El juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, decidió convocar a referentes de distintos ámbitos para analizar el pedido de aborto no punible de la niña de 12 años, que denunció haber sido violada. La comisión sesionará hoy a partir de las 8 junto al Comité de Bioética del Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permanece internada la nena desde hace ya casi dos semanas. También estarán presentes el magistrado y la defensora oficial de la chica, Mónica Runno, según informaron a PáginaI12 fuentes judiciales. El lugar del encuentro se mantiene en estricto secreto, para evitar presiones de sectores conservadores, partidarios de que se le niegue a la niña el derecho a interrumpir la gestación.

Ayer, tres legisladores provinciales, la senadora Alejandra Naman (ARI) y los diputados Néstor Piedrafita (ARI) y Ricardo Puga (PIM) reclamaron que el derecho se cumpla sin obstáculos.

Para pronunciarse sobre el caso, el juez Ferrer convocó a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, la socióloga Graciela Coussinet, a la doctora en Filosofía Adriana Arpini, a las psicóloga Marcela Gaua del Instituto de la Mujer del gobierno de Mendoza, y a otra del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del Poder Judicial, al médico obstetra y director del Hospital Paroissien de la localidad de Maipú –de donde es oriunda la niña– Norberto Dotti, y al camarista penal Horacio Báez, según pudo saber PáginaI12. Esta comisión analizará la situación de la nena junto con las autoridades del Comité de Bioética de Notti, que dirige Marta Fracapani, directora de la Maestría de Bioética de la Facultad de Medicina de la UNC.

La decisión de esta comisión ampliada no es vinculante. Su pronunciamiento será una recomendación al juez, a quien se le solicitó la autorización del aborto. La madre de la niña la pidió el viernes pasado, tal como reveló este diario, tras denunciar la violación de su hija en la fiscalía de Luján-Maipú. En la presentación se alega que el caso encuadra en los supuestos de no punibilidad previstos en el Código Penal al tratarse de un embarazo producto de una violación y cuya continuidad afectará la salud de la niña.