La Legislatura porteña aprobó la transferencia al Arzobispado de Buenos Aires del dominio de una serie de propiedades del Estado local distribuidas a lo largo de la Ciudad. El proyecto traspasó la titularidad de 17 inmuebles porteños a la Iglesia Católica, en tanto que otros dos, a pedido de la oposición, quedaron fuera del paquete de cesiones, aunque en esos casos se renovó la “concesión precaria”. Para poder transferir las propiedades, la ley las declara como “innecesarias” para el Estado de la Ciudad.

La propuesta obtuvo una aprobación inicial con 47 votos positivos, cuatro negativos y tres abstenciones en la sesión ordinaria. Por ser una ley que requiere de una doble lectura, deberá ser debatida en audiencia pública con la ciudadanía y, luego, regresar al recinto para su sanción definitiva.

El proyecto del Ejecutivo plantea la desafectación del dominio público de los inmuebles y propone declararlos “innecesarios” para el Gobierno porteño, para posibilitar así la transferencia al Arzobispado. Según el proyecto del PRO, en los inmuebles actualmente “funcionan distintas instituciones de la comunidad Católica Apostólica Romana, donde desarrollan tareas eclesiásticas y deportivas”.

Se trata de 17 parroquias, entre ellas, la de Nuestra Señora de Caacupé, situada en la avenida Rivadavia y Campichuelo, en el barrio de Caballito. Por otra parte, se suman otros dos inmuebles: la Parroquia San Lucas situada en el centro de la Plaza Houssay y la Capilla San Luis Rey, pero para ellos promueve la entrega de un permiso de uso gratuito por 20 años.

A pedido de los bloques de la oposición se excluyó del listado original a un predio lindante a la parroquia del Dulcísimo Nombre de Jesús, de Saavedra, institución que el año pasado fue beneficiada con la entrega del permiso de uso de unos terrenos destinados a instalar un campo de deportes.

Gabriela Alegre, presidenta del bloque del Frente para la Victoria, explicó que se trata “de parroquias, por eso acompañamos esta ley”. “Además hicimos hincapié en que no se permitirá el uso para otros fines que no fueran educativos y religiosos”, aclaró al explicar su voto positivo.

La presidenta del bloque consideró “adecuado ceder los inmuebles porque funcionan hace mucho, algunos cumplen un rol social importante y en el caso de aquellas que no eran parroquias pedimos que fueran tratados aparte”. Además remarcó la certeza de que “está bien ceder estos inmuebles porque ninguno de ellos es un terreno que no tenga nada. No existe la posibilidad de que se derribe lo que ya está funcionando en estos lugares”, agregó. Además, el proyecto aclara que “en caso de no utilizarse para los fines actuales” el inmueble regresaría a la “órbita del Gobierno de la Ciudad”, concluyó.

Por su parte, la legisladora María Rachid, también del FpV votó en contra por considerarla “inconstitucional y discriminatoria” la iniciativa. Según Rachid, la inconstitucionalidad descansa en que “no se respeta la laicidad del Estado ni su separación de la Iglesia Católica”, y tampoco se trata con igualdad a “los 1500 cultos que hay en la Ciudad de Buenos Aires”. “No recuerdo que se le haya cedido esta cantidad de terrenos a ningún otro culto”, agregó.

En otro aspecto, la legisladora mencionó que “se trata de una normativa discriminatoria que beneficia a un culto que no es cualquiera”. Se trata, detalló Rachid, de “una institución que promueve y difunde valores que condenan a quienes se divorcian, se vuelven a casar, abortan o se enamoran de personas de su mismo sexo”. La legisladora agregó que no considera que “estos sean los valores de los porteños”.

“La Iglesia va a hacer uso de estos inmuebles de la ciudad para difundir esos valores poco representativos”, agregó. “Si bien hay gran cantidad de católicos, eso no quiere decir que los habitantes de la Ciudad compartan esos valores que difunde este culto”.

Además, Rachid consideró que “este tipo de pedidos tienen entrada ahora porque hay un gran afán de quedar bien con el Papa”.

El legislador del MST, Alejandro Bodart, indicó que “esto es regalarle a un culto bienes que son de todos a título gratuito”. En ese sentido también se manifestó el diputado Adrián Camps del Partido Socialista Auténtico, que votó en contra “porque se trata de bienes que pertenecen a todos los ciudadanos”. “Lo que se hizo fue entregarlos gratuitamente a la religión católica y no todos profesan esa fe. Por eso entendimos que no era correcto”, concluyó.

Informe: María Fernanda Rezzano.