El tratamiento coactivo, propuesto por el sistema de Cortes de drogas que impulsa el gobierno estadounidense, ya es desde hace más de veinte años la “opción” que tienen los usuarios de drogas argentinos para no recibir una pena por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. “Acá se las conoce como medidas de seguridad. Si la persona no tiene un problema con su consumo, pasa a tenerlo porque debe rendir cuentas a un juez penal. Si tiene un problema, éste se agrava porque de no cumplir o fallar con el tratamiento impuesto, se le puede achacar la pena que se le había suspendido. Una persona enferma debería tener más derechos y no menos derechos”, observa el investigador Alejandro Corda.

Según establece la Ley 23.737, la tenencia de drogas para uso personal puede ser castigada con penas de un mes a dos años de prisión. La “opción” es declararse enfermo y cumplir la medida de seguridad. En “Sistemas desproporcionados”, un trabajo editado por la Asociación Intercambios y la Universidad de Buenos Aires, Corda cita el caso de una mujer en Mendoza que no cumplió con el tratamiento. “Ante esta situación, los jueces consideraron que la falta de cumplimiento, aun cuando en esa región de la Argentina no existían organismos públicos para realizarlo, debía sancionarse con el cumplimiento efectivo de esa pena (de seis meses)”, señala el texto.

El sistema de las Cortes de drogas, explicó Corda a este diario, sería inaplicable en Argentina debido a que contradice la Ley de Salud Mental. “Estas Cortes siguen la lógica del delincuente-enfermo, en nuestro país quien padece problemas de consumo es un sujeto de derecho, no un imputado por delito según la Ley de Salud Mental”, afirma. Para que estos derechos se ejerzan plenamente, agrega, hace falta despenalizar la tenencia de drogas para uso personal: “Es paradójico que el año pasado se detuviera este debate en nombre de la falta de oferta sanitaria, cuando en el fondo los detractores buscan perpetuar la ley penal como forma de llegar al tratamiento”.