El ministerio de Trabajo de Mendoza detectó campamentos donde se explota el ilegal trabajo infantil para la cosecha de ajo y zanahoria, en terrenos arrendados mediante una licitación al Ejército en la guarnición Campo de los Andes, a cien kilómetros de la capital provincial. El último procedimiento se realizó la semana pasada. El gobierno provincial dijo que no había puesto lo sucedido en conocimiento del Ministerio de Defensa. La superficie cultivada de ajo en Mendoza asciende a 12.127 hectáreas. En 2009 las exportaciones de ajo a Brasil, Europa, Estados Unidos y México llegaron a 79 millones de dólares, que este año podrían hasta duplicarse. Los principales contratistas del Comando de Remonta del Ejército son miembros de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos y Cebollas de Mendoza (Asocam), que concentra el 80 por ciento de la producción de ajo del país, de la cual menos del 20 por ciento va al mercado interno. El presidente de Asocam, José Spitalieri, es el propietario de Gispe S.A., una de las empresas en las que se documentó la infracción. El acta de infracción menciona “distintas circunstancias que ponían en riesgo inminente la salud y la vida de los ocupantes de las carpas”. El riesgo no es una hipérbole. Por lo menos dos niños murieron por esas condiciones indignas de explotación en el predio militar: Roberto Carlos Aparicio se ahogó en un canal de agua y Blanca Coredo Uscucil fue aplastada por un árbol que cayó sobre la carpa que habitaba con otros trabajadores.

También otras de las empresas detectadas explotando el trabajo infantil, Bachiocchi Hermanos y Consorcio Santa Clara, están entre las cinco más grandes. En el terreno del Ejército arrendado por Bachiocchi Hermanos se cosechaban zanahorias. Nueve trabajadores llegados desde Santiago del Estero vivían junto a seis hijos menores en carpas próximas a un chiquero de cerdos, con los que jugaban. Carecían de las más elementales instalaciones sanitarias y de protección, con una precaria y peligrosa conexión eléctrica y pésimas condiciones de higiene. Cocinaban con garrafas y anafes dentro de las carpas de lona y carecían de heladera para preservar sus alimentos cubiertos de moscas. La inadecuada eliminación de excretas y residuos, se hacía en un pozo descubierto, de escasa profundidad, cercano a las carpas. En uno de los operativos, el jefe de Campo Los Andes, teniente coronel Miguel Angel Colque, firmó el acta en representación de la empresa, ya que el contratista Antonio Pelegrina Manzano se negó. En dos carpas grandes y una pequeña habitaban los obreros adultos y un nene de tres o cuatro años de edad. En vez de letrinas, disponían de un pequeño habitáculo de plástico sin techo destinado sólo a la higiene corporal. El agua provenía de una manguera derivada desde la casa del encargado de la chacra, distante 25 metros de las carpas, desde donde también se extendía un cable eléctrico. En su descargo posterior Pelegrina Manzano no aportó la documentación laboral pero dijo que la mano de obra le había sido provista por la Cooperativa de Trabajo Gualtallary, forma de contratación prohibida por la ley. Los inspectores encontraron además a un niño de 13 años trabajando en el lugar, donde dormía en una carpa junto con dos primos (una mujer de 18 años y un varón de 23) y un hombre a quien no conocían. El profesor de historia Ricardo Nasif, Jefe de la Delegación Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, dijo que la ley provincial 4874 permite la constatación de las infracciones a la legislación vigente en materia laboral, de higiene y seguridad y de protección de los derechos del niño, pero no el rescate de las personas explotadas. Tampoco encontró fiscales dispuestos a investigar y sancionar esa conducta delictiva. Las inspecciones dan lugar a multas, que algunas empresas pagan sin discutir y otras llevan a un litigio judicial, y a intimaciones para que los empresarios “realicen todas las acciones conducentes a la restitución de los derechos afectados”. Ninguno de estos procedimientos se debió a la denuncia de la filial mendocina del sindicato de trabajadores rurales (UATRE), intervenido por la unión nacional de Gerónimo Venegas. Nasif le entregó un informe con la documentación y fotos de los operativos en el Campo de los Andes. El interventor se la remitió a Venegas, y nunca más se supo. La única intervención de la UATRE en Campo Los Andes fue para intentar que las víctimas siguieran trabajando en la misma situación, con el pretexto de que no perdieran la fuente laboral. UATRE responde al vicegobernador Cristian Racconto, quien en 2010 emigró del kirchnerismo al peornismo opositor. Al inaugurar su Movimiento Federal en el Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea reclamó “la reconciliación con las Fuerzas Armadas”. Racconto recibió la visita del ex senador Eduardo Duhalde y de Venegas. Esta semana, Nasif se pondrá en contacto con dos dependencias federales: el Programa de Asistencia y Rescate de las Víctimas de Trata del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social. Tal vez allí encuentre la sensibilidad y el apoyo que Mendoza no prodiga.