El jueves 18 se declaró un cuarto intermedio en Cochabamba hasta este lunes 29 para firmar el gran Acuerdo Nacional para resolver la crisis política entre el gobierno de Morales y los prefectos de los departamentos de la oposición.

Canelas explicó que las mesas de diálogo han hecho la solicitud de la postergación porque aún requieren de más tiempo para seguir trabajado en los temas conflictivos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos y la compatibilización de la Constitución Política del Estado (CPE) y las estatutos autonómicos.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, también confirmó a dpa la postergación del diálogo señalando que a lo largo de esta semana las comisiones conformadas intensificarán su trabajo para que el próximo domingo en la misma ciudad de Cochabamba se llegue a un acuerdo.

La postergación se produce en medio de las amenazas de los sectores sociales afines al gobierno que advirtieron en la reunión de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) que la Constitución se aprobará "por las buenas o las malas" anunciando un cerco al Congreso Nacional.

El vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, también advirtió en la clausura de la reunión del Conalcam que aún si fracasa el diálogo abierto en Cochabamba con los prefectos de la "media luna", el gobierno y el MAS (Movimiento Al Socialismo) continuarán con el proceso para aprobar la Constitución.

A la vez, ratificó que el texto constitucional no está abierto para su modificación total como exigen los miembros del Consejo Nacional de la Democracia (Conalde), sino para incorporar solamente modificaciones y correcciones al capítulo referido a las autonomías.

Los campesinos e indígenas de Bolivia anunciaron que la próxima semana iniciarán una marcha para forzar a los parlamentarios a que aprueben la convocatoria a un referéndum ratificatorio de la nueva Constitución, documento que requiere el presidente Evo Morales para su prometida "refundación de Bolivia".

El pedido de Morales es que hasta el 15 de octubre el Congreso Nacional lance la convocatoria a los referendos sobre el nuevo texto y la cantidad de tierra fiscal que deberá entregarse para producción agrícola (5.000 o 10.000 hectáreas por persona).