“Contamos con personal altamente capacitado, que es entrenado y supervisado para lograr un producto diferenciado”, reza en su presentación la página de Internet de Glidado, una empresa que se dedica a la confección y venta de uniformes para la Policía Federal, la Bonaerense y las Fuerzas Armadas. Hasta ahí todo parece dentro de lo normal. Pero según una denuncia presentada por la Unión de Trabajadores Costureros y el Centro Comunitario La Alameda, los “productos diferenciados” de la compañía son confeccionados en dos talleres clandestinos ubicados detrás y arriba del negocio donde se venden los uniformes policiales, en el barrio porteño de Floresta. El “personal altamente capacitado” son unas 20 personas que –de acuerdo con la denuncia presentada ante el gobierno porteño– trabajarían en negro, doce horas por día, con sólo veinte minutos de descanso para almorzar. Ayer, los responsables del local impidieron la entrada a los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo porteña, que labraron un acta por “obstrucción de inspección”.

Pantalones, camisas, gorras, corbatas, suéteres y hasta los símbolos de tela que marcan la jerarquía de los agentes. El negocio que Glidado tiene en Carrasco 585 es una especie de shopping temático para uniformados, y su página de Internet así lo destaca. Según la denuncia, allí sólo hay cinco costureros que trabajan en blanco, mientras que el resto no está registrado y trabaja en negro.

Mario Tarqui es un costurero que hasta ayer trabajó en Glidado y prestó su testimonio para la denuncia. Miembro de la Unión de Trabajadores Costureros, Tarqui relató a Página/12 cómo se trabaja en el taller que produce uniformes policiales. Cuenta que llegó de Bolivia en 1994, en busca de trabajo, y que entró a trabajar hace poco más de un mes, por sugerencia de un compañero. “Me sorprendió que lo que tenía que producir no eran buzos y camperas, como en los otros talleres, sino camisas azules y gorras de uniformes policiales”, dijo.

“Cuando llegué, me atendió el dueño del lugar y, sin pedirme ni el documento, me puso en una máquina y empecé a trabajar. No parecía distinto a los otros lugares donde estuve, hasta que vi lo que tenía que coser: uniformes de policía y del Ejército”, cuenta pausadamente a Página/12.

El régimen de trabajo era duro, como suele ser en los talleres clandestinos. “Trabajamos de lunes a viernes de 7 a 19, y los sábados de 7 a 14. Como nos pagan por hora, el encargado nos presiona todo el tiempo para que produzcamos más.” Esa presión llega al punto de no dejarlos salir del taller durante la jornada laboral. “A la hora del almuerzo, los dueños tienen asignada a una chica para que nos tome el pedido a cada uno de nosotros. Ella es la encargada de salir a comprar la comida, para que nosotros no perdamos tiempo en eso. Una vez que llegan los pedidos, tenemos veinte minutos para comer. Cada uno lo hace sobre su máquina, de ahí no nos movemos”, relata.

Ramiro Torres, otro ex empleado del taller, contó que estuvo hace poco más de un mes en el mismo taller. “Después de quince días, el dueño nos echó sin pagarnos un peso porque decía que éramos muy lentos”, relata. La paga, recuerda, era de tres pesos por hora.

El jueves pasado, la gente de La Alameda realizó un escrache en la puerta de los talleres, para denunciar la situación. Mario Tarqui estaba adentro y vio cómo “uno de los hijos del dueño subió corriendo y nos gritó que apagáramos las máquinas y la luz, que abajo había gente filmando. Se hizo la hora de salida y no nos dejaron ir hasta que terminó la manifestación. Cuando nos íbamos, nos avisaron que no fuéramos a trabajar el viernes, ni el sábado. Que volviéramos recién el lunes (por ayer)”. Anoche, un grupo de costureros realizó otra manifestación frente a la empresa.

El Centro Comunitario La Alameda presentó la denuncia a la Subsecretaría de Trabajo porteña, que ayer al mediodía intentó hacer un inspección en el lugar. Pero los responsables del lugar se negaron a permitir el acceso de los inspectores. “Por esa razón labramos un acta de infracción por obstrucción de la actividad administrativa, que se sanciona con multa”, dijo a este diario Ariel Lieutier, subsecretario de Trabajo de la ciudad. El funcionario adelantó que si la empresa no autoriza el ingreso de los inspectores, reclamará una orden judicial de allanamiento.

Las denuncias de La Alameda dieron pie para una causa judicial por reducción a la servidumbre y violación a las leyes migratorias –la trata de personas con fines de explotación no está contemplada aún por el Código Penal–, que está en manos del juez federal Norberto Oyarbide.

Las primeras denuncias se hicieron en 2005, y en marzo de 2006 se produjo un incendio en el taller clandestino de la calle Luis Viale, en Caballito, donde murieron dos talleristas y cuatro niños. A partir de la tragedia, desde el Estado comenzaron las inspecciones contra el trabajo esclavo, pero esas acciones no lograron frenar la actividad ilegal. Desde La Alameda se denunciaron más de 70 marcas que utilizan talleres clandestinos, como mano de obra en negro para la confección de prendas. Entre ellas, resultaron denunciadas Kosiuko, Cheeky, Lacar y Soho.

Informe: Eugenio Martínez Ruhl.