativo policial.”