"El quiebre de la institucionalidad democrática (el 11 de septiembre de 1973) permitió la instalación de un régimen cívico militar que violentó las garantías fundamentales de los ciudadanos de nuestro país", subrayó una declaración del alto tribunal, leída esta tarde por su presidente, Rubén Ballesteros. En el comunicado, la Corte Suprema admitió también que que durante el régimen castrense hubo "muerte, desaparición forzosa, detenciones irregulares y torturas" de opositores a la dictadura.

Por ello, añade la nota, "no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no hicieron lo suficiente", falta que atribuyó a que "la Corte Suprema de entonces no ejerció ningún liderazgo". Lo anterior, señaló el tribunal, ocurrió a pesar de que las violaciones a los derechos humanos "le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos judiciales".

El pronunciamiento del máximo tribunal se realizó luego de críticas del propio presidente Sebastián Piñera, que dijo la víspera que los tribunales de justicia "no estuvieron a la altura" de las circunstancias en el periodo dictatorial de casi 17 años. Anteriormente, un llamado de la Asociación Nacional de Magistrados, que reúne a funcionarios del poder judicial, instó a la Corte Suprema a que, al igual que hicieron ellos, pidiera perdón por los actos y omisiones de los jueces durante el gobierno del general Pinochet.

El juez Ballesteros, que preside la Corte y leyó el comunicado, integró al menos cinco consejos de guerra tras el golpe del 11 de septiembre de 1973, en los que fueron enjuiciados militantes socialistas. Tras el retorno del sistema democrático votó en contra del enjuiciamiento al exdictador Pinochet. Además, siempre resolvió en favor de la prescripción o la amnistía en las causas sobre violaciones a los derechos humanos, según consignó la agencia Ansa.