El interbloque PRO de la Cámara de Diputados, que integra junto a otros partidos de derecha, puso en marcha una nueva jugada para frenar los proyectos de reglamentación de los abortos no punibles previstos en el Código Penal. Cuando ya todo estaba listo para que las iniciativas fueran discutidas en el plenario de la Comisión de Legislación Penal, los asesores de los diputados que responden a Mauricio Macri pidieron una reunión para mañana con especialistas de una y otra postura con el supuesto objetivo de debatir cuestiones “técnicas”. Pero al mismo tiempo lanzaron una convocatoria entre los grupos llamados “pro vida” para que estén presentes con el mayor número posible en la reunión. El llamado fue replicado por los denominados “Jóvenes por la vida” y difundido por la agencia informativa de la Iglesia Católica. Enterados de la maniobra, los sectores que impulsan la aprobación de los proyectos organizaron su propia convocatoria a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Así montado, el escenario en la comisión quedará lejos de cuestiones técnicas.

“Se trata de una estrategia más para dilatar el tratamiento de los proyectos”, aseguró Perla Prigoshin, asesora de la diputada kirchnerista Juliana Marino. Ella y su par del socialismo Silvia Augsburger son las autoras de las iniciativas que buscan reglamentar el alcance, los procedimientos y plazos de ejecución de los abortos no punibles establecidos en el artículo 86 del Código Penal. Aunque ambas celebraron el pronto dictamen positivo logrado en la Comisión de Salud, las dos sabían que iba a ser dura la pelea en la Comisión de Legislación Penal, donde quedó estancado el debate de las iniciativas.

El espíritu de los proyectos de Marino y Augsburger es terminar con los casos reiterados de judicialización de los pedidos de aborto garantizados por el Código Penal. El último de ellos ocurre ahora mismo en Entre Ríos, donde una joven con discapacidad y violada no puede interrumpir su embarazo por la acción de la Justicia (ver aparte). Los proyectos buscan reglamentar el artículo 86, que despenaliza el aborto ante el peligro de la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es consecuencia de la violación de una mujer “idiota o demente”. La reglamentación incluye la posibilidad de que una mujer pida el aborto si el embarazo constituye un riesgo para su salud psíquica.

En julio pasado, tal como informó este diario en ese momento, los diputados del PRO, el Movimiento Popular Neuquino y el partido del represor Antonio Bussi ya habían presentado sus propios proyectos para contrarrestar esas iniciativas. Ahora, montaron una nueva estrategia para dilatar e impedir su eventual aprobación.

Los promotores visibles de la maniobra son los asesores de los diputados nacionales Eugenio Burzaco y Nora Ginzburg, quienes solicitaron una reunión con especialistas en derecho penal para debatir las iniciativas. Según la versión oficial, el objetivo es que los juristas “suplan dudas técnicas y expliquen el alcance de los proyectos”. Su requerimiento obtuvo el permiso de la presidenta de la Comisión Penal, la kirchnerista Rosario Romero. Aunque los encuentros de asesores no son de acceso al público, los promotores de la reglamentación aceptaron el convite. “Algunos dicen que queremos cerrar el debate y con esto demostramos que estamos dispuestos a seguir discutiendo”, sostuvo Prigoshin.

El segundo paso del PRO fue elegir a los juristas que defendieran el rechazo a la reglamentación. La decisión ameritó un encuentro en el que participaron los socios políticos del macrismo: el Movimiento Popular Neuquino, liderado por Jorge Sobisch, y el partido del ex dictador Antonio Bussi. Todos coincidieron en designar a los juristas Analía Pastore y Luis Velazco para esta nueva cruzada. La primera es investigadora del instituto de bioética de la Universidad Católica de La Plata. El segundo es profesor de derecho de la misma casa de estudios y secretario de la porteña Asociación de Abogados Penalistas.

Desde la otra vereda, fueron invitados el jurista Andrés Gil Domínguez, doctor en derecho constitucional y profesor de la UBA y de la Universidad de Salamanca, y la jueza Lucila Larrandart, en su carácter de vicedirectora del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, que respaldó los proyectos de reglamentación, al considerar que “garantizan la igualdad en la aplicación de las autorizaciones reguladas por el Código Penal”.

El punto que genera más conflicto es el que establece que toda mujer violada tiene derecho a la interrupción del embarazo, más allá de si es discapacitada o no. El PRO se opone con el argumento de que es una “ampliación” del Código. “El artículo 86 autoriza el aborto solo en caso de que la mujer sea demente o idiota”, sostienen sus representantes. En cambio, las autoras de las iniciativas explicaron que esos casos encuadran en la figura del aborto terapéutico.

Ante el estancamiento del debate en el Congreso y la reiteración de casos que terminan en la Justicia, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a trabajar en la elaboración de un protocolo de reglamentación de los abortos no punibles. Esta norma garantizará seguridad a los médicos para que realicen las intervenciones sin tener miedo a ser denunciados.

La reunión de esta tarde en el anexo de Diputados promete una temperatura elevada. Aunque los promotores de la reunión resaltan “el carácter informativo y sereno” del encuentro, la convocatoria lanzada entre los grupos católicos y conservadores lo desmienten. El texto del comunicado fue firmado por Mariano Gerván, secretario parlamentario del interbloque Propuesta Federal y profesor de sociología de la Universidad Católica Argentina. “Sólo les avisamos a organizaciones que nos piden siempre presenciar este tipo de reuniones y creemos que estas audiencias deben ser públicas”, argumentó Gerván en diálogo con Página/12. Sin embargo, el comunicado advierte que “es muy importante la concurrencia a la reunión, para apoyar activamente a los juristas pro vida, pues es posible que algunos asesores propongan dar por agotado el debate y pasar el asunto a consideración del plenario de la Comisión de Legislación Penal, un paso más hacia la aprobación”, alertó el asesor.

La Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) también se sumó a la difusión. Publicó un comunicado de los Jóvenes por la Vida, que reproduce los conceptos de Gerván, pero agrega una maliciosa inexactitud: se escandaliza porque las iniciativas en debate y los expertos que las defienden prevén “eliminar la instancia judicial para practicar abortos en los casos que contempla el Código Penal Argentino”. En realidad, el Código nunca dice que es necesaria la autorización judicial para lo que su propio texto ya permite.

La convocatoria apareció también en una página web tucumana llamada “Periodismo de verdad”, junto a otras notas con títulos como “Día nacional de las víctimas contra el terrorismo” o “Sin reconciliación no hay futuro”.

Informe: Elisabet Contrera.