“Son sectores de la Policía Bonaerense retirados y en actividad los que secuestraron a Jorge Julio López, porque no creemos que los que no están de servicio activo tengan tanto poder como para hacer escuchas telefónicas, intervenir celulares y tener los teléfonos de tantos militantes de derechos humanos”, aseguró Adriana Calvo, integrante de la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos. “Estamos muy preocupados porque esto es sin duda una respuesta a la condena por genocidio para Etchecolatz que pedimos y que conseguimos”, agregó. Calvo, quien estuvo detenida en tres centros clandestinos durante la última dictadura militar y presenció cada una de las jornadas del juicio, consideró que “ésta es una más, la más grave, pero no la primera, de las amenazas e intimidaciones que hemos recibido durante todo el proceso judicial. Cuando comenzó empezaron las amenazas, fundamentalmente a Chicha Mariani, querellante en la causa, a la asociación Anahí cuya titular es ella, y a Nilda Eloy, otra querellante” y testigo de la causa. Con respecto a la reunión que mantuvieron con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y otras organizaciones de derechos humanos, precisó que le exigieron “gestos fuertes porque esta amenaza es para todos”. Puntualizó que le pidieron “el pase a disponibilidad de todos los miembros de la comisaría de Punta Lara”, donde se encontró un cadáver calcinado que en principio atribuyeron a López, y también a quienes “se hubieran desempeñado en comisarías, destacamentos o brigadas que funcionaron como campos de concentración clandestinos” durante la dictadura, solicitud que finalmente Solá llevó adelante.