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El gobierno nacional tuvo una semana de euforia. El punto más alto fue el acuerdo cerrado con las empresas privadas de jubilaciones y pensiones. El Poder Ejecutivo lo esperaba, desde que el presidente decidió romper el estancamiento en las negociaciones con los gerentes locales y poner el tema en la mesa de discusión con los banqueros transnacionales, durante su visita a Nueva York, hace diez días. La fórmula acordada mantiene el poder adquisitivo de los aportes jubilatorios y cimenta un piso razonable para la negociación con los tenedores de otros títulos de la deuda pública en mora. A pesar de la dureza de las declaraciones públicas, el camino de salida del default parece librarse de obstáculos. Por cierto, esto implica postergar una definición de fondo sobre el sistema jubilatorio privado que creó Domingo Cavallo, responsable de la grave crisis de endeudamiento que culminó con la devaluación de 2002. Su reestatización es la única respuesta racional a un problema que se agravó por los altos niveles de desocupación y precarización del empleo. Pero haber cerrado el primer tramo de la negociación por la deuda pública no es un logro menor y tampoco impide encarar en el futuro la imprescindible reforma previsional. Sólo en la Argentina pueden oírse voces que ignoren o desdeñen que la que está en curso es la mayor quita conocida en la historia sobre una deuda soberana, cosa que tienen muy presente todos los análisis que se escriben en el resto del mundo, y no precisamente con simpatía hacia el gobierno que la sostiene.
Menos valor económico, pero una poderosa dimensión simbólica tiene el aumento de las remuneraciones que se pagan a los ex combatientes en la guerra por las islas Malvinas. El trauma de la guerra y la desidia de los sucesivos gobiernos hizo que el número de suicidios entre los sobrevivientes llegara a superar al de bajas en combate. Las partidas dispuestas para ello alcanzan a veinte millones de pesos anuales. El episodio ayuda a entender algunos curiosos mecanismos oficiales. Desde que vio las carpas en la Plaza de Mayo, Kirchner quiso satisfacer un reclamo cuya justicia no requiere explicación. Pero antes quiso realizar un acto de autoridad, mediante una negociación que encomendó al ministro del Interior Aníbal Fernández y que culminó con un empadronamiento.
El mismo voltaje emotivo pero con menos trámites tuvo el acto en la casa de gobierno en el cual se dispuso la consagración a la memoria, del sitio donde funcionó el campo clandestino de concentración El Olimpo. Las palabras de una sobreviviente de 81 años impactaron a Kirchner, quien ordenó satisfacer el reclamo luego de ver por televisión el abrazo que los vecinos del barrio organizaron a esa dependencia de la Policía Federal.
Las enmiendas que el gobierno aceptó incluir al proyecto de ley de creación de la Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima mostraron un llamativo grado de flexibilidad. Los cuestionamientos de la oposición eran razonables. Ahora, la Enarsa tendrá garantizada la mayoría estatal y quedará sometida a los mismos controles administrativos y de gestión que el resto del sector público. Pero ni aun así se avinieron a votar la ley los tres gajos en que se dividió el partido radical. Tampoco los socialistas y otros grupos menores. Otro motivo de complacencia para el gobierno fue la resolución en esta semana de varios secuestros, en los que fueron rescatadas las víctimas y detenidos los criminales entre los cuales, como de costumbre, se encontraron policías. El mismo clima imperaba después del rescate del padre del empresario Corcho Rodríguez, producido pocos días antes del secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Con la idea de que no es posible rendirse, el gobierno está impulsando la nueva política de agresividad que Kirchner reclamó en forma innecesariamente personal a los jefes de las fuerzas de seguridad, con las que deberían tratar otros niveles de la administración. El gobierno no parece medir el riesgo de otro episodio similar al de Blumberg frente al cual Kirchner no tendría esta vez ningún fusible. La cuestión de la seguridad es la que ensombrece los rostros oficiales aun en estos días de júbilo.
En especial preocupa la imprevisibilidad del gobernador bonaerense, Felipe Es Felipe Solá. Sin embargo, no hubo en la Casa Rosada buenos reflejos para oponerse al peligroso proyecto de desfederalización de la ley de estupefacientes, impulsado por la insaciable vocación de poder del aparato duhaldista bonaerense. Es previsible que con su nueva conformación, la Corte Suprema regrese a la doctrina que sostuvo hasta 1989 tanto respecto de las formalidades legales insoslayables para practicar allanamientos como de la despenalización de la tenencia de sustancias prohibidas para consumo personal. Esto induciría a jueces y fiscales federales a limitar la discrecionalidad con que la policía de Buenos Aires (pero no sólo ella) arma causas y recauda en forma ilegal. Es cierto que los escasos juzgados federales de la provincia tienen una sobrecarga de trabajo, pero la solución racional es crear nuevos, que reforzarían el poder federal en un territorio demasiado permeable a mafias que incluyen componentes políticos, judiciales y policiales. De hecho los jueces y fiscales provinciales tienen un exceso de trabajo aún más grave que los federales, por lo cual terminan delegando la instrucción de las causas en la policía bonaerense que, hoy como ayer, es parte del problema y no de la solución. Entregarle semejante caja es una responsabilidad que el gobierno nacional no debería tomar con ligereza.