Un fallo firmado el lunes pasado por el juez de instrucción Alejandro Rodolfo Cilleruelo es la demostración cabal de cómo puede vaciarse una institución deportiva o, en palabras del recordado periodista Dante Panzeri, movería a preguntarse “cómo se roba legalmente un club a sus propietarios”. En el extenso e instructivo expediente de 203 carillas aparecen las respuestas. Se trata de la causa “Herrera, Rodolfo Antonio y otros sobre cohecho”, que tiene como perjudicado a Ferro y en la cual quedaron procesados el ex magistrado que decretó la quiebra del club el 20 de diciembre de 2002, los integrantes del primer órgano fiduciario, el empresario Gustavo Mascardi y su padre, Emilio, y además el arquitecto Aleardo Etcheverri, hermano de uno de los mejores dirigentes que tuvo la institución de Caballito.

A Herrera se lo encontró “responsable de los delitos de cohecho agravado dada su condición de juez al tiempo de ocurrir los sucesos en grado de tentativa fracasada, y de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública en dos ocasiones...”. A todos los demás, incluidos los fiduciarios Eduardo Andrada, Francisco Tosi y Héctor Fridman, se los calificó como cooperadores o partícipes necesarios y recibieron embargos que van desde uno a tres millones de pesos. La sentencia ya ha sido apelada, no obstante lo cual, el abogado de la querella y socio de Ferro, Gerardo Pardo, la consideró muy sólida y confía en que la Cámara ratificará la decisión de Cilleruelo.

Este magistrado también tiene en su Juzgado en lo Criminal No 10 otra causa contra Herrera por enriquecimiento ilícito, que es una más de las cuatro relacionadas con Ferro que siguen abiertas por presuntos delitos de índole económica. La tercera, por administración fraudulenta, involucra a varios miembros de la comisión directiva que presidía Marcelo Corso y ya está lista para el juicio oral, y la última se relaciona con las turbias transferencias de los jugadores Maximiliano Velázquez y Cristian Tula a manos de Mascardi.

La pena máxima para el delito de cohecho es de seis años de prisión, pero como ocurrió en grado de tentativa, las condenas son excarcelables y el juez tampoco supuso que los acusados pretendan fugarse o entorpecer la investigación que, como se desprende del fallo, está basada en pruebas concluyentes.

Todos contra Ferro

El expediente habla y los hechos que en él se narran están concatenados como en el montaje de una película que no da tregua al espectador. La saga tiene como principal protagonista a Herrera (ya destituido por el Consejo de la Magistratura), pero cuenta con el aporte de otros actores a quienes les queda chico el papel de “reparto”. En una de sus conclusiones, Cilleruelo afirma que los Mascardi “también deberán responder como partícipes necesarios en el delito de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública, al ser los directos beneficiarios de la conducta reprochada al doctor Herrera, referente a la licitación y posterior homologación del contrato suscripto en esos términos”.

Sobre el convenio entre Ferro y Gerenciar Sociedad de Fútbol SA, el juez se interroga: “¿El contrato de gerenciamiento se produce en un contexto que permite considerar la existencia de un delito?”. Y en la línea siguiente se responde a sí mismo: “A mi juicio no hay otra posibilidad”. Estos tramos de la sentencia desbarataron los argumentos del empresario, que en su descargo señaló que la presentación de la compañía para administrar el fútbol “no se debió a una licitación realizada a su medida, sino que era la única interesada y con posibilidades de asistir la actividad futbolística del club”.

Cilleruelo se apoya en las razones de la jueza Margarita Braga –quien sucedió en la quiebra de Ferro al depuesto Herrera y anuló el contrato de marras– para sostener que “las severas irregularidades... a estos efectos son indicios suficientes de que ha existido un ilícito jurídico penal. Pues ese indicio se conjuga con el modo en que los señores Mascardi ingresaron a Ferro y se solidificaron allí, homologación judicial mediante”.

Pero no es sólo el vínculo jurídico entre Ferro y Gerenciar SA –en el que también cumplió un papel clave Jorge Galelli, un hombre de Mascardi y actual integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA– aquello que le da carnadura a la sentencia de primera instancia. Es la pesquisa sobre un ambicioso proyecto de negocio inmobiliario que, con el dueto Herrera-Etcheverri como abanderados, hubiera despojado al club, más temprano que tarde, de su bien más preciado: las valiosas hectáreas donde levanta sus instalaciones en el corazón geográfico de la Capital Federal, desde el estadio de fútbol más antiguo entre todos los que se utilizan para jugar los torneos de la AFA, a su sede social situada sobre la sonora calle Cucha Cucha.

El ex juez quería diseñar allí una especie de pequeño Rosedal de Palermo (“Rosedalito”, así lo llamó), aunque de características muy peculiares, algo así como un adefesio urbanístico que incluyera un shopping debajo de la cancha, el símbolo más acabado de esa peregrina idea. Uno de los asesores honorarios del club y testigo en la causa, de apellido Truffat, aludiendo a Herrera, declaró: “El mencionaba las ideas de Sarmiento en el siglo pasado, y la creación de El Rosedal, sobre los viejos campos de Rosas. El decía que era la oportunidad de crear algo parecido en Caballito y que esto generara un incremento de socios notable, que permitiera a la institución salir adelante”.

Ferro Carril Oeste, el club que en 1988 fue distinguido por la Unesco por ser el que más hizo a favor del deporte en América, que era ejemplo entre sus pares y llegó a contar con 47 mil socios, el que tenía las cuentas equilibradas pese a mantener planteles de primer nivel en fútbol, básquetbol y vóleibol, aquel por el que pasaron entrenadores de la talla de Carlos Griguol, León Najnudel y Julio Velasco, hoy continúa quebrado, pero en su sitio y con el patrimonio por ahora intacto.

El Rosedal más famoso queda en Palermo y está muy bien que así sea.