En una presentación de 62 carillas, el gobierno puntano adujo que las retenciones móviles "afectan a la coparticipación federal".

El escrito, firmado por el gobernador Adolfo Rodríguez Saá y el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, reclama la "inconstitucionalidad" del sistema de retenciones móviles a las exportaciones del agro porque "afecta la coparticipación federal de impuestos".

La presentación, que ingresó directamente a la Corte como "juicio originario" porque se trata de la demanda de una provincia contra la Nación, pide además la inconstitucionalidad de "todos los derechos de exportación que hayan sido establecidos por el Estado nacional a partir del 1º de enero de 2002".

El pedido comprende a las retenciones que son ejes del actual conflicto entre el gobierno y el campo, pero también todas las anteriores aplicadas por los sucesivos gobiernos posteriores a la caída del ex presidente Fernando De la Rúa.

La provincia de San Luis reclama, además, una compensación por el dinero que dice haber perdido por la aplicación de esos tributos, en materia de coparticipación.

Según la demanda, las retenciones causan "efectos distorsivos" en la economía y "desalienta a los sectores productivos más dinámicos del país".

San Luis calificó como "unitarias y antidemocráticas" las medidas adoptadas por el gobierno central, y violatorio del "federalismo fiscal territorial".

"El ejercicio abusivo del poder fiscal en materia de derechos de exportación por parte del Estado Nacional constituye una burla o desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal", subraya la presentación.

Sobre la inconstitucionalidad reclamada, el texto recuerda que es "potestad exclusiva del Congreso de la Nación fijar tributos y legislar en materia aduanera", por lo que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión del Jefe de Gabinete pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo".