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La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata ordenó al gobierno bonaerense a que en un plazo de tres días hábiles convoque a los estatales enrolados en la Ley 10.430 a continuar con la negociación paritaria.

En el fallo, al que tuvo acceso Télam, el juez en lo contencioso administrativo Federico Arias hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma.

El gobierno de María Eugenia Vidal dio por cerrada la paritaria con los estatales el mes pasado luego que la Federación de Gremios Estatales y Particulares bonaerenses (FEGEPPBA) y la seccional provincial de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptaron la propuesta de aumento de un 15 por ciento y la reapertura de la paritaria en julio.

Sin embargo, ATE rechazó esa propuesta y recurrió a la justicia que en una primera etapa ordenó al gobierno que no cierre la paritaria y ahora lo intimó a que convoque a reuniones para continuar con las negociaciones.

Por ello, Arias ordenó al Poder Ejecutivo “que en el plazo de tres días hábiles, convoque de modo fehaciente a la totalidad de asociaciones sindicales con personería gremial que posean afiliados encuadrados en el régimen de la Ley 10.430, a efectos de continuar con las negociaciones paritarias, de conformidad con el procedimiento reglado por la Ley 13.453”.

En el fallo, sostuvo que el acuerdo salarial requiere de la "mayoría absoluta de votos de la totalidad de los representantes" y agregó que en este caso “la propia Autoridad Administrativa reconoció que la mayoría fue conformada únicamente por sólo ocho del total de asociaciones sindicales con afiliados pertenecientes al régimen de la Ley 10.430”.

Además, avala el planteo de ATE en torno a que “no se habría determinado, con carácter previo al inicio de las negociaciones, la proporcionalidad asignada a cada entidad gremial de acuerdo a los parámetros que establece la legislación”.

“Por el contrario, es el propio Ministro de Trabajo quien, al momento de declarar la aprobación de la propuesta salarial, de manera unilateral estableció la representatividad de algunos de los gremios, sin haberlo puesto en conocimiento de la Mesa de Negociación, a fin de permitir el control de dicha variable, con afectación de las garantías del debido proceso”, graficó.

El gobierno aún mantiene conflictos salariales con los judiciales y los médicos nucleados en la CICOP con los que aún no pudo acordar una pauta salarial para este año.