La fulminante espontaneidad con que César Milani se alejó de la conducción del Ejército comienza a irradiar consecuencias sobre sus allegados. El 16 de julio la Cámara Federal de La Plata revocó la falta de mérito dictada a favor del coronel Eduardo Enrique Barreiro, una de las piezas en el complejo entramado con que Milani intenta justificar sus bienes, y la semana pasada el juez Ernesto Kreplak ordenó su detención. Pero no por la ingeniería inmobiliario-financiera de Milani sino debido a su actuación durante la dictadura militar. Junto con Barreiro fueron detenidos otros seis ex integrantes del Batallón 601 de Comunicaciones de City Bell, en las afueras de La Plata. en la causa por el homicidio de María Nicasia Rodríguez de Quiroga y Arturo Alejandrino Jaimez y la privación de la libertad de tres niños, a quienes los asaltantes sacaron “desnudos, con ropa de cama, descalzos y esposados”. La chica más grande, que tenía doce años, durante tres meses fue interrogada y torturada en el Regimiento de La Tablada y los centros clandestinos de detención El Vesubio y Sheraton, para que individualizara a personas por la calle. Kreplak les dictó la prisión preventiva y embargó sus bienes, a Barreiro por 600.000 pesos. Bastante menos que los 200.000 dólares que le prestó a Milani y que el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército aplicó a la compra de su suntuosa casa en La Horqueta. En realidad, Milani dijo en su declaración jurada que le había vendido a Barreiro el departamento 7 en el piso 6 de Moldes 2372. Cuando un peritaje de la Prefectura Naval detectó que Milani compró la nueva casa en La Horqueta antes de vender el departamento, el general dijo entonces que Barreiro le había prestado el dinero, antes de la transacción, lo cual supone como mínimo una sólida amistad. Oficial del arma de comunicaciones, Barreiro tiene la misma edad que Milani. Pasó a retiro con el grado de capitán en 1992. Los militares adujeron haber actuado en legítima defensa porque al ingresar a la casa les dispararon. Pero la Cámara, por el voto del mejor juez de las tres décadas de democracia, Leopoldo Schiffrin, y de sus colegas César Alvarez y Olga Calitri, estimó que actuaron dentro de un “acuerdo criminal, orquestado por una gran asociación ilícita que usurpó el poder”, por lo cual la legítima defensa, “sólo pudo jugar a favor de los habitantes de la casa”, cuya reacción “se comprende como un acto desesperado de defensa contra la agresión ilegítima que representó el operativo de un verdadero grupo de asaltantes”, que amenazaban someterlos “a una ilegítima privación de la libertad, acompañada de altas expectativas de sufrir psicológica y físicamente tormentos”.