La auditoría del contrato detectó “un gasto exagerado de la Facultad en contrataciones de personal temporario, con presunto criterio de favoritismo político”. El propio consejero Atilio Aníbal Alterini cobró 3.000 pesos por mes entre 1999 y su asunción como decano, en 2002. Su hermano Jorge cobraba 3.000 pesos mensuales, pese a que la única actividad paralela permitida a los jueces es la docencia. El entonces Secretario de Hacienda de la Facultad, Germán Gonzalo Alvarez, cuya dependencia certificaba a qué contratados debía pagárseles con fondos de la cuenta Digesto de la Facultad de Derecho, “cobró 2.200 pesos por mes durante 2001, 2002 y probablemente 2003”. También se detectaron “infinidad de sueldos de entre 1.000 y 2.000 pesos por mes, además de cierta cantidad de pasantías de 500 pesos por mes, al parecer para estudiantes vinculados a Franja Morada”. Cuando los contratos eran por trabajos reales se omitía el pago a la ANSES para abaratar la mano de obra y evadir impuestos previsionales y cargas laborales. Los pagos a empleados de menor categoría se retrasaban y esos fondos, más los aportes debidos a la ANSES se colocaban a plazo fijo. En noviembre y diciembre de 2000 la auditoría encontró un plazo fijo a nombre de la Facultad de Derecho por casi medio millón de pesos. De los primeros 3,5 millones gastados, 2,8 se destinaron a honorarios profesionales y pasantías, dos rubros clásicos en todas las maniobras de malversación, dada la dificultad de verificar su autenticidad. Los inspectores de la Inspección General de Justicia (IPG) que investigaron a los proveedores del Digesto descubrieron un alto número de empresas fantasma, creadas en el momento de iniciarse el trabajo, con el capital inicial mínimo, que nunca presentaron balances ni declararon empleados ante la ANSES y cuyos domicilios son casas privadas o locales abandonados. Esas empresas emitían facturas de numeración correlativa por trabajos presuntamente realizados en meses o hasta años distintos. Lo mismo ocurría con algunos contratados, como la señorita Ana María Zuleta, por sus 3.200 pesos mensuales. Otras, de existencia real, están vinculadas con directivos de la Facultad. Cuando se preparaba una inspección sorpresiva a una de ellas, su legajo fue robado de los ficheros de la IPG, para que sus comprobaciones fueran a ciegas. También abundan los cheques pagados sin un recibo que los justifique, asientos por rubros que no coinciden con las facturas que deberían respaldarlos y la cancelación con un solo cheque de pagos a varios proveedores distintos, sin aparente relación entre sí, por tareas realizadas en fechas distantes, en rubros tan diversos como carga de datos en computadora y comisiones por transferencias de dinero al exterior.