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“Mi vida antes era normal y ahora es un infierno. Es lo peor que me podía pasar” le dice Belén, condenada a ocho años de prisión por sufrir un aborto espontáneo, a Las/12. Belén tiene 27 años y está encerrada desde los 25 en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Tucumán. Su tiempo no se detuvo, pero se encegueció hasta de amores no correspondidos en la pantalla. La última novela que vio, desde el sillón de su casa o tomando mate con sus amigas, fue Avenida Brasil. Sus sueños también se le borraron de un horizonte acortado por paredones. Antes quería formar una familia. Ahora tiene miedo hasta de la posibilidad de ser mamá. Belén no se llama Belén pero no quiere contar su nombre, no quiere que los diarios reflejen su rostro, ni siquiera que se imagine su mundo al que quiere resguardar como no la resguardaron a ella. No quiere espejarse en los barrotes sociales que estigmatizan la prisión. Ni quiere estar presa. Pero sí quiere tener voz y letra y escribir un libro con su historia. Belén es una joven de un barrio popular de Tucumán que, ahora, desde la cárcel, agradece a las mujeres de todo el país que piden por su libertad porque la hacen sentir menos sola en un infierno que comenzó el 21 de marzo del 2014. Esa noche le dolía mucho la panza y fue a hacerse atender al Hospital Avellaneda, en San Miguel de Tucumán. Nunca imaginó que iba a ser su último acto de libertad. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Sufrió un aborto espontáneo. Pero el sangrado no se detiene. Puede seguir presa seis años más si la Justicia no revisa su causa. Primero la imputaron por aborto seguido de homicidio, que es una figura penal inexistente. El 19 de abril de este año la Sala III de la Cámara Penal la condenó por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. El 3 de mayo se van a conocer los fundamentos de la sentencia y, después, la abogada Soledad Deza va a apelar el fallo y a pedir la excarcelación para que espere la próxima instancia judicial en libertad. Belén ya no está sola: distintas organizaciones de mujeres iniciaron campañas para su liberación y Amnistía Internacional llamó a una acción urgente por considerar que se trata de un caso emblemático de violación de derechos humanos.

“No hay pruebas de nada, yo nunca mataría a una criatura y jamás dañaría a nadie. Nunca le hice daño a nadie” resalta Belén desde la cárcel. Hace dos años que, en prosas distintas, vulgares o leguleyas, la tratan de asesina.

–“Hija de puta, mirá lo que hiciste, mataste a tu hijo” me dijo un enfermero que me maltrató física, moral y psicológicamente –recuerda Belén palabra por palabra.

Además hubo policías que inspeccionaron, eso sí, sus partes íntimas, un procedimiento que puede ser incorporado como tortura en la causa judicial. “La denegación del aborto y su criminalización constituyen supuestos de violencia de género y violencia institucional que pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano y degradante”, afirma una acción urgente de Amnistía Internacional, una estrategia de solidaridad por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Además, según el “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez”, de la Comisión contra la Tortura de la ONU, en febrero de 2013, “Los órganos internacionales y regionales de derechos humanos han empezado a reconocer que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Ejemplos de esas violaciones son las denuncias de mujeres presentadas por personal médico cuando hay pruebas de la realización de abortos ilegales y la práctica de intentar hacer confesar a una mujer como condición para que reciba un tratamiento médico que podría salvar su vida después de un aborto”.

Amnistía propone la participación pública para pedir la libertad de Belén, antes del 15 de mayo. Y que además –como en el caso de Ana María Acevedo en Santa Fe– también sean imputados/as médicos, parteras y enfermeros intervinientes en el procesamiento. Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina, reclama: “Estamos interpelando que se garantice de manera inmediata la libertad de Belén y el cese de su prisión preventiva, protegiendo su integridad física y mental; que se investigue el accionar de los profesionales de la salud que incumplieron su deber de confidencialidad médico-paciente y se establezcan las responsabilidades del caso, y que se garantice a las mujeres y las niñas un acceso seguro y legal a los servicios de aborto, necesarios para proteger su vida o su salud”.

“Cuando me desperté me estaban mirando mis partes, eran entre cinco o seis. Uno me miraba ahí abajo” narra Belén la vejación que sufrió en el hospital público tucumano. Ella no sabía que estaba embarazada pero sí que había tenido problemas de vesícula a los que les atribuía el origen del dolor. El médico José Daniel Martín le dijo, delante de su mamá, que estaba teniendo un aborto espontáneo. La policía y una partera requisaron los baños –incluso con personal de limpieza adentro– y encontraron un feto que empezó a ser nombrado por el personal de salud como “hijo” de Belén, según consta en la nota de la periodista Mariana Carbajal en Página/12. Hay diferencia entre la edad gestacional de los médicos que la atendieron, las actas policiales y la autopsia del feto que varían entre las veinte y las treinta y dos semanas. Nunca en dos años de proceso judicial se corroboró, a través de un ADN, la relación con Belén. “Han conectado abortante y feto encontrado y han dictaminado un homicidio, pero no hay un ADN en toda la causa. No hay ninguna prueba que la vincule”, resalta Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Se ahorraron el examen genético, pero no los insultos.

“¿A nadie le llamó la atención que el ADN no se hizo? O es un feto que ha crecido en dos horas o es un milagro de la naturaleza porque en la historia clínica dice que tiene entre veinte y veintidós semanas y, después, le adjudican un feto de treinta y dos semanas. El Poder Judicial no se dedicó a investigar sino a condenarla en base a una condena moral, no a pruebas. No hay ni siquiera una huella dactilar en el inodoro que se encontró el feto”, objeta Deza. Y también marca las deficiencias judiciales del proceso contra Belén: “El profesional de la salud no puede mandar a buscar un feto a la partera a los baños porque quiere buscar la prueba de un delito. Lo único que tiene que hacer es un legrado. El médico le debe confidencialidad a la paciente, no ser auxiliar de fuerzas de seguridad”, subraya la abogada.

Belén no es solo ella

Belén son las mujeres que ya murieron por la sangre en la clandestinidad o en la sospecha permanente sobre sus cuerpos. Pero, por sobre todo, es el riesgo de un eco que espante a las que sangren en la incertidumbre de un goteo sin cese del acceso a la salud pública después de perder o interrumpir un embarazo. “Al criminalizar a una mujer con un aborto espontáneo van a disuadirlos de acceder a la salud porque van a desconfiar del secreto profesional y del trato hospitalario. No pueden poner a las mujeres abortantes en el dilema de libertad o la muerte, ni los médicos ponerse en el lugar de policías”, exige Deza.

¿La criminalización de Belén es una excepción a la regla de no juzgar a las que abortaron o un signo de un retroceso conservador que cobra con la vida, la salud y la libertad a las mujeres? “Hay un recrudecimiento de las visiones conservadoras personales por sobre los derechos “, acusa Deza. “Este fallo no lo hubiera visto venir. Pero, en algunos momentos, toman la objeción de conciencia como estrategia y, en otros, la persecución policial o judicial. También hay que tener en cuenta que Tucumán es la única provincia de Argentina que no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y, hasta ahora, no hay un sumario administrativo ni una declaración pública de los profesionales de la salud y de las autoridades sanitarias contra este procedimiento.”

“Ni loca volvería a un hospital” le contesta Belén a Las/12. No tiene teléfono para poder hablar, pero contesta preguntas en un papel que hacen que su voz desafíe el encierro. Y, a la vez, muestre la encerrona de su caso para miles de mujeres expulsadas de la salud pública.

¿Tu caso puede espantar a otras mujeres de los hospitales?

–Creería yo que si, por miedo.

¿Te enteraste de que hay mujeres de todo el país pidiendo tu libertad?

–Les agradezco de corazón porque de sentirme tan sola, comida por el fiscal, pasé a estar acompañada. Muchas gracias.

¿Qué les dirías a aquellos jueces que te sentenciaron?

–Que fueron injustos, muy injustos, que me causaron mucho daño y que Dios los bendiga.

Ni presas ni muertas por aborto

Desde el colectivo NiUnaMenos se reclama que el caso de Belén se tome como una muestra de la violencia hacia las mujeres que implica la ilegalidad del aborto en la Argentina. “Las mujeres, los cuerpos con úteros, son las únicas personas con la palabra y el cuerpo tutelado. No pueden decir no, no pueden decidir sobre su maternidad. En este caso el machismo y el patriacrado permearon para limitar la autonomía de las mujeres. En cada familia podemos encontrar una historia de aborto oculta, tapada, escondida”, expresa un comunicado. “Desde NiUnaMenos creemos que con diferentes violencias se ataca nuestra autonomía y, como dijimos el 3 de junio, afirmamos nuestro derecho a decir no a lo que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Creemos en el cambio cultural, en que todas podamos restituir con nuestras voces nuestras propias historias de abortos como una red de saberes y cuidados para las más jóvenes, una narración de la ayuda mutua. También es una forma de escribir la historia de la violencia que la clandestinidad imprimió en nuestros cuerpos.

La persecución penal de quienes deciden no seguir adelante con un embarazo es una forma brutal de violencia contra las mujeres, que solo las condena a la clandestinidad y a poner en riesgo su vida. Una mujer que decide abortar hace un acto de afirmación sobre la vida que quiere y sobre el futuro que imagina. ¿Quién sabe más sobre sus propios deseos, ella o el sistema penal? Sumamos nuestra voz a la denuncia contra estos machismos biopolíticos, porque libres, vivas y autónomas nos queremos”.

Violencia de género hospitalaria

Los maltratos después de un aborto violan los protocolos de atención respetuosa del Ministerio de Salud de la Nación. Pero no son una excepción. En el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires constan dos denuncias por maltrato post aborto (como no colocar anestesia en un legrado) y que son calificadas de violencia obstétricas. “En los casos ingresados por situaciones de post aborto las prácticas se realizan sin informar a las pacientes debidamente. No se registran documentos de consentimiento informado. Las intervenciones de los/as profesionales son acompañadas de malos tratos, insultos y otras prácticas de coerción, que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se observan malos tratos en las prácticas médicas de rutina. Las actuaciones no contemplan la contención psicológica de las pacientes. Tampoco contemplan los lineamientos que, desde el Programa sobre Salud Reproductiva del Ministerio de Salud provincial, se han desarrollado ante consultas de aborto y/o post aborto. Se registran situaciones de desinformación, vinculadas con el manejo de la historia clínica de las pacientes por parte de los/as efectores/as de la salud, que debería incluir un informe interdisciplinario en situaciones traumáticas como son los casos de atención de aborto y/o post aborto. Se observa la adulteración de las historias clínicas y el impedimento de acceso a las mismas por parte de las mujeres víctimas, sus familiares y allegados/as. Estas prácticas médicas e institucionales promueven además, como en el caso de Belén, procesos de criminalización o la amenaza de iniciarlos, como parte de un mecanismo de castigo-disciplinamiento para las mujeres que no cumplen con el rol social esperado respecto del ejercicio de la maternidad”, señala Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires

Belén no es la única mujer acusada por haber interrumpido un embarazo. –En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una mujer imputada por aborto (cuando su caso estaba enmarcado en un centro de salud porque podía afectar su salud y ella vivía una situación de violencia) pero, tras el aborto, la mujer se separa y su ex marido la denuncia a ella y a las profesionales que la atienden. También hay otras cinco mujeres en todo el país con causas abiertas. En Villa Dolores, Córdoba y en Ushuaia hay dos procesos (del 2013 y del 2010) por aborto, y se está esperando la fecha de los juicios. Se está pidiendo la nulidad de los procedimientos. En San Juan y en Jujuy hay dos mujeres imputadas por homicidio agravado por el vínculo porque se las acusa de haber interrumpido embarazos avanzados. Las dos estuvieron presas –describe Florencia Maffeo, integrante de Socorristas en Red, de Morón, y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“¿El nuevo contexto derechizado envalentona al sistema judicial patriarcal a perseguir a las mujeres?” se pregunta Maffeo. No se trata solo de que falta la legalización del aborto seguro y gratuito (la gran deuda de la democracia con las mujeres), sino de posibles reacciones conservadoras.

“La mayoría de estas causas se iniciaron antes del cambio de gobierno, pero se había observado que las investigaciones se cajoneaban hasta que las causas caducaban. Ahora, parece que estamos viviendo una época de retrocesos de las políticas que garantizan los derechos humanos, en especial de las mujeres y, además, en la que se busca la pena ejemplificadora para causar miedo y paralizar. Por eso es urgente que se despenalice y legalice el aborto en nuestro país. Porque el aborto ilegal no sólo obstaculiza el acceso a abortos seguros sino que, también, prohibir el aborto es criminalizar la decisión de las mujeres”, sostiene Maffeo.

Más allá de un mapa donde existen otros procesos judiciales, Belén encarna una bandera de libertad que se torna emblemática. La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Edurne Cárdenas, subraya: “El caso de Belén en Tucumán muestra cómo la persecución penal del aborto encubre una discriminación institucionalizada del Poder Judicial. Las mujeres que deben pasar por un proceso penal por causas relacionadas con aborto son mujeres pobres y jóvenes. Belén tuvo, además, dos años de prisión preventiva cuando ni podía entorpecer la causa ni existía peligro de fuga. En su caso fue un castigo suplementario que podemos leer como condena moral. Estamos esperando conocer los argumentos de la sentencia y nos presentaremos en la causa como amicus curiae. Apoyamos, además, las gestiones para lograr la excarcelación de Belén. Desde el CELS sostenemos que hay que legalizar el aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres. Solo legalizando evitás que los médicos hagan una libre interpretación de cuándo es un delito o no, según el artículo 86 del Código Penal, algo que no les corresponde, y expongan a sus pacientes a este tipo de situaciones violando el secreto profesional”.

La abogada feminista Sabrina Cartabia también remarca: “Aquí se visibiliza una cadena de incumplimientos. El primer eslabón es la violación sistemática de la obligación ética y legal de guardar secreto profesional. Frente a este escenario, el Estado no aplica políticas públicas tendientes a prevenir –por medio de la capacitación y difusión de criterios claros– y sancionar a quienes afectan profundamente la dignidad y privacidad de mujeres, niñas y adolescentes. A la paciente se la pone en el lugar de acusada y los médicos se trasladan al lugar de inquisidores. Si bien la violación del secreto profesional es un grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres que abortan, en nuestro país existen consecuencias aún más graves derivadas de las creencias y prejuicios enquistados en nuestra sociedad. Los tratos inhumanos, crueles y degradantes son moneda corriente en los servicios de salud e, incluso, en algunos casos configuran tortura. Las mujeres sufrimos en nuestra carne las devastadoras consecuencias de una ley con escasa o nula aplicación penal pero con un fuerte valor simbólico que lejos de proteger la vida pone en riesgo y mata a mujeres, niñas y adolescentes. El caso de Belén expresa el punto máximo del retroceso respecto de los derechos de las mujeres y envía un mensaje muy claro: ´Si abortaste no recurras al sistema de salud´, sometiéndonos a la imposible decisión: la vida o la libertad”.

También Raquel Vivanco, coordinadora Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) acusa: “El caso de Belén pone al descubierto la violencia institucional que sufrimos las mujeres en la Argentina como consecuencia de la ilegalidad del aborto”. En este sentido, la diputada Victoria Donda Pérez remarca que “no sólo es urgente y necesario que en el Congreso de la Nación demos el debate para la aprobación de la Ley de Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en los términos del proyecto que impulsamos con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; también es posible. En los últimos años hemos reunido la adhesión de diputados y diputadas de los distintos bloques partidarios y el consenso social es cada vez mayor. Tal como lo planteó la ONU, negar el acceso al aborto legal es atentar contra el derecho a la salud integral de las mujeres”.

En el marco regional, en México la legalización en el DF generó una revancha conservadora que aumentó la criminalización de las mujeres en el interior del país. En El Salvador, el caso de Teodora Vásquez, sentenciada a treinta años de prisión por perder un embarazo, es emblemático, y en Chile, en el 2014, se iniciaron investigaciones judiciales a 113 mujeres por “aborto consentido”, según Amnistía Internacional. Ahora Belén espera. Chocolates, libertad y salud para ella y para todas.