La declinación de Atilio Alterini a su objetada candidatura no zanjó la crisis instalada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque dejó el primer plano de las discusiones para el postergado debate sobre la reforma estatutaria de la institución. Encabezado por la FUBA y sus agrupaciones de izquierda, el reclamo estudiantil apuntará desde esta semana a modificar la representación de los claustros en el cogobierno universitario. Pese a que casi todos los grupos de profesores y graduados creen que es necesario un cambio, hay un punto de fractura: el sector más movilizado de los estudiantes pretende que la reforma se haga antes de designar al rector de la UBA, con caducidad de los mandatos vigentes y elección de las autoridades de todas las facultades bajo las nuevas normas. Por ahora, ni los profesores más progresistas aceptarían ese proceso.

En realidad, antes de abrir la discusión por el estatuto universitario habrá que dirimir otro asunto. “No se puede hacer ningún debate si antes no echan de la universidad a la patota no docente”, advirtió Juan Pablo Rodríguez, copresidente de la FUBA. La exigencia es que sean sancionados los dirigentes del gremio Apuba que participaron de la golpiza a estudiantes, ocurrida a comienzos de mes en la entrada a la Facultad de Medicina.

Como un gesto hacia el pedido, el decano a cargo de la UBA, Alfredo Buzzi, incluyó el tema como primer punto a tratar en la sesión del Consejo Superior convocada para este miércoles (ver aparte). Igual, no será fácil que se logre un acuerdo. “Hay que aplicar las sanciones pertinentes, los hechos fueron tremendamente graves para el alumno que resultó lastimado y también para la imagen de la universidad”, dijo a este diario Aníbal Franco, consejero por la mayoría de profesores. El problema es que los no docentes involucrados tienen fueros sindicales. “Primero, con la mayor celeridad, hay que concluir los sumarios y, luego, pedirle a la Justicia el desafuero gremial”, agregó el profesor de Veterinarias. Una posición más lejana a la estudiantil sostienen algunos graduados radicales: “Se debería sancionar a los no docentes y también a los estudiantes involucrados en los hechos de violencia”.

Más allá de la elección del rector y de las controversias coyunturales, la cuestión de fondo que concentrará los debates universitarios en las próximas semanas –y acaso meses– es la reforma del estatuto. El vigente rige desde 1958, cuando la universidad era otra. Hace cuatro años el gobierno de la UBA había asumido el compromiso de iniciar la reforma, pero nunca lo hizo. Ahora, si bien hay un consenso amplio respecto de la necesidad de modificarlo, hay una diferencia de magnitud. “El estatuto debe ser actualizado”, sostiene el bloque mayoritario de radicales, peronistas y aliados, con base en los profesores de Derecho, Económicas, Medicina, Farmacia, Veterinarias, Ingeniería, Odontología y Psicología. En cambio, para el espacio de izquierda y centroizquierda que nuclea a consejeros de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y parte de Arquitectura, habría que “refundar y transformar la UBA” mediante, entre otras cosas, una profunda reforma estatutaria.

De acuerdo con las propuestas y los reclamos formulados en los últimos años, la reforma podría abrir varias líneas de discusión, académicas y políticas. La crisis desatada en torno de la hasta ahora frustrada elección del rector ha ubicado como prioritarios los cambios que precisan el cogobierno de la UBA y las formas de elección de sus autoridades. Hoy tienen representación tres claustros en la universidad: profesores, graduados y alumnos. Los primeros detentan la mayoría de los consejos (la mitad de las bancas), pero la representación docente sufre una doble restricción: sólo pueden votar los profesores (no los auxiliares docentes, que son el 75 por ciento de la planta) y, entre ellos, solamente los que fueron seleccionados por concurso, es decir, los profesores regulares (son el 17 por ciento de los 30 mil docentes de la UBA). El claustro de graduados –que admite a los auxiliares docentes– está limitado a los egresados empadronados. El de estudiantes sí engloba a todos los alumnos. Los dos últimos claustros tienen, cada uno, un cuarto de las bancas en los consejos. En todos los casos, el voto es indirecto: profesores, graduados y alumnos eligen consejeros y son éstos quienes eligen a los decanos y, luego, si pueden, al rector.

Los reclamos más insistentes son tres. Los gremios docentes quieren la creación de un claustro único que integre a los profesores y los auxiliares, algo que rige en la mayoría de las universidades nacionales. Los trabajadores no docentes –personal administrativo y de maestranza– quieren que se los incorpore en el cogobierno y parece haber acuerdo al respecto: lo más probable es que tengan voz y voto en los consejos, excepto cuando se traten asuntos académicos. La reivindicación más controvertida es la impulsada por la federación estudiantil, que aspira a incrementar el número de consejeros alumnos. “Somos 300 mil estudiantes, el claustro más numeroso de la universidad”, argumentan los dirigentes de la FUBA. Aunque no está consensuado entre las agrupaciones de izquierda, una de las ideas dominantes es que los estudiantes tengan la mitad de las bancas.

Para la mayoría de los profesores, eso atentaría contra el carácter meritocrático de la universidad e implicaría “una dictadura del número”. La movilización estudiantil ambiciona que en dos meses estén aprobados los cambios estatutarios, que entonces renuncien todas las autoridades y, bajo las normas reformadas, se hagan elecciones, la del rector, finalmente, incluida. “¿Caducidad de mandatos? No tengo problema, pero no cuenten conmigo”, avisó el decano de Sociales, Federico Schuster, consultado por este diario. La postura dominante entre los profesores y los decanos, aun entre los políticamente enfrentados, es que la reforma se aplique en el próximo período, después de la elección del rector. Ahí radica otra de las complicadas discusiones por venir.