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El encuentro, que fue encabezado por el canciller argentino, Héctor Timerman, sirvió además para que los ministros analizaran los documentos presentados, la Declaración, el Programa de Acción y los diez "comunicados especiales".

Entre ellos se cuentan el respaldo al pedido argentino de "no innovar" por parte del Reino Unido en la cuestión Malvinas, y la denominada "cláusula democratica" destinada a sancionar con la expulsión de los bloques regionales a aquellos estados donde sea interumpido el proceso democrático.

"La reunión fue muy positiva y los cancilleres dieron el visto bueno a todo lo que debíamos analizar, por lo cual todo será entregado mañana a los presidentes en la reunión plenaria de la Cumbre para que lo analicen", dijo a Télam el subsecretario de Politica Latinoamericana de la Cancillería, el embajador Diego Tettamanti.

Durante la reunión los cancilleres recibieron los detallados informes que elaboraron los coordinadores nacionales que se estuvieron reuniendo en las últimas 48 horas, y hasta largas horas de la noche, para establecer los principales documentos a analizar, y que quedarán comprendidos, muchos de ellos, en la que se denominará la "Declaración de Mar del Plata".

Con menciones al lema central de la Cumbre: "Educación para la Inclusión Social", los cancilleres ratificaron la "importancia de mantener el compromiso en la lucha contra la exclusión, y en particular desde la educación para achicar la brecha tecnológica", dijeron algunos de los ministros presentes, y se comprometieron además en las denominadas "Metas 2021" a propuesta de la Argentina.

En la reunion también se avanzó sobre los dos temas de carácter político, como la introducción de la "cláusula democrática" y también el reclamo argentino sobre Malvinas.

En torno del primer tema, se analizó la propuesta de la "cláusula", recordando los episodios acaecidos en varios de los países de la región como Honduras, que fue expulsado del organismo regional por desconocer al presidente democrático Manuel Zelaya.

Y también el reciente caso ocurrido en Ecuador, ante el intento de golpe de estado sufrido por el gobierno de Rafael Correa que motivó una rápida intervención en su momento de los países nucleados en la Unión Suramericanma de Naciones (Unasur).