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Los auditores del PRO y la UCR bloquearon una investigación de la Auditoría General de la Ciudad sobre la fiesta Time Warp. La iniciativa había sido propuesta por los auditores kirchneristas y respaldada por el de la Coalición Cívica, pero el macrismo consiguió imponer su mayoría en el organismo de control. Los auditores opositores sí consiguieron que se auditen las inspecciones y las fiestas que se hicieron en 2015 en Costa Salguero. En un informe de 2007 –que en su momento suscribieron los auditores del PRO, poco después de que Mauricio Macri ganara la jefatura de Gobierno– la Auditoría ya advertía sobre la falta de habilitaciones, el canon irrisorio, el margen de ganancia de la empresa concesionaria e incluso llegaba a recomendar que le rescindieran el contrato.

El PRO ya había bloqueado una comisión investigativa en la Legislatura, pero suscribió un pedido de informes. La situación se repitió en la Auditoría. La presidenta de la Auditoría, la kirchnerista Cecilia Segura, y los auditores Hugo Vasques (FpV) y Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) impulsaron una investigación sobre la fiesta. Se opusieron los auditores del PRO Jorge Garayalde, María Victoria Marcó y Raquel Herrero. Esta última aseguró que “en mi rol de funcionaria, como auditora, no me compete determinar qué ocurrió la noche trágica del viernes 15. Lo que sí puedo hacer es dar mi opinión como mujer, madre y abuela”.

Como las auditorías deben aprobarse por la mayoría del cuerpo de siete auditores, la decisión estuvo en manos de una auditora radical, Mariela Coletta, que reporta a la UCR y al espacio de Martín Lousteau. Coletta acompañó al PRO en su decisión de bloquear las investigaciones sobre la fiesta de Time Warp, pero votó con el resto de la oposición una auditoría completa sobre 2015 de la concesión del Costa Salguero y la dirección de Eventos Masivos.

La auditoría PRO

Mucho de lo que se comprobó sobre la concesión del Complejo Costa Salguero tras la muerte de cinco jóvenes estaba en negro sobre blanco en un informe de la Auditoría de 2007, cuando la presidía el macrista Juan Carlos Toso. El documento lo firmaron también los radicales José Luis Giusti y Rubén Campos y los peronistas Alicia Boero y Josefina Prada. Se publicó en noviembre de 2007, cuando Macri ya había sido electo jefe de Gobierno y Jorge Telerman estaba por dejar el cargo.

“La empresa concesionaria, Telemetrix SA, forma parte de un poderoso grupo económico conformado por diversas compañías, entre otras, una importante constructora contratista del Estado Nacional y de diversas provincias y municipios”. La constructora es Emaco SA, con la que los dueños de Telemetrix, Alberto Gutiérrez y Federico León Bensadon, formaron su grupo económico hacia 1979. En los últimos años, esa constructora tiene obras con el Gobierno porteño por cerca de 190 millones de pesos.

En su momento, tenían acciones en la privatizada Aguas de Corrientes SA, Promoldeadora Patagónica y Urbatec. El informe indica que Telemetrix está en un 99,99 por ciento controlada por Rafoy SA, de Bensadón y Gutiérrez. A esto se suma otra empresa: DR SA, que es subconcesionaria de Telemetrix. “La constructora Edilcenter S.A. también se encuentra relacionada al grupo económico por pertenecer a Emaco SA (33,33 por ciento).” Telemetrix fue creada originalmente para “difundir programas radiales y televisivos”, pero en 1986 cambió su objeto meses antes de obtener la concesión de los terrenos del Costa Salguero.

“El Centro Costa Salguero SA es uno de los subconcesionarios más importantes a partir del año 1993. En sus comienzos, Telemetrix tenía participación mayoritaria en su paquete accionario; aunque años después fue traspasado a compañías constituidas en el Uruguay (Ledilco y Clader)”, indicaba el informe. No obstante, los nombres entre el directorio de Telemetrix y Costa Salguero SA se siguen repitiendo hasta la actualidad.

“Este subconcesionario también se encuentra relacionado –a través de uno de sus directores– con el ex Banco General de Negocios”, afirmaba el informe, en referencia a Fernando Polleda Olivero, el marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo. La funcionaria PRO le aclaró a este diario que su esposo se había desvinculado del banco de los hermanos Rohm antes de los delitos que se investigaron por 240 millones de dólares que se esfumaron sin dejar rastro y por los 100 millones de pesos de clientes VIP que habrían saltado el corralito. De todas formas, aseguró Polledo, su marido estuvo imputado en la causa por presunta subversión económica y fue sobreseído.

“La controlante de Telemetrix fue demandada judicialmente en la quiebra del BGN por incumplimientos en la cancelación de un préstamo”, indicaba el informe de la Auditoría de 2007. Emaco le pidió al BGN un préstamo por 1 millón 614 mil dólares al BGN días antes del corralito. Bensadón y su familia estaban entre los clientes VIP del BGN que fueron acusados de evadir el corralito.

La Auditoría relevó en su momento algunos aspectos que continúan hasta hoy. Advirtió que el canon que percibía el Gobierno de la Ciudad era irrisorio (en ese momento, eran 30 mil pesos mensuales) y que el complejo no pagaba el impuesto de ABL. Sobre el canon, indicaba que “representa un ratio de 0,16 pesos el M2, mientras que el promedio al cual Telemetrix subconcesiona el espacio representa un valor 20 veces superior a aquel (3,20 pesos)”. En 2002, Telemetrix dejó de pagar el canon al Gobierno de la Ciudad, y re reanudó recién en forma normal en junio de 2003. En ese período, los “anticipos al directorio se incrementaron en 280 mil pesos”. Telemetrix reconocía ingresos por 2 millones de pesos en el período 1996-2007. Pero la Auditoría advertía que estaba omitiendo cánones que llevaban ese beneficio a 21 millones.

Sin habilitación

También advertía ya en 2007 que “los locales bailables no fueron habilitados” por el Gobierno porteño. La situación no se resolvió hasta dos años más tarde y no por iniciativa del macrismo, sino del juez Andrés Gallardo, que ordenó clausurar los locales. El Gobierno porteño se negó, por lo que el magistrado utilizó la fuerza pública. Los funcionarios PRO lo recusaron y concedieron las habilitaciones en tiempo récord. Lo único que no volvió a abrir fue la estación de servicio, que requería un permiso de la Fuerza Aérea, como ya advertía la Auditoría en 2007.

Además, el informe señalaba que “las construcciones no respetan el ancho libre del camino de sirga. También existen restricciones para el libre tránsito”, algo que sigue judicializado hasta hoy. Otro de los señalamientos era que “el complejo no cuenta con un Plan de Evacuación” y advertía sobre la “explotación de superficies mayores a las permitidas”.

“Los locales bailables funcionaron con controles insuficientes”, destacaba. Como advirtieron dos ONG ante la tragedia, la auditoría de 2007 indica que en el predio se desarrollan “actividades que no se corresponden con el objeto para el cual la concesión fue otorgada” y muchas de ellas “son incompatibles con la zonificación establecida en el Código de Planeamiento Urbano”.

El informe de la Auditoría de 2007 concluía: “Los antecedentes compilados en este informe merecerían ser considerados y –en algún caso– profundizados, de modo de evaluar la posible extinción del contrato de concesión e investigar eventuales responsabilidades del concesionario”. Habrá que ver qué es lo que encuentran los auditores en la investigación actual.